Los medios de la provincia oriental ponen de manifiesto que "quién paga, manda"
Sugieren que la nueva querella de la fiscalía contra el empresario podría deberse a una "persecución"
A finales de la pasada semana, diversos medios de comunicación de ámbito estatal se hacían eco de la última querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario grancanario, y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Ramírez, que tiene abiertos otros procedimientos penales por presuntos fraudes multimillonarios a la Seguridad Social, tendrá que enfrentarse ahora a la acusación realizada por la Fiscalía dedescapitalizar de forma fraudulenta Seguridad Integral Canaria (SIC), transfiriendo sus bienes a otras empresas o personas supuestamente controladas por él. En los procesos ya abiertos contra el empresario se le acusa de presentar sistemáticamente las horas extras que cobraban los vigilantes de SIC como si fueran dietas, para no abonarlas a la Seguridad Social,y se le reclaman las cotizaciones que también dejó de aportar al pagar a sus trabajadores un convenio de empresa con sueldos muy inferiores los pactados en el sector a nivel estatal.
Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia a un lugar secundario. Ramírez, en efecto, fue conocido durante años como "el rey de la seguridad low cost", por los numerosos contratos públicos que SICconsiguió, tanto en Canarias como en la península, al ofertar tarifas mucho más bajas de la competencia. Una estrategia que pudo implementar gracias a los millones que dejó de pagar a sus empleados y que que se vino abajo cuando el Supremo obligó a la empresa a ingresar los salarios pactados en el convenio sectorial.
El Ministerio Público le acusa ahora -a él y a otras ocho personas, entre ellas a Héctor de Armas, actual administrador de Seguridad Integral Canaria- de insolvencia punible y delito contra los derechos de los trabajadores, porque considera que vació de bienes la compañía de seguridad para eludir el pago de sus deudas, mediante operaciones financieras que los pusieron a nombre de terceras personas, empresas o fundaciones tras las cuales ve la mano del propio Miguel Ángel Ramírez. Al sostener esa tesis, la Fiscalía da la razón a los sindicatos del sector, que llevan años denunciando que las empresas que estaban tomando el relevo de SIC tras declararse esta en concurso de acreedores, comoSinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS) o Novosegur, son compañías controladas por el propio Ramírez a través de personas interpuestas. Algo que él siempre ha negado. Mención aparte merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez.
LA SIGNIFICATIVA "DISCRECIÓN" DE LOS MEDIOS DE LAS PALMAS La relevancia social del polémico empresario, y la importancia de la nueva denuncia a la que debe enfrentarse, justificarían sobradamente un amplio tratamiento de la misma por parte de los medios de comunicación de la provincia de Las Palmas. Dicho tratamiento, sin embargo, ha vuelto a poner de manifiesto la nula credibilidad que puede atribuirse a la prensa corporativa cuando los intereses económicos que los sostienen se encuentran en juego. Mientras la prensa de ámbito estatal, a la que no llegan los tentáculos de Ramírez, ofrecía una amplia información sobre el caso, en la isla de Gran Canaria, la mayoría de los medios relegaba la noticia sobre este importante suministrador de fondos a través de la publicidad de sus empresas del Grupo RALONS, a un segundo plano; llegando incluso a "desaparecerla" de sus ediciones digitales.
Con significativa discreción la trataban, por ejemplo, tanto el diario La Provincia como el Canarias 7, en el que, de inmediato, cobraba relevancia la versión del empresario, que "dice sentirse acosado por la Fiscalía" y ser objeto de una suerte de persecución construida mediante"interpretaciones maliciosas". El contrapunto informativo en la prensa digital corporativa lo ponía eldiario socialdemócrata CanariasAhora, cuyo propietario Carlos Sosa, si bien fue igualmente financiado por Ramírez en el pasado, mantiene en la actualidad un conocido enfrentamiento con el empresario por su presunta participación en un plan para perjudicar a la jueza y pareja del periodista, Mª Victoria Rosell.
LOS "OPINADORES" EN DEFENSA DEL PATRÓN Mención aparte en cuanto al tratamiento de este proceso merece el caso del medio CanariasenHora que, según información suministrada por los sindicatos del sector de la Seguridad, sería un medio de comunicación financiado por el propio Miguel Ángel Ramírez. Difícil sería, en cualquier caso, encontrar otra explicación más plausible para la defensa lacayuna que, de manera sistemática, realiza el director de este diario, Pedro Guerra, de todas y cada una de las actuaciones del empresario multiimputado. El pasado viernes, en el marco del programa La Canallesca, de laCadena SER, Guerra se esforzaba una vez más en presentar la denuncia interpuesta por la fiscal Evangelina Ríos como una suerte de "vendetta personal" contra su jefe, asegurando que "otra querella por motivos similares contra Miguel Ángel Ramírez ya había sido archivada en el pasado".
Huelga decir, suponemos, que sería inútil buscar la más mínima alusión a este proceso en la web dirigida por Pedro Guerra. Un "paraperiodista"especializado en medrar a la sombra del poder, cuyas prácticas macartistas ya fueron denunciadas en el pasado por militantes de la izquierda canaria, a los que criminalizó desde las páginas de La Provincia, por acudir a una conferencia celebrada con miembros de laorganización vasca Askapena en Las Palmas, que había sido organizada por Intersindical Canaria. Francisco Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía" podía llegar a tener sus consecuencias
Entre otras columnas de opinión "exculpatorias", en el citado programa de la Cadena SER en Las Palmas, el también periodista y editor Francisco Pomares dejaba caer, sibilinamente, que "el gran error de Ramírez había sido dar el salto a la Península en el negocio de la Seguridad, creyendo ingenuamente que las grandes compañías del sector no iban a reaccionar ante esta competencia". Con la misma cuidada ambigüedad, Pomares se atrevía a afirmar que el empresario era conocido sobre todo en las islas "por atreverse a enfrentar a algunos jueces" insinuando sin decirlo que esta "valentía"podía llegar a tener sus consecuencias. Ni uno solo de los contertulios de la emisora "progresista" tuvo a bien recordar que, si por algo es conocido en la sociedad canaria Miguel Ángel Ramírez, además de por su presidencia de la UD Las Palmas, es por haber dejado sin cobrar sus sueldos durante meses a miles de trabajadores, por pagarles por debajo de lo establecido por la Ley y por llevar a cabo en sus empresas prácticas calificadas por los sindicatos como auténticamente "mafiosas". Pero ya se sabe que, en nuestra sociedad, quién paga, manda.
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