Asumir situaciones peligrosas en Es Pinaret cuesta 19 euros al mes.
Esa es la cantidad que perciben vigilantes de seguridad del centro de menores como plus de peligrosidad.
Según ha podido saber mallorcadiario.com, la insatisfacción entre el colectivo va en aumento especialmente desde la última fuga violenta protagonizada por tres menores y que dejó dos vigilantes heridos. Los jóvenes, pertenecientes al grupo más conflictivo del centro, aprovecharon un descuido durante una actividad en el patio para darse a la fuga: treparon hasta un tejado, comenzaron a lanzar piedras y tejas a los dos vigilantes para evitar ser interceptados, y corrieron por las azoteas hasta saltar al exterior.
Una semana después fueron interceptados por la Policía Nacional y devueltos al centro pero el episodio ha reavivado el malestar entre algunos responsables de seguridad ya que sus funciones van más allá del mero control de las entradas y salidas y del perímetro para evitar las fugas. Así, cuando la ocasión lo requiere, deben realizar contenciones -mecánicas o físicas- a los menores que ofrecen resistencia y no responden ante los educadores. Ésto, dada la corpulencia y fuerza de algunos chicos, representa una amenaza importante para la integridad física del trabajador.
Hay que recordar que los servicios de vigilancia y seguridad de los centros socioeducativos para menores y jóvenes Es Pinaret y Es Fusteret (este último, sólo de chicas) están externalizados y el último contrato se prorrogó el pasado mes de septiembre por un año, por valor de casi un millón de euros a la empresa Unión Protección Civil S.L. Sin embargo, el centro es competencia de la conselleria de Serveis Socials i Cooperació, "y no entendemos cómo un Govern de izquierdas puede permitir estas condiciones", critican. El centro, ubicado en el Pont d'Inca, tiene una capacidad para 46 menores que cumplen medidas judiciales en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico y de fin de semana, y cuenta con zonas deportivas, piscina, aulas, aulas taller, talleres exteriores, granja y oficinas. En la última memoria pública sobre agresiones se apuntaba a 27 agresiones físicas o psicológicas en un año(2017) contra educadores y miembros de la seguridad del centro y ninguna entre los menores internos.
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