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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un nuevo escándalo de los cursos de formación que salpica a los dos grandes sindicatos del país: CCOO y UGT. En concreto, los investigadores creen que en el caso de Comisiones Obreras el fraude podría ser a escala nacional y por importes muy superiores a los 30 millones de euros.
Esta trama tiene su origen en Extremadura. Pero las conexiones con empresas ligadas a los sindicatos a escala nacional hacen pensar a la UCO que el escándalo no se limita a esta comunidad autónoma ni mucho menos. La corrupción, según consta en la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción y que ya se investiga con la personación del PP, se centra en un fraude cometido en la facturación por fondos de formación de la patronal extremeña CREEX, UGT-Extremadura, CCOO-Extremadura y CEPES-Extremadura.
El inicio de la denuncia se apoya en plena etapa socialista, y en concreto, de los datos recabados en 2011 por el Ejecutivo regional de José Antonio Monago. Pero, a partir de ahí, la investigación se ha ampliado a los 30 millones adjudicados en los cursos de formación de 2008 a 2010. Y en estos momentos, los testimonios practicados ya han abierto el abanico a varias décadas. Y es que las primeras declaraciones han asegurado que la práctica era “la misma que se había realizado siempre”. Y, a la vista de la normativa imperante, todo parece apuntar a que esos testimonios dicen la verdad. Porque las convocatorias entre 2008 y 2011 estaban reguladas por el mismo decreto de 2008 del Ejecutivo socialista. Un decreto que estuvo en vigor hasta que en 2012 el Gobierno de Monago decidió suprimirlo.
Ahora, los investigadores temen que ese decreto simplemente plasmase el modelo deseado por los propios sindicatos, con lo que el dinero defraudado se puede extender prácticamente sin limitación en el pasado más reciente. El Gobierno del Partido Popular, con José Antonio Monago a la cabeza, fue el que llevó este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Y lo hizo señalando, además, que podría haber delito contra la Hacienda Pública por falsear las condiciones para cobrar subvenciones públicas.
Formación a ocupados, no a parados El primer dato que se pudo contrastar atendía sólo a la convocatoria de 2011 de pagos públicos destinados a los cursos de formación: con más de 3 millones de euros para formación de los ocupados, de los no parados. El Gobierno ‘popular’ aseguró ya en su momento que había indicios suficientes que podrían determinar que en Extremadura se creó y alimentó un sistema irregular en la gestión de la formación a ocupados, afectando exclusivamente a la patronal extremeña, los sindicatos UGT Extremadura, CCOO de Extremadura y CEPES como entidades beneficiadas y sus administradores, es decir, los secretarios generales de estas organizaciones, así como todos aquellos que la Justicia considerase oportunos en el ámbito político o empresarial.
De inmediato se observó que esas cuantías, por importes muy similares se habían pagado con esquemas similares en los cursos para parados. Y que, además, la práctica se había extendido por décadas en el pasado. Se trataría, así, de un posible delito contra la Hacienda Pública por fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas. Y, además, como señalan desde el PP, cometido con continuidad y a lo largo de entre dos y tres décadas. El resultado, como se puede observar, puede ser un fraque multimillonario. Que, una vez más, apunta a los sindicatos como ya ocurriera en Andalucía.
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