“Me da vergüenza pasar por la puerta todas las mañanas y tener que verlos con esos problemas”
Los vigilantes del Palacio de la Merced han atravesado durante los últimos meses por una situación poco deseable para cualquier trabajador. Y es que la empresa que se encarga de la seguridad en el recinto que alberga la sede de la Diputación de Córdoba se halla en concurso y sus empleados tuvieron problemas para cobrar sus sueldos. Un hecho que ha denunciado en el Pleno de la institución provincial, celebrado este miércoles, el diputado de Ciudadanos, Miguel Castellano.
El portavoz de la formación naranja en la Diputación ha señalado -parafraseando con ironía a la diputada de IU, Alba Doblas -que la situación por la que atraviesan los vigilantes es “de traca”. Mientras que ha señalado que, en el escrito que ha presentado su partido, “les rogamos que se busquen soluciones efectivas, que se implique a los sindicatos y que, por favor, se le dé una solución a estas personas que están -todos los días con su sonrisa en la puerta- esperando que se la demos”. “A mi me da -siendo oposición- vergüenza pasar por la puerta todas las mañanas y tener que verlos con esos problemas”, ha sentenciado el diputado de Cs.
Por su parte, la respuesta de la vicepresidenta segunda y delegada de Hacienda y Gobierno Interior, Felisa Cañete, ha mostrado su sorpresa porque la expresión “de traca” utilizada por Castellano. Y ha ido más allá al señalar que “usted desconoce cómo está actualmente el procedimiento”. En este sentido, Cañete ha asegurado que “a mí no me da ninguna vergüenza pasar delante de los vigilantes, puesto que mantengo contacto, casi diario, con sus representantes sindicales”.
La diputada del PSOE ha aseverado que han mantenido varias reuniones, desde el mes de julio. “Han cobrado los meses de julio y agosto”, ha destacado la diputada socialista. Quien ha indicado que “solo se les debe el mes de junio y la extraordinaria, no todos, porque la tienen prorrateada”. Y ha desvelado que se ha abordado un “informe-propuesta, donde por interés público se mantenía el servicio a la empresa que actualmente lo tiene, porque así nos lo recomienda tanto el acreedor concursal como un auto judicial”. Y ha avanzado que la primera empresa “ha desistido del contrato e, inmediatamente, nos hemos puesto en contacto con la segunda empresa”.
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