La empresa comunicó a Sanidad que rescindía el contrato porque no le salían las cuentas. La comunidad ha tenido que sacar urgentemente nuevos contratos y se los ha dado a la misma firma
Un total de 12 hospitales madrileños, dependientes de la Consejería de Sanidad, acaban de adjudicar a dedo de manera urgente (en un procedimiento negociado sin publicidad) su servicio de vigilancia a la empresa Ariete Seguridad, cuya administradora única es Silvia Cruz Martín, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón hasta julio de 2017. Estos 12 contratos son por tres meses y costarán a las arcas públicas 1,5 millones de euros. Sanidad asegura que no le ha quedado más remedio que permitir este sistema de contratación, ya que la empresa que prestaba el servicio comunicó que quería resolver este contrato y mientras sale una nueva licitación los hospitales no podían quedarse sin seguridad.
Pero da la casualidad de que la empresa que ha renunciado al servicio es la misma que ahora se ha llevado los contratos de los 12 hospitales, Ariete Seguridad. Para explicar esta rocambolesca decisión hay que irse al origen del contrato. A finales de 2013, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) adjudicó en cuatro lotes "la vigilancia y seguridad de los centros de atención especializada". Dos lotes se los llevó la empresa Alerta y Control y los otros dos (que incluyen estos hospitales) la firma Ariete Seguridad por 16,6 millones de euros. El contrato venció en noviembre de 2016 pero permitía tres años de prórrogas, que se han ido aplicando.
Pero en julio del año pasado Ariete Seguridad empezó a comunicar a las gerencias de los hospitales de sus dos lotes que la Audiencia Nacional acababa de anular el convenio que aplicaba a sus trabajadores y que por tanto "comenzaban a regir las condiciones del convenio colectivo del sector, lo que implica un desequilibrio financiero en la cuenta de explotación", es decir, que tenía que mejorar las condiciones salariales de sus vigilantes. Como no le cuadraban las cuentas, solicitó al Sermas "la modificación del contrato vigente o en su defecto la resolución del mismo". En octubre de 2018, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid emitieron un informe sobre la improcedencia de acceder a la pretensión de Ariete.
Ante esta situación, el Sermas se ha visto obligado a iniciar una nueva licitación para sacar a concurso la seguridad de los hospitales. Pero como este procedimiento llevará su tiempo, unos meses, mientras tanto cada centro está adjudicando a dedo sus respectivos servicios de vigilancia y seguridad. "Dada la urgencia de los acontecimientos, imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, se considera adecuado elegir el procedimiento negociado sin publicidad", señalaba por ejemplo el pasado 30 de enero en un escrito el director gerente del hospital Gregorio Marañón, uno de los centros afectados.
Entre el 15 de febrero y el 7 de marzo, los 12 hospitales (ver listado) han ido adjudicando su servicio de seguridad. Todos por tres meses prorrogables otros tres, esperando que en estos seis meses el Sermas saque a concurso la licitación global. El contrato del Gregorio Marañón, por ejemplo, es el más cuantioso económicamente (468.827 euros) y se lo llevó Ariete, la única empresa invitada a formar parte del procedimiento negociado sin publicidad. Aunque en otros contratos el resto de hospitales ha invitado a otras firmas de seguridad a formar parte del concurso cerrado, curiosamente siempre se lo ha llevado Ariete. En todos, al presentar la mejor oferta económica.
Ariete Seguridad es una empresa familiar fundada en 1995. La única administradora es desde septiembre de 2017 Silvia Cruz, que ya fue directora general de la compañía entre 1999 y mayo de 2011, hasta que decidió dar el salto a la política. En 2011 formó parte de la candidatura del PP al Ayuntamiento de Alcorcón, siendo elegida concejala. Puesto que revalidó en 2015. Cuando dimitió en julio de 2017 era primera teniente de alcalde y responsable de las áreas de Economía, Empleo, Comercio y Mayores. Es decir, mano derecha del todavía alcalde, David Pérez. En la empresa también han ocupado cargos directivos sus padres. Emilio Cruz Roldán, muy conocido en el sector de la seguridad, fue entrenador del Atlético de Madrid.
Pablo García-Rojo, diputado autonómico del PSOE, señala que "es inconcebible que una vez más estemos ante un escenario de contratación publica en que el único criterio que prima es el precio, la oferta económica, que se produce a través de procedimientos urgentes sin publicidad, y donde vuelven a aparecer empresas cuestionadas por su precario modelo de relaciones laborales con sus trabajadores y trabajadoras. A todo esto se suma que han sido directamente las gerencias de los hospitales las que han gestionado unas contrataciones que deberían haber sido centralizadas y fiscalizadas desde la Consejería de Hacienda".
Diego Giráldez, secretario federal de Seguridad y Servicios de UGT, explica que la Comunidad de Madrid ha llegado a esta situación porque, "amparadas por la reforma laboral, muchas empresas del sector disminuyeron las condiciones laborales de sus trabajadores con convenios propios para ser más competitivas en las licitaciones públicas bajando los precios". Fue precisamente este sindicato el que denunció varios convenios de Ariete. El primero (firmado en enero de 2013) lo anuló la Audiencia Nacional en septiembre de ese año. El segundo se firmó para el ámbito de Madrid (en diciembre de 2016) y también fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia en diciembre de 2017. El tercero (firmado para toda España en noviembre de 2017) fue de nuevo anulado por la Audiencia Nacional en abril de 2018.
Por ejemplo, en el convenio del sector el salario base es de 926,40 euros mensuales y la hora nocturna se paga a 1,01 euros. El convenio anulado de Ariete tenía el salario base en 838,30 euros y la hora nocturna en 0,99. UGT ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo, porque durante el tiempo que aplicó su convenio estuvo cotizando menos por sus trabajadores. "Estamos a la espera de que el ministerio resuelva este tema", señala Giraldez, que acusa además a la Consejería de Sanidad de "dejadez de funciones: debería exigir a las empresas que contraten que respeten los derechos laborales de sus trabajadores".
Un portavoz de la consejería asegura que "está previsto que los pliegos del nuevo contrato del servicio de seguridad de los hospitales sean aprobados en próximas fechas, y entraría en vigor al finalizar el próximo verano. Mientras se cumplen estos trámites, es imprescindible dar continuidad a la prestación del servicio". Sanidad explica que se ha llegado a esta situación porque una de las empresas adjudicatarias de dos de los lotes (Alerta y Control) sí acordó prorrogar su actividad. Y la adjudicataria de los otros dos lotes, Ariete Seguridad, "ha declinado continuar con prórroga".
"Para cubrir el periodo transitorio hasta la entrada en vigor del nuevo contrato se ha trasladado a las gerencias hospitalarias afectadas la celebración de un nuevo contrato que cubra temporalmente el servicio. Los hospitales han optado por realizar, por vía de urgencia para dar continuidad al servicio, procedimientos negociados sin publicidad, en los que hay concurrencia de varias entidades; en un procedimiento reglado y con todas las garantías de transparencia. La adjudicación de estos procedimientos se hace exclusivamente según los criterios establecidos en el propio procedimiento, y en estricto cumplimiento de la normativa en este ámbito".
Desde el PSOE, no están de acuerdo con estos plazos y este procedimiento, ya que lo que ha hecho la empresa Ariete es amenazar con rescindir un contrato porque no le sale rentable y luego consigue que se le adjudique otra vez aunque sea temporalmente por más dinero. Con el contrato inicial percibía 1,38 millones por trimestre de servicio. Ahora por tres meses percibe 1,5 millones. "La falta de previsión y la duración de los nuevos contratos hacen que, de cara a la nueva legislatura, el escenario pueda complicarse. El nuevo Gobierno que salga de las urnas se encontrará con una importante cantidad de contratos que concluyen justo con el inicio de su mandato, sin que este tiempo se haya aprovechado para poner en marcha unas licitaciones públicas con la debida transparencia y con la perspectiva del largo plazo", afirma el diputado García-Rojo, portavoz en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones.
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