Un sindicato denunció ayer que, saltándose la nueva ley de contratos, la Xunta favorece a empresarios imputados por fraude y la consecuencia es que los vigilantes de seguridad acaban cobrando 300€ menos.
La Consellería de Cultura ha respondido este jueves a las acusaciones de UGT al asegurar que todas sus licitaciones son fiscalizadas y cuentan "con los preceptivos informes favorables de la asesoría jurídica". En concreto, se refiere a los contratos de vigilancia y seguridad de los centros de la consellería dependientes de las jefaturas de Pontevedra y A Coruña e indica que "se cumplió lo establecido" en la ley de contratos del sector público.
Para establecer el precio "se tuvieron en cuenta los términos económicos del vigente convenio colectivo estatal de empresas de seguridad", indica. El sindicato atribuyó a Cultura la licitación con "defectos importantes", en especial, en los referidos a la seguridad y vigilancia en varios centros dependientes de estas jefaturas.
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