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El episodio que denunció la jugadora del Atlético de Madrid Ludmila Da Silva en un supermercado de la cadena Mercadona no es el único.Muchos clientes del gigante alimentario se quejan en redes y en foros de la excesiva vigilancia de los empleados de seguridad en estos establecimientos, que habitualmente pertenecen a la empresa de seguridad Prosegur.
Esta entidad ya ha tenido más episodios polémicos y recientemente ha sido condenada por pactar con los sindicatos neutralizar la subida del SMI.
El último incidente ocurrido en las instalaciones de un supermercado de la cadena Mercadona saca a relucir un problema que muchos de sus clientes denuncian, el sentirse incómodos cuando van a comprar por la excesiva observación de algunos vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur, una situación bastante común entre los usuarios del gigante alimentario.
Ludmila Da Silva, jugadora del Atlético de Madrid Femenino y de la selección brasileña denunció esta situación a través de una storie en su cuenta de Instagram, tal y como informamos en elcierredigital.com. La futbolista decía sentirse perseguida por el trabajador de Prosegur que hacía su turno de vigilancia en ese momento, insinuando que se debía a un problema de racismo. “Cuando tengáis uno de seguridad detrás de vosotros todas las veces que entráis a un supermercado me decís. Es siempre así. Todas las veces que entro en un supermercado siempre tengo un guardia de seguridad en exclusiva para mí. No es una broma, y para que veáis que estas cosas no sólo pasan en Brasil”, aseguraba la delantera atlética
Pero no es el único caso, sino que existen numerosas quejas de clientes de Mercadona que critican en redes y foros la forma de vigilar de algunos profesionales de la seguridad, que a algunos les llega a parecer incluso “inquisitoria”. De esta manera, podemos comprobar algunos de los comentarios que hacen los consumidores que se sienten acosados cuando entran a comprar a un establecimiento de Mercadona, denunciando que las razones tienen que ver con su forma de vestir o por prejuicios racistas.
Vigilantes difunden imágenes de sospechosos Los trabajadores de Prosegur en Mercadona han protagonizado más casos polémicos. A principios de 2018 salió a la luz que en uno de los establecimientos de la cadena de Juan Roig los vigilantes de seguridad compartían en WhatsApp fotografías de personas sospechosas de cometer hurtos dentro del supermercado, según informó la web merca2.
Esta práctica la denunció un antiguo trabajador de Mercadona, quien aseguraba que “cuando existe la sospecha por parte de Mercadona de que alguien está robando o simplemente es sospechoso de robo, la compañía pide las imágenes a la empresa de seguridad privada –en este caso, Prosegur–”. Posteriormente, cuando el jefe de la tienda tiene las imágenes, las difunde entre los grupos de WhatsApp de los empleados. Difundir las imágenes de videovigilancia vulnera la protección de datos, que establece que deben borrarse pasado un determinado período de tiempo. Al compartirse a través de esta aplicación de mensajería instantánea se almacenan en los teléfonos móviles de los empleados y podrían acabar en manos de otras personas.
Condena por neutralizar subida de salario mínimo Por si fuera poco, recientemente se ha conocido la condena de la Audiencia Nacional a Prosegur por acordar con los sindicatos neutralizar la subida del salario mínimo de 2019, que lo situó en 900 euros. Asimismo, este tribunal también ha condenado a la empresa Servicios Securitas y a los sindicatos CCOO, UGT y USO tras una demanda del sindicato CSIF.
Con la sentencia, la Audiencia Nacional anula parte de una disposición en empresas y sindicatos acordaron compensar los pluses de transporte y vestuario que percibían los trabajadores para evitar la subida del SMI, algo ilegal por tratarse de complementos extrasalariales. La medida afecta a más de 8.000 trabajadores de servicios auxiliares, que incluyen desde porteros, jardineros y trabajadores de parking y centros comerciales de estas empresas, entre otros. Además, las partes acordaron en ese documento que para los meses previos hasta la supresión de estos pluses (del 1 de enero de 2019 hasta mayo), los complementos se compensarían de cara a los efectos del alza del salario mínimo interprofesional (SMI) a los 900 euros mensuales, lo que en la práctica "neutralizó" el incremento.
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