El arbitraje puede tardar hasta un año en resolver el conflicto de El Prat

El impulso del Gobierno a un laudo de arbitraje obligatorio no significa que el conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat se resuelva en breve. De hecho, los antecedentes demuestran que el proceso se puede alargar un año o más. Es el caso del enfrentamiento entre Iberia y sus pilotos en 2011, que se inició con huelgas en diciembre de aquel año y al que le siguieron dos laudos, uno en abril de 2012 y otro de diciembre, que para más inri fueron anulados posteriormente por la Justicia.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó el lunes que "no hay un plazo concreto" de arbitraje y propuesta de laudo, pero que se hará con la mayor celeridad posible. Por contra, desde el comité de huelga de los trabajadores de Eulen tildaron de "ilegal" el laudo arbitral porque la seguridad del aeropuerto "no está en peligro" y se están cumpliendo los servicios mínimos de la huelga indefinida iniciada el lunes, fijados en el 90% del servicio de los controles de acceso a las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana. En declaraciones a RNE, el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, expuso que los trabajadores siempre están dispuestos a sentarse a negociar, pero reprochó al Gobierno que "ordene" en vez de "sentarse a hablar; que es lo que hay que hacer y no imponer". "El Gobierno utiliza las leyes como quiere cuando quiere. En este caso se demostrará que el laudo es ilegal y se lo tumbarán judicialmente", advirtió.

Normalidad en los accesos El segundo día de huelga de 24 horas en El Prat se desarrolló con normalidad, igual que el primero, de forma que el tiempo máximo de espera para pasar el control de seguridad fue de 20 minutos. El cambio respecto a los paros parciales anteriores es una mayor presencia de la Guardia Civil, lo que no ha sentado bien a los huelguistas. Giménez reprochó : "La Guardia Civil está encima de cualquier movimiento que los trabajadores hagan y tienen una presión añadida a la que ya tenían porque la Guardia Civil están encima de su trabajo constantemente". Habló de un nivel de tensión "increíble" y reivindicó que "la única manera de solucionar un problema es sentándose porque no van a tener a la Guardia Civil toda la vida detrás de los vigilantes". El ministro de Fomento defendió al cuerpo policial y aseguró que "no ha habido ningún problema con los trabajadores ni lo habrá".

Cumplimiento obligatorio Al margen de las posibles demandas judiciales contra el laudo de arbitraje obligatorio que quiere impulsar el Gobierno hoy en Consejo de Ministros extraordinario, el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para la resolución de conflictos incide en que, como su nombre indica, es "absolutamente obligatorio" cumplir con el laudo arbitral que derive del arbitraje interpuesto por el Gobierno. En declaraciones a Europa Press Televisión, la directora del SIMA, Beatriz Losada, explicó que, en el caso del laudo obligatorio que derive de una autoridad externa -un árbitro independiente designado por el Gobierno en el caso de que no haya acuerdo por las partes-, es "igualmente obligatorio, absolutamente obligatorio, y las partes deben someterse a él".

Desde el SIMA añadieron que tanto la representación legal de los trabajadores como la de las empresas "deben respetar el contenido del laudo" y que si éste se incumple, por ejemplo, sin dar por finalizada la huelga, "será ilegal y tendrá otras consecuencias". El decreto de 1977 y revisado por el Tribunal Constitucional en 1981 que regula este tipo de arbitraje obligatorio dice que el Gobierno podrá imponer un arbitraje obligatorio por la duración o consecuencias de una huelga debido a la posición de las partes o la transcendencia para la economía nacional.

FUENTE: www.eleconomista.es AQUÍ