Contactos de Fomento con Interior para plantear que los agentes se hagan cargo de los controles de seguridad a los viajeros. Consultas a la Abogacía del Estado.
Las colas en el control de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat se han convertido en la imagen habitual en los últimos días. El Gobierno no está dispuesto a que las escenas de tensión y caos se repitan en pleno puente de agosto, uno de los periodos de mayor tráfico de viajeros del año. Se estudia el despliegue de la Guardia Civil.
La plantilla de Eulen ha decidido continuar adelante con los paros tras el fracaso este lunes de las negociaciones entre la empresa responsable de los servicios de control de seguridad y el comité de huelga encabezado por los vigilantes y sindicatos. Si no se llega a un acuerdo esta semana, la situación podría volverse “insostenible” a partir del próximo lunes, en pleno puente del 15 de agosto. Los trabajadores han anunciado que en ese momento convertirán los paros parciales en una huelga indefinida.
Evitar el caos en pleno puente de agosto Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Gobierno, Fomento no pasa por alto que este escenario podría poner en peligro las vacaciones de miles de pasajeros en Barcelona. La huelga indefinida se desarrollaría durante el puente de agosto, cuando el número de usuarios de las instalaciones se incrementa de forma considerable. La disminución importante de estas labores de seguridad y vigilancia provocaría graves disfunciones en la actividad del aeropuerto, sobre todo en la operación retorno.
En el Ejecutivo recuerdan que la Guardia Civil ya se responsabiliza en la mayoría de los aeropuertos españoles de controlar y prestar colaboración a los agentes de seguridad privada que se dedican al control de pasajeros. Por ahora, el cometido de los agentes continúa siendo el habitual: garantizar la seguridad y el orden público en las instalaciones.
Tomar el control de pasajeros en el puente Sin embargo, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas al dispositivo desplegado en Barcelona, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa un plan para el puente de agosto, en caso de “huelga salvaje”. Ha comenzado a trabajar con el “escenario más extremo”: que los agentes tengan que hacerse cargo del control de pasajeros y mercancías.
Contacto permanente de Fomento con Interior Según fuentes conocedoras de las conversaciones, Fomento e Interior mantienen contacto permanente durante las últimas horas. A pesar de que, en un primer momento, se había descartado el envío de refuerzos a El Prat, el Gobierno se ha decantado por movilizarse para evitar el colapso ante la proximidad de cuatro días consecutivos de descanso para miles de españoles y las posturas alejadas que todavía mantienen ambas partes en la negociación. De momento, Interior y Fomento no han concretado el despliegue ni el cometido especifico que van a tener los agentes de la Benemérita para evitar el caos en Barcelona. Están pendientes de la respuesta de la Abogacía del Estado.
Consultas legales a la Abogacía del Estado En efecto, el Gobierno es consciente de que la implicación de la Guardia Civil en la resolución del conflicto entraña una “complejidad legal”. Supone la intervención del Estado en un problema laboral entre una empresa privada y sus trabajadores. Pero defiende que el objetivo, además de garantizar la seguridad, debe ser preservar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Por ello, según las fuentes consultadas, la Abogacía del Estado estudia estos días si es posible justificar legalmente esta intervención. En principio, debe hacer compatible el derecho a la huelga que ampara a los convocantes con otros derechos fundamentales de los ciudadanos que puedan verse afectados. Los servicios mínimos del 90% serán obligatorios todos los días de paros y en todas las franjas horarias. Sin embargo, bajar de ese porcentaje por culpa de una huelga encubierta supondría poner en riesgo la libre circulación de pasajeros. Se argumentará también que la actual normativa antiterrorista, en nivel de alerta 4, exige mayores medidas de seguridad. Deben realizarse cacheos personales siempre que se activan los sensores de los arcos de seguridad y se toman muestras aleatorias de rastreo de explosivos, además de los habituales para la incautación de drogas.
Demostrar que el Estado ayuda a Cataluña Se da la circunstancia de que la Generalitat viene reclamando a la delegación del Gobierno en Cataluña que intervenga en la crisis que se vive en los últimos días a consecuencia de este conflicto laboral. El grueso de las críticas se han dirigido a AENA -gestor estatal de todos los aeropuertos españoles- por no buscar soluciones al conflicto que ha multiplicado las largas colas en los arcos de seguridad de El Prat.
Se le ha responsabilizado directamente de la actual situación: “No puede ser que AENA esté desaparecida y la delegación del Gobierno de vacaciones”, insistió este lunes el portavoz del Govern, Jordi Turull. Ante las críticas, el Ejecutivo central está dispuesto a “ayudar una vez más a Cataluña” con este plan de emergencia, como lleva haciendo –insisten desde Moncloa- con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde 2012 para evitar su quiebra. “La Generalitat lleva meses criticando que la Guardia Civil esté investigando la organización del referéndum. Ahora, si hay huelga salvaje, el Estado saldrá al rescate de miles de viajeros catalanes”, explica una fuente del Gobierno conocedora del dispositivo.
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