Ninguna empresa muestra interés en hacerse cargo de la gestión de este servicio
La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada denuncia que la oferta económica es insuficiente
El concurso del servicio de vigilancia y seguridad del Cabildo de Tenerife ha quedado desierto, después de que ninguna empresa se interesara en hacerse cargo de él. La licitación por un importe de 1,7 millones de euros fue publicada en el mes de julio. El plazo para la presentación de ofertas finalizó el pasado lunes 2 de septiembre, sin que ninguna compañía de seguridad hubiera presentado ofertas para hacerse cargo del servicio. El objeto del contrato, según la publicación, era la de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia de las dependencias del Cabildo insular de Tenerife (ECIT), con la finalidad de proteger a las personas que puedan encontrarse en ellas, documentos y expedientes que contienen datos de carácter personal, así como bienes, maquinaria y las propias instalaciones, que forman parte del patrimonio del Cabildo, y garantizar el normal desarrollo de las actividades.
Fuentes del Cabildo de Tenerife confirmaron a El Día que la licitación había quedado desierta. Se trata de un procedimiento iniciado por el Gobierno insular anterior, que según estas mismas fuentes no contaba con la dotación económica adecuada para hacer frente a todos los requerimientos del pliego de condiciones, lo que podría ser uno de los motivos de que no haya suscitado el interés de ninguna empresa. La nueva Corporación insular -conformada por el PSOE y los dos consejeros que se presentaron por Ciudadanos a las elecciones- analizará la situación para encontrar una solución a corto plazo. Mientras tanto, la empresa que actualmente presta el servicio seguirá desempeñando sus funciones como hasta ahora.
En este mismo sentido se expresó ayer la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), que a través de un comunicado informó del nulo interés que había suscitado este concurso público. Además, se mostraron de acuerdo en que la oferta económica estipulada en el contrato era insuficiente, dada la complejidad del servicio, que combinaba la vigilancia física presencial con la instalación de sistemas de alarmas. Según este colectivo, los pliegos incluían también la incorporación de más de cuarenta nuevos lugares donde era necesario incorporar sistemas de seguridad -como cámaras, videograbadores, entre otros-, y conexiones a una central receptora de alarmas. Unos extensos requisitos que bajo su punto de vista "han dejado al Cabildo de Tenerife sin empresas que pretendan llevar su seguridad".
Según este sindicato, el Cabildo tinerfeño tendrá que negociar ahora la continuidad de Ilunion, la empresa que presta actualmente el servicio, al menos hasta que se vuelva a sacar de nuevo a licitación. La Federación indicó ayer que ya se había presentado ante la mesa de contratación un escrito en el que se advierte a este organismo de todas las anomalías detectadas en el pliego de este concurso público, con el fin de que se puedan corregir. Desde el sindicato se instó ayer al Cabildo insular a dar ejemplo al resto de las instituciones de las Islas y "comenzar a contratar con empresas responsables que cumplan con sus obligaciones económicas y fiscales".
Otra licitación paralizada La nueva Corporación insular -surgida tras el triunfo de la moción de censura contra el nacionalista Carlos Alonso- se ha tenido que enfrentar desde su desembarco en el Cabildo de Tenerife con varios inconvenientes relacionados con los concursos públicos de esta administración. Además de la licitación del servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones de la Institución que ha quedado desierta, el Cabildo también tiene paralizado otro concurso público de gran importancia. Se trata de la licitación para la gestión de los residuos que se generan en la Isla, que se sacó a concurso por un importe de más de 470 millones de euros. La razón ha sido el recurso de la empresa Acciona, que argumenta que el presupuesto base de licitación del contrato es insuficiente en relación al coste salarial y también para las inversiones necesarias exigidas en el pliego. Según ha informado también la Corporación insular, ninguna empresa había presentado ofertas para hacerse con este servicio hasta el momento en el que el procedimiento fue paralizado por el Tribunal de Contrataciones.
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