La lacra de los okupas y la inseguridad jurídica penalizan notablemente el resultado de nuestro país.
Que la propiedad privada no está lo suficientemente respaldada en España es un hecho cada vez más evidente. La lacra de la okupación y la permisividad institucional ante las mafias del top manta son dos ejemplos muy visibles de la manifiesta incapacidad demostrada por las autoridades a la hora de controlar este tipo de ataques a la propiedad de familias o empresas. Habida cuenta de estas problemáticas tan visibles, nadie puede sorprenderse ante las conclusiones que se derivan de la publicación del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un informe elaborado por la Property Rights Alliance y publicado en España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que preside Íñigo Fernández de Mesa.
Dicho ranking destaca el desempeño de países como Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Austria o Reino Unido, que logran calificaciones comprendidas entre los 8 y los 9 puntos y se erigen como los bastiones de la propiedad privada en el mundo. Sin embargo, si estudiamos el desempeño de la OCDE, vemos que España aparece relegada al puesto 27 de un total de 36 mercados. Nuestra calificación para 2019 es de apenas 6,452 puntos sobre 10, una nota que se sitúa por debajo de los niveles alcanzados hace doce años, cuando este informe salió a la luz por primera vez.
El desempeño de España es inferior al promedio europeo en todos los epígrafes analizados por el IIDP. Por ejemplo, recibimos 6 puntos sobre 10 en la evaluación referida al entorno legal y político de la propiedad, una categoría lastrada por la inseguridad jurídica ligada a los continuos procesos electorales que está viviendo nuestro país. En clave de blindaje de la propiedad física, el grado de seguridad observado en España es de 6,6 puntos sobre 10, mientras que en lo referente a la propiedad intelectual nos quedamos en 6,7 puntos sobre 10.
Propiedad es prosperidad El IIDP pone de manifiesto el estrecho vínculo que existe entre una correcta protección de los derechos de propiedad y un mayor grado de desarrollo social y económico. Por ejemplo, el PIB per cápita de los países mejor clasificados del informe supera los 57.000 dólares, mientras que ese mismo indicador no llega a 4.000 dólares en aquellos países que no garantizan la propiedad a sus ciudadanos y empresas. De hecho, el IEE ha cruzado los indicadores del IIDP con distintos rankings referidos al PIB per cápita, el emprendimiento o la inversión. En los tres casos se observa una correlación muy estrecha entre la salvaguardia de la propiedad y la mejora de dichos indicadores.
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