Seguridad Integral Canaria, con una deuda de 7,2 millones de euros, “liquidará, cederá o venderá” todos sus contratos, públicos y privados
La empresa, que lleva meses pagando con retraso las nóminas a sus 4.000 trabajadores en toda España, niega que vaya a cerrar o entrar en concurso Quiere prescindir de los vigilantes y centrarse únicamente en el transporte de fondos
El administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor Jesús de Armas ha anunciado a los representantes de los trabajadores del cese de actividad de la firma, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Condenado por el Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como donante del PP en la contabilidad del partido y se ha convertido en la bestia negra de los trabajadores de la vigilancia privada por los bajos salarios que paga. Pese a que no aplica el convenio estatal del sector, es uno de los principales adjudicatarios de contratos de seguridad para las administraciones públicas.
Según ha comunicado el comité de empresa de Tenerife a la plantilla en una nota a la que ha tenido acceso infoLibre, los contratos que mantiene con compañías privadas serán“liquidados, vendidos o cedidos” el 1 de septiembre y los públicos, el 1 de octubre. El administrador de Seguridad Integral Canaria se ha comprometido ante los representantes sindicales a “pagar a los trabajadores, proveedores y bancos”. Según ha informado el sindicato USO, Héctor de Armas explicó al comité que la empresa debe 7,2 millones de euros, de los cuales la mitad corresponden a la compra de la sede de la firma en Las Rozas (Madrid) y el resto a reclamaciones de cantidades que debe atender por sentencias judiciales a favor de sus trabajadores. Además, ha indicado que antes del 30 de octubre pretende haber “traspasado todos los servicios, tanto públicos como privados” a otras empresas. Alternativa Sindical habla de la “venta de unidades productivas de la empresa a terceros” e incluso de un posible concurso de acreedores.
Según las fuentes consultadas por este periódico, De Armas adelantó al comité que la dirección de la empresa quiere “redirigirla”, “cambiando de estrategia”. “En España hay 1.500 empresas de seguridad, pero sólo cuatro se dedican al transporte de fondos [en camiones blindados] y nosotros somos una de ellas”, detalló el administrador. Así, la intención de Seguridad Integral es “profundizar en ese sector en la Península y prescindir del área de vigilancia como fuente de ingresos”. Héctor de Armas destacó que los pagos en los concursos no permiten a la empresa cubrir los costes de que suponen los vigilantes. Sobre todo, porque las administraciones “pagan tarde y mal”, dijo. “Por eso vamos a ceder los contratos de vigilancia a otras empresas”, concluyó. Por su parte, un portavoz de Seguridad Integral Canaria ha negado a este periódico que la empresa vaya a cerrar o entrar en concurso de acreedores. “En los últimos meses sus responsables han reflexionado sobre la situación del sector de la seguridad en España y sobre la situación de la empresa, y este miércoles se reunirán para tomar decisiones que garanticen su viabilidad”, explicó.
Un cese de actividad no es lo mismo que la extinción de una sociedad. En el primer caso, la empresa suspende temporalmente la actividad pero mantiene su personalidad jurídica y debe seguir elaborando la contabilidad, legalizar los libros y depositar las cuentas en el Registro Mercantil. También tiene que continuar pagando el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, no puede emitir facturas y debe despedir a la plantilla.
Impagos y retraso de cobro de nóminas La plantilla de Seguridad Integral Canaria en toda España alcanza los 4.000 trabajadores. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias, que no han cobrado aún la nómina de julio o de Adif en Andalucía. De hecho, la reunión en Tenerife se celebró tras reclamarla la presidenta del comité de empresa, para pedir explicaciones sobre la falta de abono a día 21 de agosto de los sueldos de julio.
Seguridad Integral Canaria tampoco ha abonado los finiquitos a los 500 trabajadores que vigilaban hasta el pasado mayo las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España. El contrato, en cualquier caso, lo ejecuta desde esa fecha otra de las empresas vinculadas a Ramírez, Marsegur. Seguridad Integral Canaria apareció también en la lista de morosos que Hacienda publicó el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros. Entonces, Ramírez aseguró que había pagado ya esa cantidad y culpaba a las administraciones de sus problemas de liquidez: cifraba en 16 millones de euros el dinero que éstas le debían por los servicios que les presta.
Por el contrario, los sindicatos denuncian que Ramírez lleva tiempo “vaciando” Seguridad Integral Canaria y traspasando el negocio a sus marcas blancas, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado los convenios colectivos de ambas empresas, que fueron negociados de forma ilegal y establecen salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal. Si los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat cobran 1.000 euros al mes, los de estas dos empresas no llegan a los 800.
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