La compañía lleva meses trabajando en UberWorks, que ofrecerá trabajos temporales. El piloto comenzará en breve en Chicago. Será el primer asalto fuera del sector del transporte de la compañía, que prepara su salida a bolsa para 2019
Uber planea su primera incursión su salto fuera del mercado de transporte. La compañía estadounidense prepara un nuevo servicio de trabajo temporal para poner en contacto a camareros, guardas de seguridad o azafatas con empresas que quieran emplearlos de forma provisional. El objetivo de la compañía es que Uber Works, como ha denominado a esta nueva división, esté disponible en 2019 coincidiendo con su salida a bolsa, para mostrar a los inversores el potencial de su tecnología. Según ha publicado el Financial Times, Uber lleva meses desarrollando el proyecto en Chicago (EEUU). Allí ha comenzado la selección del personal que debe preparar el terreno y desarrollar el servicio. En su oferta, la compañía solicita candidatos "con un fuerte interés en el sector del trabajo bajo demanda" y con "disponibilidad en las horas de alta demanda del servicio (a menudo por la noche, los fines de semana y festivos)".
Uber ha estado desarrollando Works como una "start-up interna" siguiendo el modelo de UberEats, su división de reparto de comida a domicilio. Este servicio, unido al de transporte de viajeros, son los que la compañía ha implantado de momento en España y también los más extendidos en Europa. En EEUU ha desarrollado algunos más, como Freight, que pone en contacto a transportistas con empresas; Healths, para llevar pacientes a centros sanitarios; o Jump, un sistema de alquiler de bicicletas y motos eléctricas. Todos ellos, incluido UberElevates ( que intenta desarrollar un modelo sostenible de coche volador) o ATG (que investiga el coche autónomo) están relacionados con las diferentes variantes del sector del transporte. Con Works, Uber inicia su ofensiva para colonizar todos los trabajos susceptibles de regularse vía app con la vista puesta en los eventos corporativos.
De la "economía colaborativa" a la ETT Uber es conocida por encabezar un conflicto mundial con el taxi, pero las repercusiones de su modelo de negocio trascienden con mucho el transporte de viajeros. Incluso ha puesto nombre a un proceso económico, la uberización, en el que una empresa pone en contacto a clientes con prestadores de un servicio a través de una plataforma digital. La empresa fija las reglas del intercambio, da un entorno seguro en el que realizar las transacciones económicas y, a cambio, cobra una comisión.
Este modelo de negocio se autopublicitó como "economía colaborativa", enfatizando la flexibilidad en horarios que ofrece a los trabajadores y un supuesto sistema de emprendimiento vía app. Los jueces han tumbado esta narrativa: el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que Uber no es una plataforma colaborativa sino una empresa de transporte, y como tal debe ser regulada por los estados. Además, señaló que cuando la plataforma decide cómo, cuándo, a quién y por cuánto dinero se presta un servicio, no se puede hablar de emprendedores sino de empleados, puesto que "no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente de dicha plataforma".
Mientras los efectos sobre el recorte de derechos laborales de los trabajadores o precarización del empleo de la uberización se dejan notar desde hace años, Uber redobla su apuesta con Works. No será la primera en lanzarse a ofrecer servicios similares a una ETT (apps como Fiverrofrecen "miniempleos" desde cinco euros) pero sí la que más inversión recibe. Fondos de capital riesgo han financiado a la compañía hasta colocarla en el ránking de empresas más valoradas a pesar de que no ha empezado a dar beneficios. El pasado miércoles recaudó otros 2.000 millones en bonos basura. De momento, ni Uber ni el resto de empresas que explotan su modelo han encontrado una respuesta pública coordinada. Por regla general, los estados han preferido dejar que los tribunales diriman a promover regulaciones específicas sobre el entorno digital y el trabajo vía app. También es la estrategia que ha seguido España, que la pasada semana aprobó hasta 17 nuevos derechos digitales que, en la práctica, apenas introducen novedades al suponer ampliaciones de derechos detallados en otras leyes o traslaciones al entorno digital de derechos fundamentales.
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