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Casi el 20% de los ingresos de la seguridad privada procede del Estado, uno de los máximos contratistas de las empresas especializadas en este sector en nuestro país. Pero… ¿a qué precio?
La huelga de El Prat ha servido para abrir el melón de la seguridad privada en España, un negocio que facturó 3.481 millones de euros en 2015 (+2,9%) según los últimos datos de la patronal Aproser. No obstante, los salarios de los vigilantes no crecen al mismo ritmo que los beneficios. Y el conflicto en el aeropuerto de Barcelona solo es la punta del iceberg. El estallido ha hecho que el propio ministro de Fomento se comprometa a crear un grupo de trabajopara estudiar la situación, recogiendo así el guante de los sindicatos.
Los aeropuertos son uno de tantos escenarios donde la administración pública subcontrata empresas privadas para reforzar la seguridad. Los vigilantes también operan en otras infraestructuras ‘críticas’ como los ministerios o las estaciones de tren, aunque su presencia se extiende por todas las comunidades autónomas (colegios, hospitales). De hecho, casi el 20% de la facturación de estas compañías procede del sector público. Si desglosamos esos datos, el 23% procede de la administración estatal, el 17% de las comunidades autónomas, el 10% de las corporaciones locales y el 50% de las empresas públicas como Renfe o Aena, participada en un 49% por capital privado. “El Estado es uno de los mayores contratistas de este tipo de servicios en España”, explica el responsable de Seguridad Privada de UGT. Diego Giraldez aclara que es “muy complicado” calcular cuántos vigilantes trabajan para subcontratas de la pública.
"El Estado es uno de los mayores contratistas de las empresas de seguridad privada en España"La cifra de vigilantes de seguridad privada asciende a más de 78.200 efectivos en España. Sus condiciones laborales dependen del nuevo convenio colectivo estatal que se está negociando, no sin tira y aflojaentre los sindicatos y las patronales del sector. Los primeros acusan a las segundas de pretender “congelar los complementos de antigüedad, aplicar una subida salarial ridícula y modificar las prestaciones por IT”, endureciendo los criterios para cogerse una baja médica. Giraldez garantiza que las empresas “tendrán enfrente” a UGT si plantean “retrocesos laborales” en lugar de mejoras. Por su parte, la patronal Aproser se muestra dispuesta a negociar pero recuerda que las compañías de seguridad privada han sufrido una caída de la facturación de más del 20% en los últimos ocho años. De hecho, 2015 fue el primer año en el que los ingresos comenzaron a repuntar. “Muchas de las empresas que aplican el convenio sectorial siguen en pérdidas”. Quizá por eso unas cuantas han redactado su propio convenio, tirando los precios. La reforma laboral de 2012 lo permite.
El número de centros de formación de seguridad privada supera al de empresas: hay 1.700 en toda EspañaSegún la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, actualmente hay 1.373 empresas de seguridad privada registradas en nuestro país. De estas, 212 tienen licencia para operar a nivel autonómico y 175 a nivel estatal, bien sea prestando servicio a otras compañías o trabajando para el sector público. El mayor número de firmas registradas corresponde a instalación y mantenimiento, seguido de cerca por vigilancia. Como curiosidad, el número de centros de formación de seguridad privada es incluso superior al de empresas: hay 1.700 en toda España.
CCOO denuncia que en este sector “cada vez hay más empresas piratas que compiten a base de recortar los salarios de los trabajadores”, una práctica que se da en paralelo a las adjudicaciones a la baja por parte de la administración pública. La subcontrata de Aena en Barcelona, Eulen, es un ejemplo de firma que se escuda en el ‘insuficiente’ dinero público que recibe como pretexto para pagar poco o no contratar refuerzos, a pesar de la evidente falta de personal. “La administración pública es la responsable última, por supuesto”, remarcan los representantes de los trabajadores. La lucha contra las licitaciones ‘tiradas’ de precio incluso une a patronal y sindicatos, sin que sirva de precedente. “Queremos que se prime la calidad del servicio”, reclaman fuentes de Aproser. Sus mayores retos actuales son la competencia desleal, el intrusismo, la inseguridad jurídica y la escasa rentabilidad. De hecho, UGT les acusa de refugiarse en este último aspecto para sortear mejoras en el nuevo convenio colectivo.
La patronal dice haber presentado enmiendas a la Ley de Contratación Pública que se está negociando para que se deje de valorar el factor precio como casi único criterio. Máxime cuando muchos de los vigilantes de seguridad prestan sus servicios en infraestructuras de riesgo, como las estaciones de Renfe. Las licitaciones a precio de saldo causan una reacción en cadena: a menos dinero público, peores condiciones laborales, menos personal y mayor carga de trabajo para unos empleados que han dicho ‘hasta aquí’ en aeropuertos como el de Barcelona-El Prat.
Las negociaciones para dar a luz al nuevo convenio colectivo, que ya lleva varios meses de retraso, se producen en paralelo al grupo de trabajo que Fomento pretende poner en marcha a propuesta de los sindicatos. El objetivo es abordar las condiciones de los trabajadores de la seguridad privada (no solo ceñida al ámbito de los aeropuertos) en un marco global “para evitar que se produzcan hechos diferenciados”, como explicó Íñigo de la Serna este miércoles. Los representantes de los trabajadores agradecen el gesto y esperan que no se trate de un mero brindis al sol. “Esto nos lleva a abrir un paréntesis en las convocatorias de huelga que teníamos previstas en los aeropuertos de Valencia y Alicante”, concluye Giraldez.
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