Los sindicatos exigen concursos públicos de vigilancia con presupuestos más altos

Los sindicalistas culpan a la Administración de permitir que se implante la pobreza. Seguridad Integral insiste en que no tiene vinculación con Marsegur y Sinergias

Los sindicatos exigen a las administraciones públicas que no permitan la implantación de la pobreza, la exclusión social y la precariedad laboral en el Archipiélago a través de licitaciones deficitarias que, además, se adjudican a empresas como Seguridad Integral Canaria (SIC), Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Los sindicalistas denuncian que estas entidades no aplican el convenio sectorial que por ley están obligadas a emplear. Una situación que se traduce, según apuntan, a que los vigilantes perciban unos 6.000 euros menos al año en comparación con otras compañías del sector de la seguridad privada que sí cumplen con la normativa.

"En los últimos años, a raíz de la crisis, estos contratos han ido cada vez más a la baja", destacó Luis Padrón, representante de Intersindical Canaria, durante la rueda de prensa convocada junto con CCOO, UGT, USO y Alternativa Sindical para exponer los motivos de la huelga que han fijado para el próximo 7 de septiembre, víspera de la festividad del Pino, contra las empresas antes citadas. "Si las administraciones no ponen palos en la rueda a este tipo de empresas, nos vamos a ver en Canarias con vigilantes de seguridad pidiendo ayudas en Cáritas para comer", apuntó José Juan Socorro, portavoz de UGT. En este sentido, criticaron que los concursos públicos permitan, por sus bajos presupuestos, que las "empresas low cost" acepten el servicio con "las graves consecuencias" que se derivan de ella: la subrogación de los servicios o el despido de los trabajadores.

El pasado martes, SIC anunció su intención de abandonar el mercado de la vigilancia presencial. Fuentes de la compañía, propiedad del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, expusieron entonces que esa línea de negocio ha dejado de ser rentable por la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de las instituciones en los pagos. A ello se suma, además, la anulación del descuelgue del convenio sectorial que recortó los salarios del personal por sentencia judicial. Los sindicalistas mostraron su temor ante la posibilidad de que los servicios que aún mantiene SIC se traspasen, cedan o se subroguen a Marsegur o Sinergias, empresas que pagan menos a sus empleados. Socorro afirmó que existe una "vinculación directa" entre estas tres entidades por su pertenencia a la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (Acosepri), de la que también forma parte Power Sic, y porque la Oficina Española de Patentes y Marcas relaciona Sinergias con Miguel Ángel Ramírez. Por otro lado, tildó de "absurdo" que Ramírez señale el retraso en el pago de las instituciones para salir del mercado de la vigilancia presencial cuando la Administración Pública es su principal cliente, por lo que, remarcó, conoce bien su funcionamiento.

Pactos con empleados Desde SIC se insiste, en cambio, en que no existe ninguna conexión entre esas tres entidades salvo la de pertenecer a la misma asociación. Algo que sucede, según apuntan esas mismas fuentes, con otras empresas del sector como Eulen o Securitas, que también pertenecen a otra patronal sin que haya vinculación entre ellas. Insisten, por ello, en que Ramírez "no tiene ningún tipo de lazo desde el punto de vista accionarial y de gestión con Marsegur y Sinergias". En cuanto a los bajos ingresos de los empleados, la empresa sostiene que después de que la Justicia anulara el descuelgue del convenio, se han pactado con los trabajadores el pago de lo que se les dejó de abonar por adoptar esa medida. A su vez, fuentes de la compañía recalcan que el convenio colectivo siempre se ha aplicado en Santa Cruz de Tenerife y la península, por lo que solo losvigilantes de Las Palmas se verían afectados por la reducción de la retribución.

Los sindicatos señalaron que en torno a 500 trabajadores han reclamado en los juzgados el ingreso del salario que se les recortó a partir de 2012. El total de esa cantidad asciende a los 2,5 millones de personas, pero podría ser mayor –unos 7 millones– si todos los empleados decidieran demandar. "Entendemos que a nivel político hay muchas presiones", indican los sindicalistas, pero piden que la Administración Pública vele por el cumplimiento de la normativa laboral y fiscal y fije una línea para que se realice la cesión de servicios y se garanticen todas las condiciones.

Huelga y manifestación Los sindicatos no solo convocan una huelga para el 7 de septiembre, sino también una manifestación. Ésta, partirá de la Ciudad de la Justicia, continuará por la Audiencia, el Cabildo de Gran Canaria, las sedes de la Delegación del Gobierno en Canarias y Presidencia del Ejecutivo regional, la Dirección General del Trabajo y finalizará en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los sindicalistas reivindican el abono puntual de los salarios de los vigilantes de seguridad y la aplicación del convenios estatal en SIC, Marsegur y Sinergias. Según especificaron ayer, el salario mensual de un trabajador en cada una de ellas es de 744; 789 y 690 euros, respectivamente, frente a los 1.122,68 euros que percibe un vigilante en una empresa que sí emplea el convenio. Estos sueldos han conducido a algunos empleados a solicitar comida en los sindicatos, según expusieron. Además, los sindicatos creen que el anuncio del abandono de la vigilancia presencial por parte de SIC supone un ataque para mermar la participación en la huelga. La empresa, sin embargo, responde que una reestructuración de ese calibre no se diseña en 48 horas.

FUENTE: www.laprovincia.es