En los últimos siete años, el gobierno madrileño ha sancionado con dos millones de euros a las compañías que se encargan de vigilar las sedes de los organismo oficiales y el metro
En los últimas semanas se ha hablado mucho de la seguridad privada que hay en los aeropuertos españoles. Ese servicio no solo está privatizado en Barajas, por ejemplo. De hecho, prácticamente todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid están protegidas por empresas privadas. Y el servicio, no es precisamente, el mejor, que digamos. Lo acreditan los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. En lo últimos siete años, el Gobierno madrileño ha multado a estas compañías con cerca de dos millones de euros por incumplimientos del contrato.
La mayoría de las sanciones, según hemos sabido, se han impuesto a las empresas de la seguridad privada de Metro. Desde 2011, la Comunidad de Madrid ha multado a las empresas de seguridad privada que vigilan el suburbano con más de un millón y medio, entre ellas, por ejemplo, Prosegur, Eulen o Securitas, aunque por encima de todas, la compañía que más multas ha recibido ha sido Seguridad Integral Canaria, más de un millón de euros de sanción por no haber cumplido las horas de contrato, por no haber respetado los servicios minimos durante las huelgas y también por no haber evitado incidentes en zonas del metro que tendrían que haber reforzado. Esta compañía canaria, precisamente, acaba de anunciar que cierra. En cuanto lo hagan, cederá o venderá todos sus servicios a otras empresas, dejando en vilo a sus trabajadores.
La Comunidad de Madrid también ha multado a las compañías de la seguridad privada, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia, o de la Agencia del Menor Infractor. En este último caso porque entre su plantilla no se incluyó a un 2% de personas con discapacidad. Hay sanciones similares también en la Consejería de Educación y en la de Transportes.
Sin embargo, misteriosamente, en ese listado de multas al que hemos tenido acceso, no hay ni una sola sanción para la empresa que se encarga de la seguridad privada de los juzgados madrileños. Como ya les adelantamos en el mes de junio, los vigilantes han estado trabajando desarmados en contra de los que fijaba el contrato, de hecho, durante 10 meses, el Gobierno madrileño pagó indebidamente más de 120.000 euros a esta empresa. El diputado del PSOE Diego Cruz, cree que es un escándalo que la Comunidad haya pasado por alto esta situación y no haya sancionado a esta empresa.
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