El grupo de seguridad privada Ombuds ha solicitado al Juzgado número 13 de lo Mercantil de Madrid la liquidación y venta de todas las unidades productivas de la empresa, después de no haber alcanzado ningún acuerdo durante el proceso de concurso de acreedores.
El grupo de seguridad privada Ombuds ha solicitado al Juzgado número 13 de lo Mercantil de Madrid la liquidación y venta de todas las unidades productivas de la empresa, después de no haber alcanzado ningún acuerdo durante el proceso de concurso de acreedores. Según explica el documento de solicitud de liquidación de la sociedad, recogido por Alternativa Sindical, el pasado martes, 12 de noviembre, el juez recibió la petición para iniciar el proceso público y concurrente de venta "anticipada y urgente" de la unidad productiva". Para el sindicato, la empresa "no ha podido superar el ahogo financiero al que le sometían sus innumerables deudas y, como se preveía, lo ha resuelto definitivamente con la posible venta las unidades productivas y su liquidación".
La empresa tiene actualmente deudas con clientes por no funcionar su línea de 'factoring' de unos siete millones de euros, que se suman a las sanciones de clientes por incumplir sus contratos y a los impagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, que ascienden a 29 millones de euros, así como el pago de las cotizaciones de los trabajadores, según Alternativa Sindical.
DEUDAS PENDIENTES El impago de las nóminas a raíz del corte de la línea de 'factoring', explica el documento judicial, provocó que muchos de los más de 8.000 trabajadores que había en plantilla no acudiesen a sus puestos de trabajo, lo que motivó la resolución de muchos contratos de prestación de servicio con la consiguiente pérdida del fondo de comercio y perjuicio para la masa activa, al constituir el principal activo de la concursada. En concreto, Carrefour y TVE fueron dos de sus principales clientes perdidos, a la espera de perder también el contrato con Metro de Madrid durante el mes de noviembre, que supondrá una importante merma de sus ingresos.
Así, el futuro laboral de los 3.000 empleados que quedan en la sociedad es incierto, hasta que se resuelva la venta de la empresa. Las ofertas de los interesados en la compra deberán presentarse hasta el día 16 de diciembre de 2019, previo depósito de 200.000 euros de consignación en el juzgado. La apertura de plicas, por su parte, la realizará la secretaria judicial el día 17 de diciembre de 2019. Según Alternativa Sindical, en la negociaciones con posibles compradores se baraja a Seprofe, Soluciones de Seguridad y Protección Profesional, una empresa que tenía como administrador único a Rodrigo Cortina en el año 2014, quien fue consejero delegado del grupo Ombuds hasta su cese el pasado mes de octubre, tal y como aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
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