Propietarios de todo el país se ven amenazados cuando abandonan por un tiempo sus residencias con llegar y encontrarse con un inquilino ilegal.
La okupación parece haberse convertido en la piedra en el zapato del negocio residencial en España. Propietarios de todo el país se ven amenazados cuando salen de viaje o cuando abandonan por un tiempo sus residencias con llegar y encontrarse con un inquilino ilegal, lo que no deja de ser una desagradable sorpresa. Hasta ahora la empresa catalana Desokupa era la única empresa que ofrecía una alternativa privada a la vía judicial para poder expulsar a los okupas de las casas, si bien este modelo de empresa ha proliferado por toda España, creando un nicho de negocio, más competencia y, como era de esperar, a precios mucho más económicos.
Es el caso de Desokupación Legal, una empresa que tiene su sede en Madrid y que lleva a cabo desokupaciones desde los 500 euros. “Una desokupación no es solo un negocio, es un servicio, por lo que los precios deben ser para todo el mundo”, explica Jaime Sanz, propietario de la empresa. “Nosotros empezamos a llevar a cabo desokupaciones hace ahora cuatro años, pero operamos de una manera distinta al resto: si bien bebemos del control de acceso, como todos, nosotros utilizamos vigilantes de seguridad y perros adiestrados, evitando así el conflicto con el okupa y la coacción”. Deskupación legal es la competencia directa de Desokupa en Madrid, pero opera en todo el país. En la actualidad cuenta con oficinas en la capital, en Málaga y en Canarias, pero no descarta abrir a corto plazo un despacho en Barcelona. “Cada vez nos llaman más personas desde Barcelona para llevar a cabo desokupaciones, por lo que el paso natural para nuestro negocio es instalarnos también allí”.
Es el caso de Desokupación Legal, una empresa que tiene su sede en Madrid y que lleva a cabo desokupaciones desde los 500 euros. “Una desokupación no es solo un negocio, es un servicio, por lo que los precios deben ser para todo el mundo”, explica Jaime Sanz, propietario de la empresa. “Nosotros empezamos a llevar a cabo desokupaciones hace ahora cuatro años, pero operamos de una manera distinta al resto: si bien bebemos del control de acceso, como todos, nosotros utilizamos vigilantes de seguridad y perros adiestrados, evitando así el conflicto con el okupa y la coacción”. Deskupación legal es la competencia directa de Desokupa en Madrid, pero opera en todo el país. En la actualidad cuenta con oficinas en la capital, en Málaga y en Canarias, pero no descarta abrir a corto plazo un despacho en Barcelona. “Cada vez nos llaman más personas desde Barcelona para llevar a cabo desokupaciones, por lo que el paso natural para nuestro negocio es instalarnos también allí”.
El bagaje de los empresarios que se ponen al frente de estos negocios tienen que ver, en la mayoría de los casos, con el impago de alquileres o la abogacía. Es el caso de Salvador Palazon, de Desokupa Express. “En 2009 monté un despacho de abogados y empezamos a trabajar mucho en tema de recuperación de deuda en zonas como Murcia o Almería -explica el empresario- después nos empezamos a especializar en mediaciones y, viendo las necesidades del mercado y que cada vez nos lo pedían más, empezamos a introducirnos en el mundo de la desokupación”. Ahora, Desokupa Express tiene una oficina en Murcia y otra en Madrid, en Leganés, que puso en marcha hace seis meses. “Lo primero que hacemos es hablar con el cliente, elaborar un estudio exhaustivo del okupa y analizar el perfil -explica Palazón-; como especialistas en seguridad, lo primero que hacemos es hablar con ellos: preguntarles qué quieren y por qué están okupando”.
Después, operan como la mayoría de estas empresas: “Hacemos un control de acceso en la puerta, se pide el permiso pertinente y en el momento en que salen, ya no pueden entrar de nuevo”, dice el empresario, que añade que su principal diferencia con otras empresas como Desokupa está “en el equipo, la metodología (suelen ser personas más profesionales, con conocimiento jurídico) y los operarios, que en el 80% van acompañados de abogados para que se vea que hay un fondo legal”. Desokupa Express, que ya tiene a sus espaldas unas 200 desokupaciones, suele tardar una media de un día y medio en llevar a cabo su trabajo, con un precio que empieza a partir de los 3.000 euros. “El precio varía, obviamente, ya que nunca sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar, a qué peligro nos exponemos y quién puede haber al otro lado de la puerta”.
Fuera Okupas y Gestokupa, a la defensa del propietario Jorge Fe es otro de los empresarios que vieron el filón que podía tener montar una empresa especializada en la desokupación en 2017. El directivo, que ahora cuenta con oficina propia en Barcelona y Madrid, también venía del sector de los créditos impagados, como muchos de sus colegas de sector. El equipo de Fuera Okupas está formado por unas cinco personas fijas en plantilla, si bien se apoyan en una decena de hombres que les ayudan a llevar a cabo las desokupaciones, que en este caso empiezan en un precio de 2.500 euros.
“Recibimos una llamada, se firma un contrato de arrendamiento de servicios, se investiga al okupa, su entorno, horarios, personas que hay, situación y todo lo que sea de interés, y nos ponemos manos a la obra”, asegura Fe. La fase previa a la desokupación puede llevarle hasta 72 horas, si bien la propia desokupación puede ser inmediata o alargarse en el tiempo. “Hablamos con el okupa y, a partir de ahí, puede pasar de todo”, dice Fe, que ya ha pilotado desokupaciones en Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia.
Esta compañía, además, ofrece otros servicios como la mediación con inquilino “precarios”, mediación con inquilinos morosos, así como a asesoramiento jurídico y una especie de seguros que se publicitan en su web como “prevención y seguridad contra okupas y morosos”, con “dispositivos de vigilancia 24 horas pensados para llevar a cabo una buena prevención de nuevas ocupaciones ilegales”, o “un alquiler seguro de viviendas contra okupas”, que se basa en un servicio inmobiliario de alquiler seguro de viviendas con el que poder garantizar al propietario del cobro de las rentas así como darle cobertura jurídica ante un posible desahucio por impago u incumplimiento contractual”.
Y de Valencia volvemos a Barcelona. Con un “en defensa de los propietarios” como eslogan y bandera, Gestokupa nació hace dos años para hacer frente a las okupaciones ilegales en Cataluña. “Hemos notado un incremento de la actividad porque hay sitios en que la ocupación es muy notable y la respuesta institucional es muy lenta», afirman desde la compañía. “Gestokupa nace para cubrir las necesidades del verdadero afectado, el propietario real; necesidad de consulta y necesidad de soluciones. Para ello ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio integral de asesoramiento y gestión de la okupación, que nos permite recuperar el inmueble en plazos muy cortos de tiempo”, dicen desde la compañía. La empresa cuenta con un equipo profesional que aborda cada nuevo caso de okupación “desde una perspectiva multidisciplinar, al estar formado por profesionales procedentes de diferentes sectores: el derecho, la seguridad, la mediación y la gestión de empresas”, sostienen.
Madrid, okupada Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la okupación ilegal de viviendas en la región es un problema que se ha recrudecido en los últimos años y que ya alcanza a 5.000 inmuebles a octubre de este año. Es por este motivo que la administración ha tenido que tomar cartas en el asunto y anunciar que llevarán a cabo los desahucios necesarios para dar las viviendas a las personas que verdaderamente lo necesiten y cumplan los baremos exigidos para adquirir una vivienda pública.
Una unidad especializada de la Policía Municipal será la responsable, junto a la Policía Nacional, del plan de actuación relativo a la okupación que tienen previsto materializar durante esta legislatura tanto Comunidad como Ayuntamiento. 3.400 familias de Madrid en situación de vulnerabilidad elevada, según datos del Ayuntamiento, se encuentran a la espera de tener un lugar digno para vivir. La Comunidad destina alrededor de cuatro millones de euros al año a mantenimiento y seguridad en su parque de viviendas, según fuentes oficiales. La instalación de puertas de seguridad antivándalos y el tabicaje de puertas y ventanas son las principales intervenciones que se llevan a cabo.
Los distritos de Carabanchel, Usera, Bellas Vistas y Puente de Vallecas son los que mayores índices de okupación presentan, según datos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Según los mismos organismos, el perfil de okupa está formado por familias o personas en situación de vulnerabilidad, pero el volumen más importante de okupaciones obedece a mafias que ocupan y luego comercializan los pisos, inmuebles que se utilizan para vender drogas u okupaciones por motivos ideológicos.
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