Los informes entregados al juez revelan que el sindicato usaba por sistema a sus empresas para justificar las ayudas
Un perito judicial revela que la federación andaluza de UGT empleó más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados andaluces, expedientes que están bajo investigación judicial por presuntas irregularidades.
El perito Luis Ayala Gallo, que es interventor de la Junta de Andalucía, cifra en más de 40 millones de euros la cuantía total imputada a ayudas «no subvencionables», después de analizar 14 expedientes a través de otros tantos informes entregados al juez que investiga un supuesto desvío millonario de subvenciones, a los que ha tenido acceso ABC. Elude extraer conclusiones sobre tres expendientes alegando que carece de documentación suficiente. La Unión General de Trabajadores de Andalucía recibió más de 102 millones de euros a través de 32 subvenciones durante tres años que están bajo sospecha del juez.
En un primer estudio de once ayudas entregado al juez el pasado verano, el perito cuantificó en 5,3 millones el dinero supuestamente endosado a actividades no subvencionables. Pero el análisis de otros catorce expedientes eleva exponencialmente el tamaño del agujero que habría dejado UGT en las arcas autonómicas.
El sindicato recibió 102 millones en tres años y el 40% de los fondos públicos se gastaron irregularmente La investigación judicial que comenzó en 2013, tras las revelaciones periodísticas de este diario y otros medios, lleva más de dos años paralizada, a la espera de estos informes periciales incorporados al sumario de las supuestas facturas falsas de UGT-A. El caso acumula 18 investigados, entre ellos los anteriores secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Fresneda. En sus informes, el perito descubre distintas fórmulas para desviar fondos públicos. UGT-A utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus dirigentes, a las que facturaba por sistema servicios con los que justificaba las ayudas millonarias que recibía de la Junta para luchar contra el paro, algunas de las cuales derivan de los acuerdos de concertación social.
El experto detecta como gastos no subvencionables facturas emitidas por las empresas Soralpe I+D Asociados S.L. y el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de Andalucía en concepto de alquiler de aulas o material para los cursos. IFES tuvo en nómina como auxiliar administrativo a José María Moriche, marido de Susana Díaz cuando ésta era secretaria general del PSOE de Sevilla, a quien la expresidenta de la Junta de Andalucía definió como un «tieso» durante su comparecencia en la comisión de investigación del fraude de la formación en mayo de 2016.
Al expediente 98/2009/M/2111, que corresponde con una ayuda de 2,89 millones para la realización de 88 cursos, se imputaron seis nóminas de Moriche. El perito cifra en 510.163 euros el dinero empleado de forma irregular y detecta el endoso de nóminas «de lo que parece personal de la propia UGT Andalucía». El experto considera que «no se infiere razón o motivo que justifique la inclusión de esos gastos entre los subvencionables». En sus informes, el perito advierte que «al ser entidades vinculadas entre sí se da la paradoja de que UGT-A paga a IFES en virtud del contrato para la actividad subvencionad por el alquiler de locales o instalaciones que tiene cedidas Soralpe, por lo que se crea una situación artificial que incrementa el coste de la actividad subvencionada».
La Guardia Civil detectó facturas emitidas por la prestación de servicios genéricos o ficticios que servían para justificar las ayudas. El perito encuentra costes duplicados de docentes y publicidad. Otra irregularidad recurrente son el llamado rappel, descuento que aplicaban los proveedores habituales a UGT-A en los servicios que contrataba con dinero de la Junta. Pero estas rebajas no se reflejaban en las facturas que presentaban ante la Administración.
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