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Eulen opera en 21 aeropuertos de Aena, entre ellos Barcelona-El Prat. Le siguen Hispania (7) y Prosegur (17), proveedor en sitios clave como Madrid-Barajas. ¿Quién recibe más dinero?
El conflicto que amenaza con extenderse como la pólvora por la red de aeropuertos de Aena nació en Barcelona-El Prat, donde la seguridad privada "en filtros de pasajeros y mixtos" está a cargo de Eulen. Esta empresa subcontratada es la que gestiona la seguridad en más aeropuertos españoles, al operar en el 42% de ellos (21), y se reparte el pastel de las adjudicaciones con Prosegur, ICTS Hispania o Ilunion. Un 'negocio' valorado en un total de 284 millones de euros por todos los conceptos, incluyendo prórrogas presupuestarias y servicios complementarios de vigilancia. El Confidencial ha tomado como referencia todos los contratos en vigor de esta naturaleza publicados en el portal de proveedores de Aena.
San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Melilla, Valladolid, León, Córdoba o Albacete son algunos de los aeropuertos vigilados por Eulen. Prosegur se ocupa del control de pasajeros y equipajes en destinos como Gran Canaria, Valencia, Lanzarote, Almería, Murcia o Granada-Jaén. Y también se encarga de una parte de la seguridad en aeropuertos clave como Madrid-Barajas, donde también opera Eulen en menor proporción. De hecho, los vigilantes de esta última empresa están a punto de secundar la huelga de sus compañeros en Barcelona, decisión que ratificarán mañana miércoles. Los trabajadores deTenerife Sur (contratados por Prosegur) también se lo están planteando, confirma UGT a este periódico. Su responsable de Seguridad Privada a nivel nacional, Diego Giráldez, lamenta que la Administración pública no garantice unas "condiciones laborales dignas" y una prestación de servicios "suficiente".
Los que ya han anunciado que con toda seguridad se sumarán a la huelga a partir del 20 de agosto son los vigilantes de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen), así como los de Ilunion en Barcelona, responsables de la inspección de equipaje de bodega y control tanto de acceso de personal como de las instalaciones. No obstante, los empleados de este grupo de empresas de la ONCE decidieron aplazar los paros al 1 de septiembre para facilitar las negociaciones.
ICTS Hispania y Prosegur tienen presencia en menos aeropuertos (siete y 17, respectivamente), pero más estratégicos. El primero ganó una adjudicación en Málaga-Costa del Sol, el cuarto aeropuerto con mayor volumen de pasajeros. Por su parte, Prosegur opera en la popular Ibiza, Gran Canaria o Valencia, aparte de Madrid-Barajas. La subcontrata logró extinguir un conato de huelga en la capital tras firmar un acuerdo sobre temas organizativos y aprobar un complemento salarial a principios de verano.
¿Quién recibe más dinero? Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con el reparto de recursos entre los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas. Este último destina casi 70 millones de euros para los controles de pasajeros tras adjudicar un contrato de tres años, mientras que el presupuesto del aeropuerto catalán en seguridad privada supera los 41 millones de euros distribuidos en 24 meses. O lo que es lo mismo: la seguridad privada de Madrid-Barajas cuesta dos millones de euros mensuales por los 1,7 millones de Barcelona-El Prat, una diferencia acorde con el volumen de pasajeros que mueve cada aeropuerto: 50,4 millones de pasajeros anuales en el primer caso y 44,1 millones en el segundo. El tercer aeropuerto que más dinero recibe en este ámbito es Palma de Mallorca (21,2 millones), seguido de Málaga-Costa del Sol (18,7 millones), Alicante-Elche (16,3 millones), Gran Canaria (11,1 millones) yTenerife Sur (9,5 millones).
El conflicto que amenaza con extenderse como la pólvora por la red de aeropuertos de Aena nació en Barcelona-El Prat, donde la seguridad privada "en filtros de pasajeros y mixtos" está a cargo de Eulen. Esta empresa subcontratada es la que gestiona la seguridad en más aeropuertos españoles, al operar en el 42% de ellos (21), y se reparte el pastel de las adjudicaciones con Prosegur, ICTS Hispania o Ilunion. Un 'negocio' valorado en un total de 284 millones de euros por todos los conceptos, incluyendo prórrogas presupuestarias y servicios complementarios de vigilancia. El Confidencial ha tomado como referencia todos los contratos en vigor de esta naturaleza publicados en el portal de proveedores de Aena. San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Melilla, Valladolid, León, Córdoba o Albacete son algunos de los aeropuertos vigilados por Eulen. Prosegur se ocupa del control de pasajeros y equipajes en destinos como Gran Canaria, Valencia, Lanzarote, Almería, Murcia o Granada-Jaén.
Y también se encarga de una parte de la seguridad en aeropuertos clave como Madrid-Barajas, donde también opera Eulen en menor proporción. De hecho, los vigilantes de esta última empresa están a punto de secundar la huelga de sus compañeros en Barcelona, decisión que ratificarán mañana miércoles. Los trabajadores deTenerife Sur (contratados por Prosegur) también se lo están planteando, confirma UGT a este periódico. Su responsable de Seguridad Privada a nivel nacional, Diego Giráldez, lamenta que la Administración pública no garantice unas "condiciones laborales dignas" y una prestación de servicios "suficiente". Los que ya han anunciado que con toda seguridad se sumarán a la huelga a partir del 20 de agosto son los vigilantes de Santiago de Compostela (Prosegur) y A Coruña (Eulen), así como los de Ilunion en Barcelona, responsables de la inspección de equipaje de bodega y control tanto de acceso de personal como de las instalaciones. No obstante, los empleados de este grupo de empresas de la ONCE decidieron aplazar los paros al 1 de septiembre para facilitar las negociaciones.
ICTS Hispania y Prosegur tienen presencia en menos aeropuertos (siete y 17, respectivamente), pero más estratégicos. El primero ganó una adjudicación en Málaga-Costa del Sol, el cuarto aeropuerto con mayor volumen de pasajeros. Por su parte, Prosegur opera en la popular Ibiza, Gran Canaria o Valencia, aparte de Madrid-Barajas. La subcontrata logró extinguir un conato de huelga en la capital tras firmar un acuerdo sobre temas organizativos y aprobar un complemento salarial a principios de verano.
¿Quién recibe más dinero? Uno de los aspectos más polémicos tiene que ver con el reparto de recursos entre los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Madrid-Barajas. Este último destina casi 70 millones de euros para los controles de pasajeros tras adjudicar un contrato de tres años, mientras que el presupuesto del aeropuerto catalán en seguridad privada supera los 41 millones de euros distribuidos en 24 meses. O lo que es lo mismo: la seguridad privada de Madrid-Barajas cuesta dos millones de euros mensuales por los 1,7 millones de Barcelona-El Prat, una diferencia acorde con el volumen de pasajeros que mueve cada aeropuerto: 50,4 millones de pasajeros anuales en el primer caso y 44,1 millones en el segundo.
El tercer aeropuerto que más dinero recibe en este ámbito es Palma de Mallorca (21,2 millones), seguido de Málaga-Costa del Sol (18,7 millones), Alicante-Elche (16,3 millones), Gran Canaria (11,1 millones) yTenerife Sur (9,5 millones). A diferencia de lo manifestado por el PSOE la semana pasada, Giráldez no cree que el problema esté en la privatización de estos servicios en los aeropuertos: "La seguridad privada está lo suficientemente madura como para ser un buen complemento —que no sustituto— de la pública. Otro tema es el modelo precario" que se lleva aplicando desde la crisis y, en concreto, a partir de la reforma laboral de 2012. El responsable de UGT responsabiliza al Gobierno por su "nefasta" política de contratación pública basada en el precio e insta a Fomento a sentarse con los sindicatos para buscar soluciones.
La privatización de la seguridad arrancó hace unos 15 años en los principales aeropuertos de España —como Madrid o Barcelona—, para extenderse más tarde al resto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado delegaron el control de pasajeros y equipajes en las empresas subcontratadas por Aena. El secretario general del gestor aeroportuario en CCOO, Paco Casado, critica la decisión del Gobierno de recurrir a la Guardia Civil en plena huelga porque "revienta un derecho recogido en la ley y provoca esquirolaje".
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