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Huelga total en El Prat desde este lunes tras rechazar de nuevo los vigilantes la propuesta de la Generalitat
Solo votó el 53% de la plantilla de Eulen, concesionaria del servicio en el aeropuerto barcelonés, y apenas uno de cada cinco aceptaron una subida de 200 euros en 12 pagas
Desde este lunes la imagen de colas superiores a una hora y las protestas de cientos de pasajeros ante el miedo a perder sus vuelos pueden volver a repetirse en los controles de acceso al área de embarque del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los vigilantes de Eulen, la compañía concesionaria de este servicio, confirmaron en la tarde de este domingo el inicio de una huelga total de duración indefinida a partir de este lunes, tras haber rechazado por segunda vez la propuesta de la Generalitat catalana que ejerce el papel de mediador en este conflicto laboral que se viene agravando desde principios de mes, en pleno apogeo de las vacaciones estivales.
A semejanza de la asamblea que se celebró el jueves –en la que el comité de huelga llegó a presentar cuatro propuestas distintas, tres de las cuales no había puesto antes encima de la mesa de negociación–, solo votó poco más de la mitad de la plantilla, en concreto el 53%. Fueron 187 vigilantes de los 350 que integran la sociedad con la que Eulen se encarga de los arcos de seguridad y los escáneres del aeropuerto, y la gran mayoría rechazó por segunda vez el planteamiento de las autoridades para resolver el conflicto, aceptado días atrás por la empresa: una subida salarial de 200 euros distribuidos en 12 pagas.
No obstante, esta vez tuvo más respaldo que hace cuatro días, en la primera consulta a la plantilla. Frente a los dos únicos votos que tuvo entonces (cuando participaron 176 vigilantes), esta vez sumaron 36, aunque insuficientes frente a los 150 que mostraron su negativa a la subida de sueldo planteada por la Generalitat y otro voto nulo. Un grupo menor (89 trabajadores), pero aún así mayoritario, apoyó el jueves la reivindicación que el comité de huelga piensa defender en la mesa de negociación: un incremento de 250 euros en 15 pagas, cuyo coste para Eulen supera en un 56% lo ofertado.
En previsión de este probable rechazo, el comité de crisis convocado por el Gobierno decidió el viernes dos medidas de peso. De un lado, reforzar la presencia de la Guardia Civil en las tareas de control de embarque en El Prat –lo que ha requerido el desplazamiento de agentes desde otras comunidades–, aunque «solo para reforzar, no para sustituir», puntualizó este domingo el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quien defendió esta actuación para «garantizar la seguridad de los pasajeros y el orden público». Sin embargo, ha sido criticada desde los sindicatos ante el riesgo de que terminen haciendo labores que desempeñaban los huelguistas, pues a los refuerzos se les está dando una «formación específica» para manejar los aparatos.
Aunque su presencia ya era visible este domingo en esas instalaciones –al no haber paros previstos, apenas hubo colas–, se prevé que el mayor despliegue se produzca desde hoy, «momento crítico» por el inicio de la huelga indefinida según el Ejecutivo, que destaca que la competencia de seguridad sigue recayendo en la Guardia Civil aunque parte del servicio haya sido privatizado. En cualquier caso, la delegación del Gobierno ha previsto unos servicios mínimos elevados, de hasta el 90%, en línea con los que se suelen fijar en paros totales dentro del transporte público. Su argumento es que los paros afectan a un sector «estratégico», donde se prestan «servicios esenciales», y que «podrían verse afectados gravemente derechos fundamentales» como la libertad de circulación. Aunque el comité de huelga descartó ese tipo de efectos, garantizó que se cumplirán los mínimos fijados.
Arbitraje a la vista La otra medida de importancia que va a adoptar el Gobierno es la imposición de un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto, del cual saldría luego en menos de dos semanas un laudo de cumplimiento forzoso para ambas partes, Eulen y sus vigilantes. El problema es que ese proceso debe aprobarlo el Consejo de Ministros, que podría reunirse el viernes próximo, pendiente además de cómo se desarrolle en paralelo la estrategia independentista en Cataluña, el otro foco que más preocupa ahora al gabinete de Mariano Rajoy.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna evitó concretar plazos al respecto, aunque espera recibir en breve un informe de la Abogacía del Estado. La decisión final debería contar en cualquier caso también con el respaldo de la Generalitat, dado que es la administración con competencias laborales sobre El Prat.
Según el Real Decreto Ley 17/1977 (avalado en su mayor parte por el Tribunal Constitucional en 1981), el Ejecutivo puede imponer el arbitraje si concurren circunstancias excepcionales, entre las que se encuentran los «perjuicios graves» que puede provocar la huelga para la economía española, la duración de los paros –aquí indefinidos– y la posición de las partes –esto es, las opciones de que puedan alcanzar un acuerdo por su cuenta, algo que parece improbable a la vista de lo sucedido estas últimas semanas–.
Esta figura, aunque controvertida, ya se ha utilizado antes en otros enfrentamientos laborales como, por ejemplo, las negociaciones entre Iberia y el sindicato de pilotos Sepla en 2013 con motivo del severo ajuste en su plantilla. En todo caso, De la Serna ya advirtió el sábado a los vigilantes de Eulen de que la votación de este domingo era su «última oportunidad» para evitar el arbitraje forzoso, declaraciones que desde parte del comité de huelga se han interpretado como «coacciones».
Cruce de reproches El abogado de la plantilla, Leopoldo Quintero, argumentó que si se cumplen los servicios mínimos no habría causa para el arbitraje obligatorio, al tiempo que acusó al ministro de «una arrogancia absolutamente incompatible con los principios básicos del derecho». De la Serna, por su parte, les pidió «un poco más de responsabilidad» y lamentó que hubieran «desatendido los llamamientos a la responsabilidad». Sobre el comité de huelga, el ministro criticó su postura como «muy inmovilista». Sus miembros, a su vez, denunciaron que la Guardia Civil está «presionando» a los vigilantes del aeropuerto y por eso la convivencia ya ha empezado a ser «mala».
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