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Sí, hablemos de igualdad. Pero no nos consolemos con resignarnos a respetar las opiniones hasta cierto punto arcaicas, entre las que nos hemos ido moviendo durante estos últimos años. Y tampoco nos limitemos a realizar consideraciones teóricas que en nada puedan contribuir a la evolución positiva de nuestro Sector.
Hablemos de Igualdad, pero de Igualdad real y efectiva y hablemos de cómo poder adquirir las cotas de integración que nuestra Sociedad reclama y que nosotros estamos obligados, por coherencia y por necesidad social, a asumir y a incorporar en nuestro devenir diario. Olvidemos o superemos, por tanto, las viejas justificaciones que nos convirtieron en norma obligatoria una serie de conceptos que afortunadamente hemos conseguido ir desterrando y afrontemos, no ya el futuro, sino también el presente, con la clara e inequívoca convicción de que debemos aplicarnos en alcanzar esos niveles óptimos de integración de la mujer en el universo de la seguridad.
Tres son los factores que a mi juicio condicionan la consecución de esa incorporación de la mujer en nuestro Sector. Por un lado, y como ya he comentado anteriormente los presuntos prejuicios sociales, por otro, la insuficiencia normativa en relación con el reconocimiento jurídico que se merece nuestro Sector y, por último, la falta de consenso político y social. Qué duda cabe que podríamos incorporar a esta clasificación, una innumerable relación de excusas o justificaciones, pero considero que las tres expuestas pueden llegar a abarcar, de una forma más o menos aceptable, esta problemática.
Desarrollando brevemente los puntos aportados, creo que es palpable que, a pesar de estar en el siglo XXI, aún consideramos que la persona que asume una protección, ya sea vigilante, escolta, detective, jefe o director de seguridad, debe ser un varón porque ello conlleva la posibilidad de una mayor eficacia y de una mejor operatividad del servicio. Y sin embargo, no somos capaces de asumir que la seguridad pública no se ha resentido en ningún momento, sino todo lo contrario, desde que se implantaron medios y sistemas que permitiesen ir incorporando esa integración.
También es cierto que los agentes públicos gozan de una protección jurídica que favorece la posibilidad de que haya un reconocimiento social mucho mayor. Sin embargo, y con ello enlazo el segundo punto de mi argumentación, en el Sector de la Seguridad Privada aún se tiene que avanzar mucho en la adecuación normativa que regula esta función y en el reconocimiento jurídico y social que debe acordarse para la realización de las importantes atribuciones que tiene asignada la seguridad privada. Ni siquiera la nueva Ley de Seguridad Privada (5/2014) ni el viejo y, hasta cierto punto, obsoleto Reglamento de Seguridad Privada del año 94 pero que sigue en vigor, ni tan siquiera los bocetos que van apareciendo del nuevo Reglamento que debe ser publicado con urgencia para desarrollar la Ley aludida, contemplan un reconocimiento claro y expreso a la labor de protección y de seguridad que desarrolla nuestro Sector.
Podremos afirmar que se observan avances y que vamos en la dirección adecuada, pro creo que se trata más bien de consolarnos en la autocomplacencia en vez de instigarnos a seguir exigiendo a las Administraciones que se involucren de una forma mucho más contundente con la problemática. No creo que exponer la necesidad de un mayor reconocimiento jurídico, sea una cuestión banal o que deba considerarse baladí, sino que afirmo rotundamente que mientras no consigamos hacer ver al Poder Legislativo (así como al Ejecutivo lógicamente) la necesidad de acometer una verdadera reforma legal sobre los aspectos que abarca la seguridad privada, y que debería incluir como precepto ineludible una nueva consideración legal de la función de protección, no se podrá llegar a disponer de un Sector que, por un lado esté realmente integrado dentro del esquema de seguridad nacional (pública y privada), y por otro lado, sea respetuoso con las demandas sociales referidas, entre otras cuestiones, pero de forma prioritaria, a la verdadera y efectiva igualdad entre hombres y mujeres. Hablar de la seguridad es hablar de riesgo y hablar de riesgo es hablar de protección. Para el desarrollo de esta función se precisa formación, preparación, responsabilidad, profesionalidad, especialización y, por supuesto, capacidad. Pero también reconocimiento jurídico al igual que social. De ahí que analice críticamente este punto al desarrollar los temas de igualdad.
El tercer punto, la falta de consenso, creo que es el más claro exponente de la situación convulsa en la que se desarrolla nuestra actividad diaria actual. Políticamente estamos “huérfanos” por el olvido en el que nos tienen las principales formaciones políticas y socialmente parecemos estar “desconectados” de la sociedad. Vivimos en un momento en el que los postulados populistas, que no populares, se encuentran lejos de consensuar medidas que incorporen unas mayores cotas de protección bajo el falso paraguas de la supuesta incidencia de esas acciones con respecto a la defensa de los derechos humanos, sin llegar a concienciarnos de que la “Seguridad” como concepto y “los miembros habilitados legalmente para llevarla a cabo” son perfectamente constitucionales y por tanto asumible, ya que vuelcan su labor en la realización profesional y responsable de un trabajo difícil y complicado pero cuyo rendimiento repercute decisivamente en los niveles de convivencia.
Superemos los miedos al futuro, pero en vez de recrearnos o refugiarnos en éste, centremos nuestra atención en el presente. Luchemos por conseguir una efectiva integración laboral entre todas las personas que componen la sociedad y, dentro de este contexto, fomentemos la incorporación de la mujer en nuestro Sector porque esta acción solo nos proporcionará satisfacciones que se exteriorizaran en un mejor clima de trabajo que incidirá en una mayor eficacia en nuestra labor. Sí, hablemos de Igualdad, pero cambiemos lo de hablar, que puede extenderse eternamente, por acciones que nos proporcionen la seguridad de que estamos recorriendo el buen camino y que éste tiene una meta, única e irrenunciable, que se convierta en nuestro objetivo alcanzable a muy corto plazo: la igualdad real y efectiva en el Sector de la seguridad privada.
Eleuterio Gutiérrez, Presidente de ANDSSXXI
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