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Los trabajadores de los aeródromos canarios se reúnen mañana para fijar su posición frente a la empresa
Los trabajadores de Prosegur, que controlan la mayor parte de los filtros de seguridad de los aeródromos canarios, se reúnen mañana para fijar posición y comunicar a la empresa su voluntad de negociar mejoras en sus condiciones laborales. Sus colegas del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde el servicio está en manos de Eulen, volverán a la huelga desde el 8 de septiembre contra las "represalias" aplicadas por la empresa contra cuatro trabajadores que incumplieron los servicios mínimos.
Los responsables del departamento de Recursos Humanos de Prosegur tienen previsto trasladarse al Archipiélago el próximo 11 de septiembre para iniciar las conversaciones con la plantilla desplegada en las Islas. Los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y La Palma son los que atiende esta empresa. Según explicó ayer el secretario de Comunicación de CCOO-Canarias, Fernando Torres, las demandas van en la línea de las desarrolladas en el resto de España para la constitución de la categoría específica de "vigilante de seguridad aeroportuaria".
Prosegur atiende también parte del servicio del aeropuerto de Madrid-Barajas y ya al final de la pasada semana se encontró con esta petición de los representantes de los trabajadores, quienes advirtieron con la convocatoria de una huelga de ámbito nacional en el caso de que su intención caiga en saco roto. Torres explicó ayer que existen categorías como la de "vigilante de transporte de fondos y valores o vigilante de explosivos". La aspiración del colectivo que opera en los aeropuertos es que el reconocimiento de su labor específica con la creación de una categoría lleve aparejada una mejora salarial.
Incluso, desde La Palma los vigilantes han aportado su decisión de exigir el cobro completo del plus de peligrosidad, circunstancia que hasta el momento se ha reservado en el sector para los vigilantes que están obligados a portar armas. En cuanto a la asamblea celebrada ayer en El Prat de Llobregat (Barcelona), votaron 115 de los 350 trabajadores que tiene Eulen en el aeropuerto barcelonés y todos lo hicieron a favor de la huelga. Los paros serán todos los viernes de 10.30 a 11.30 horas y de 18.30 a 19.30 horas, si bien el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, avisó de que se podrían ampliar si no se retiran las sanciones. Por ahora hay cuatro trabajadores afectados: dos han sido despedidos y dos multados, según los cálculos del comité de huelga, que la empresa no confirma ni desmiente.
"Se ha decidido masivamente, con el 100% de los votos favorables, que si el laudo no contempla la retirada de los despidos y las sanciones, la huelga irá adelante y se podría ampliar", subrayó Giménez. El laudo al que se refirió es el de obligatorio cumplimiento que emitirá el árbitro designado por el Estado, Marcos Peña, el próximo jueves, y que podría incluir la anulación de sanciones, una máxima que estaba incluida en la propuesta de la mediación de la Generalitat que los trabajadores rechazaron. La nueva convocatoria de huelga se presentará hoy ante el Departamento de Trabajo de la Generalitat, que a continuación deberá reunirse con las partes para intentar conciliar las posiciones. Giménez auguró "represalias masivas" si no se toman medidas para evitar nuevas sanciones, ya que a su entender Eulen ha echado el freno en sus intenciones de despedir a los trabajadores más combativos porque no quieren dar mala imagen.
La empresa tiene dos meses para efectuar estas sanciones y en Infojobs piden 100 vigilantes para el aeropuerto. "Prevemos que cuando ya mediáticamente se haya acabado, habrá más represalias", sostuvo el asesor de los huelguistas. Con todo, si llega la nueva huelga, lo hará con el conflicto laboral primigenio, que consistía en una reclamación de mejores condiciones laborales y salariales, resuelto. Esto al menos sobre el papel, ya que Giménez recalcó que la plantilla no reconoce el laudo porque no ha habido ningún incidente durante la huelga en los controles de seguridad del Prat que la justifique Los sindicatos presentan hoy una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) porque consideran que se han "pisado" sus derechos laborales.
En paralelo, se llevará a la asamblea el laudo del árbitro Marcos Peña para que la plantilla pueda manifestarse, y, si dieran el visto bueno, darían el conflicto laboral por cerrado. "Si sale que no, haremos lo que la asamblea decida. El laudo es obligatorio mientras que no haya un juzgado que diga que no es legal", pero los trabajadores pueden "tomar diversas medidas".
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