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La portavoz del grupo municipal socialista, Beatriz Sestayo, acusó ayer al gobierno de haber permitido, “con su dejadez de gestión” que los doce vigilantes de seguridad de FIMO y Porta Nova se vean abocados al despido en los próximos días, cuando Segur Ibérica comunique el fin de su actividad.La portavoz del grupo municipal socialista, Beatriz Sestayo, acusó ayer al gobierno de haber permitido, “con su dejadez de gestión” que los doce vigilantes de seguridad de FIMO y Porta Nova se vean abocados al despido en los próximos días, cuando Segur Ibérica comunique el fin de su actividad. Sestayo señaló que esta situación hubiera sido “completamente evitable si el gobierno llevase a cabo buenas políticas en materia de recursos humanos”. “Por desgracia, son reincidentes en esto. No solo no han cerrado ese capítulo de los presupuestos, sino que están recibiendo sentencias judiciales desfavorables en materia de personal municipal, fruto de una mala gestión”, apuntó la edil socialista.
Dos representantes de los trabajadores que prestan los servicios de seguridad privada en FIMO y en Porta Nova, Ángel Gilberto Martínez y Manuel Yáñez, comparecieron junto a Sestayo para explicar la situación en la que se encuentran actualmente. Los propios empleados criticaron la falta de diligencia del gobierno local, acusándolo de haber dilatado excesivamente los tiempos de respuesta desde noviembre del pasado año, cuando dejaron de recibir sus nóminas por parte de Segur Ibérica. Los vigilantes recordaron que muchos de sus compañeros están trabajando sin percibir un salario, pues desde el pasado mes de junio agotaron los 6.500 euros del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). “Hay gente que viene desde A Coruña o Carballo y no cobra. Están trabajando y perdiendo dinero al mismo tiempo, solo para no perder también sus derechos laborales”, explicó Ángel Gilberto Martínez.
Además, los turnos vacacionales y la disposición de horas sindicales para hacer frente a este conflicto ha hecho que actualmente sea imposible cubrir la totalidad de los turnos. Por ello, la Policía de Local ha comenzado a asumir esos descubiertos de personal en ambas instalaciones de titularidad municipal. A este respecto, representantes de Ayuntamiento, del cuerpo policial y de la plantilla se reunieron ayer para organizar ese despliegue y analizar el estado del nuevo concurso para el servicio de seguridad. En esta reunión, que tuvo lugar en el centro comercial Porta Nova, también se debatió sobre la situación del nuevo pliego de contratación de seguridad, en el que la USO solicitó la inclusión en el mismo de “garantías inequívocas para la subrogación de los doce vigilantes asignados”, una cuestión que el gobierno local se comprometió a trasladar al órgano de contratación. Además, desde el ejecutivo de Suárez informaron a los afectados de su intención de sacar de forma inminente el anuncio de licitación.
Precisamente Sestayo se refirió también ayer a este aspecto. La socialista urgió al gobierno de su exsocio Suárez a tramitar con la mayor celeridad posible un contrato único para todos los servicios de vigilancia de lugares públicos. “De nuevo han intentado solventarlo con contratos puente, intentando poner parches al vacío de gestión en el que se ha convertido el gobierno de Ferrol en Común. Esta forma de actuar no es más que una huida hacia adelante, algo para salir del paso”, censuró Sestayo. Aunque no desvelaron sus intenciones, tanto trabajadores como representantes sindicales avanzaron que están consensuando acciones “para que esto no quede en el olvido ni se pase página tan rápidamente”. Los trabajadores señalaron que esperan recibir la carta de despido en una o dos semanas como máximo, una vez que el Mercantil de Madrid apruebe el último trámite del ERE.
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