El Gobierno, que también da luz verde a bonificaciones por contratar desempleados de larga duración, deja su «organización» en manos de los agentes sociales.
Los trabajadores españoles tendrán que fichar a la entrada y salida de sus empresas a partir de mayo, aunque parte de ellos ya lo venían haciendo a través de distintos mecanismos, además del control tradicional que se sigue en la Administración Pública. Es el resultado de la aplicación del nuevo «registro diario de jornada» que el Gobierno ha aprobado este viernes, dentro de un nuevo decreto que sirve como 'cajón de sastre' para incluir distintos tipos de medidas sociolaborales, desde subsidios a parados maduros y bonificaciones a su contratación hasta ayudas a hogares en situación de pobreza e incluso matices en el programa laboral de garantía juvenil.
Buena parte de estas medidas, no obstante, ya habían sido anunciadas semanas atrás por el Ejecutivo e incluso algunas se incluían en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 que finalmente fue vetado de inicio por el Congreso de los Diputados. Es el caso, por ejemplo, del aumento de la prestación por hijo a cargo para las familias en peor situación económica, cuya cuantía general se incrementa un 17,2% desde los 291 euros actuales por ejercicio hasta 341. Para acceder a esta ayuda su límite de ingresos anuales no debe superar los 12.313 euros, y 18.532 euros en el caso de que sean familias numerosas. Para los hogares en situación de pobreza extrema, la asignación se eleva a 588 euros anuales.
También estaba previsto tiempo atrás el subsidio especial para parados mayores de 52 años que, en realidad, es un adelanto en edad del que ya se viene aplicando a partir de los 55 años, el mínimo de acceso que se estableció en 2012 a raíz de los recortes presupuestarios derivados de la crisis. Entonces también se rebajó la base de cotización de dicha ayuda al equivalente al 100% del salario mínimo interprofesional (SMI), establecido para 2019 en 900 euros al mes, y que ahora se incrementa al 125%. De esta forma, los 260.000 beneficiarios actuales aumentarían en otros 114.000, lo que elevaría el coste económico a 388 millones de euros solo este año.
Enfocado a este mismo colectivo, el decreto que el Consejo de Ministros ha visado este viernes también incluye nuevos incentivos a las compañías que contraten desempleados de larga duración, entendidos como aquellos que lleven inscritos en las oficinas de los servicios públicos de colocación al menos doce meses durante el año y medio anterior a la firma del contrato. Para los acuerdos por tiempo indefinido, la reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social llegaría a 1.300 euros anuales durante un máximo de tres años, que subirían a 1.500 si se trata de una mujer. Ahora bien, si la empresa lo despide antes de un lustro o no mantiene el mismo nivel de empleo en su plantilla (salvo jubilaciones o despidos objetivos), devolverá el dinero.
«Flexibilidad horaria» La medida más novedosa en apariencia, pero que finalmente se ha quedado en la menos desarrollada, es el nuevo registro de la jornada laboral, que «deberá garantizar» cada empresa, «incluyendo el horario concreto de inicio y finalización» de aquella para cada uno de sus trabajadores. Y todo ello, «sin perjuicio de la flexibilidad horaria» ya prevista en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En este sentido, el Gobierno, «a propuesta del Ministerio de Trabajo y previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración» de dicha jornada. También estaría habilitado para fijar «especialidades en las obligaciones de registro de jornada», en este caso «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran». Sin embargo, no avanza mucho más en el decreto en aras a que «mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa» se «organice y documente» dicho registro de jornada, esto es, tanto CC OO y UGT, de un lado, como CEOE y Cepyme, por otro, aún podrán tratar la 'letra pequeña' del mismo.
En último caso, eso sí, también podría tomar esa decisión el empresario correspondiente de forma libre, aunque «previa consulta con los representantes legales de los trabajadores». En cuanto a la entrada en vigor del nuevo registro, el Gobierno la aplaza dos meses desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) -en principio, este sábado- para dar margen a que las empresas puedan adaptarse, aunque en realidad ya sabían desde hace meses de los planes del Ejecutivo. De esta forma, una semana después del Primero de Mayo la imagen de un empleado fichando al llegar y marcharse de su centro empezará a ser algo cotidiano.
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