Una asociación de vigilantes de seguridad privada nos remite esta carta:
En los últimos años, son muchas las compañías de Seguridad Privada que han presentado concurso de acreedores, la lista es larga, hasta 35 empresas terminaron de esta manera su andadura en este sector:
ESABE, SOCOSEVI, MBI, BIZALA, PUNTO Y CONTROL, LPM, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, NOVO SEGUR, CERES, SERRAMAR, GRUPO HSP DE SEGURIDAD, FALCÓN, BUBOS SECURITAS, P-3, FAGUS, PUNTO 5, SOCOSEVI, COS, CIS, SINERGIAS SEGURIDAD, MARSEGUR, CANSEGUR, GRUPO SEQUOR, HALCÓN SEGURIDAD, SEGURIDAD EXPRESS, TRANSPORTES CANDY, LANZAS SEGURIDAD, VITEN, ITS, VISA SEGURIDAD, INVISE, SEGUR IBERICA, OMBUDS…
esta última, dejando a más de 7000 trabajadores sin sus nóminas, y lo que es peor, con un futuro muy incierto, pues al prestar servicio para la Administración (museos, prisiones, etc.), no se han rescindido los contratos, y sus trabajadores se ven en la obligación de acudir a sus puestos de trabajo, sin la seguridad de que se les vayan a abonar sus salarios. ¿La ley de contratos para el sector público dónde está? El problema es que la historia no es nueva y se repite con bastante frecuencia, por la pasividad de las Administraciones, que siguen contratando empresas de seguridad Low Cost a precios irrisorios, que terminan desapareciendo al cabo del tiempo.
Este hecho se magnifica aún más, cuando los propietarios de estas empresas al cabo de pocos meses vuelven a fundar otra empresa de seguridad con otro nombre y siguen recibiendo contratos de la Administración. Un buen ejemplo de lo mencionado, lo tenemos en el empresario Miguel Ángel Ramírez, amigo del exministro Soria y fundador de TDMS, SINERGIAS, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, ETC…, el cual, hunde una y funda otra, y sigue recibiendo contratos de la Administración. ¿Por qué?…entendemos que la respuesta es obvia: CORRUPCIÓN pura y dura.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo se va a consentir todo esto? La situación empeora aún más con la nueva Doctrina del Tribunal Supremo, cuando complica la subrogación de los trabajadores al tener que asumir la empresa entrante, la deuda de la empresa quebrada. La Seguridad que brindan estas empresas a la sociedad, servicio público complementario al de los FFCCSSE, no puede ser a bajo precio, el futuro de 85.000 trabajadores y sus familias está en juego. Por favor, tomen medidas urgentes!!!!
Fdo.: Miguel A. López, Presidente de ARSEPRI
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE VIGILANTES, ESPECIALIDADES Y GUARDAS RURALES
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