El 'no' se se ha impuesto de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del 'sí' y un voto nulo
El aeropuerto de El Prat inicia el puente de agosto en situación de tensión máxima. Los vigilantes de seguridad rechazaron el domingo el acuerdo ofrecido por la Generalitat y decidieron mantener la convocatoria de huelga indefinida, que comienza el lunes. El Gobierno respondió rápidamente. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció que está en marcha la aprobación de un arbitraje capaz de obligar a los trabajadores a volver a sus puestos, así como el despliegue de la Guardia Civil para evitar percances de lo que el ministro definió como “un problema importante de seguridad y de orden público”.
Pese al ultimátum lanzado por el Gobierno central, los trabajadores votaron no al aumento salarial aceptado por Eulen y mantienen el pulso que amenaza con provocar una situación de colapso en El Prat. En la asamblea participaron 187 de los 350 empleados de los controles de seguridad. El no se impuso de forma masiva, con 150 votos frente a 36 del síy un voto nulo. De la Serna justificó la intervención del Gobierno con el fracaso de las dos negociaciones anteriores. El ministro dijo que ya había hecho una petición formal a la Abogacía del Estado para que redacte un informe que pueda ir al Ministerio de Empleo; y de este al Consejo de Ministros, el responsable de dar el paso definitivo para obligar a los huelguistas a volver al trabajo y nombrar un árbitro que dirima el conflicto. En principio, no estaba previsto que el Consejo se reúna en agosto, pero el presidente, Mariano Rajoy, ya dijo que se podría convocar el día 16 para abordar la tensión separatista en Cataluña La propuesta del árbitro, avisó el ministro, “tendrá carácter vinculante para las partes”.
Con la votación, se abre un panorama incierto. En primer lugar, para los pasajeros de El Prat, que desde el pasado 24 de julio sufren las consecuencias del conflicto y han tenido que soportar largas colas en los controles. Ahora, los pasajeros afrontan una huelga indefinida en una de las épocas del año con mayor tráfico aéreo. En segundo lugar, para el Gobierno, que deberá gestionar no ya unos paros parciales, sino una huelga indefinida. Las consecuencias también las afrontarán los propios trabajadores, que seguirán buscando mejoras a sus condiciones pero con una espada de Damocles sobre la cabeza: la advertencia de De la Serna de que impulsará el laudo arbitral y de que la Guardia Civil se hará cargo de los filtros de seguridad en las dos terminales del segundo aeropuerto español.
LA GENERALITAT CREE QUE SU MEDIACIÓN HA ACABADO La consejera de Trabajo de la Generalitat, Dolors Bassa, ha dicho que la mediación de la Generalitat en el conflicto laboral de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha terminado, después de que estos hayan decidido "democráticamente" rechazar su propuesta. Bassa ha señalado que ahora les corresponde negociar a "las dos empresas implicadas, Eulen y Aena, y a los trabajadores. La consejera ha dicho que en la asamblea participó el 44% de la plantilla de Eulen y ha agradecido al comité de huelga haber convocado esta segunda asamblea, en la que, a diferencia de lo que ocurrió el pasado jueves, sólo se ha sometido a votación la propuesta que había sido consensuada y aceptada por la empresa.
Bassa ha dicho que no estaban "ni decepcionados ni no decepcionados" por el resultado y ha subrayado que "durante los 21 días que ha durado el conflicto" la Generalitat ha tratado de alcanzar un acuerdo entre las partes que permitiera salvar unas diferencias que considera que no son "insalvables". También ha agradecido a la empresa haber permitido que su propuesta inicial de una subida salarial de 30 euros mensuales se incrementase hasta otra de 200 euros por 12 pagas. Bassa ha recalcado que el conflicto de Eulen en El Prat no es un "problema puntual" sino un "problema endémico".
Las amenazas de De la Serna no han servido para calmar el ánimo de los vigilantes de seguridad, sino más bien lo contrario. “La actitud del ministro ha sido arrogante, sus amenazas están fuera de lugar”, dijo Leopoldo García Quinteiro, abogado del comité de huelga de Eulen, al término de la votación, que se produjo en un centro cívico de El Prat de Llobregat cercano al aeropuerto. Por la mañana, en plena incertidumbre por los resultados, Puri Infante, miembro del comité de huelga, había advertido ya sobre las “coacciones” del ministro. “Esto se podría haber solucionado mucho antes. Ahora se preocupa por tumbar una huelga, que es un derecho constitucional”, denunció.
El pasado jueves, los trabajadores rechazaron ya la propuesta ofrecida por la Generalitat, que ejerce de mediadora en el conflicto, en su aspecto económico. La propuesta supone un incremento salarial de 200 euros al mes en 12 pagas. Fuentes del comité, sin embargo, señalan que esa es solo una parte de la verdad. En especial, para los vigilantes veteranos, que según ese acuerdo ven suprimidos dos pluses que cobraban cuando fueron contratados por Prosegur. En junio del año pasado, Aena adjudicó a otra empresa, la multinacional Eulen, el control de seguridad en el aeropuerto.
Los trabajadores subrogados de Prosegur —que tenían mejores condiciones laborales con esa compañía— son los que han decantado el sentido de la votación. Muchos de ellos ocupan su puesto en el aeropuerto desde 2009, cuando se inauguró la nueva terminal, la T1. Es el caso de Francesca, que por la tarde se acercó al centro cívico para anunciar su voto negativo. “Lo de los 200 euros se ha explicado mal. Al quitarnos los pluses de Aena, el aumento en realidad es de 100 euros brutos. Así que no vale la pena”, explicó la vigilante, que aseguró no tener “ningún miedo” al ultimátum lanzado por el Gobierno.
La votación clave del domingo coincidió con una nueva jornada de paros parciales (la quinta). Las colas en los controles de seguridad por la mañana fueron, sin embargo, menores que en días precedentes. Los pasajeros tuvieron que esperar un máximo de 30 minutos para atravesar el arco de seguridad en las dos terminales (T1 y T2) del segundo aeropuerto español. Una de las causas de esa relativa tranquilidad pese a la huelga fue la presencia -cada vez más ostentosa- de agentes de la Guardia Civil, que desarrollaron tareas de control de equipajes y supervisaron las tarjetas de embarque junto al personal privado de Eulen.
Como ha sido habitual desde que estalló el conflicto laboral -el 24 de julio-, la mayor concentración de pasajeros se ha producido a primerísima hora de la mañana. Conscientes de que podrían producirse retenciones, los viajeros se presentaron en las terminales con más de las dos horas de antelación aconsejadas. Esa precaución extrema, unida al elevado tráfico aéreo propio de un fin de semana de agosto, provocó colas voluminosas a las cinco de la mañana. El tráfico, además, no para de crecer en El Prat: 22,1 millones de pasajeros (un 8,5% más) en el primer semestre del año, según dio a conocer el Consejo Internacional de Aeropuertos.
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