A la oleada de protestas en los aeropuertos se sumarán los taxistas, el personal del AVE y manifestaciones para reclamar pensiones más altas
La paz social que ha acompañado los años de crisis y de la recuperación económica parecen llegar a su fin en España. La huelga indefinida de los vigilantes de seguridad en El Prat y el anuncio de un rosario paros indefinidos por parte de los sindicatos de AENA y la posible extensión de las protestas en los servicios de seguridad privada a otros aeropuertos no son casos aislados. El conflicto del personal de a bordo de los trenes de alta velocidad, la falta de acuerdo en los convenios, la exigencia sindical de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y nuevos episodios del pulso que mantienen los taxistas y su enfrentamiento con las nuevas plataformas digitales, aparte de la continuidad de las protestas por parte de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), hacen presagiar momentos de tensión en las calles a la vuelta del verano. La oleada de conflictos ya tiene una hoja de ruta marcada en un otoño caliente en las principales ciudades de nuestro país.
El nexo que une a prácticamente todas las protestas son mayores subidas salariales, salvo los taxistas que piden las mismas reglas de juego. La subida salarial media pactada en los convenios hasta julio es del 1,33% y los precios ya están situados en el 1,5%, lo que ya indica una pérdida de poder adquisitivo. La falta de un acuerdo entre los agentes sociales para recomendar incrementos conjuntos de sueldos en los convenios, como ha ocurrido en los últimos años, no facilitará la paz social en las empresas. «O hay pacto de salarios o la negociación colectiva será un calvario para los empresarios», aseguró el exsecretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, en una de sus últimas declaraciones antes de pasar el testigo a Unai Sordo.
El primero de los frentes ya comenzó a preparase desde principios de año y está relacionado con las pensiones y la subida aplicada desde 2014, del 0,25%, el menor incremento previsto en la ley para un periodo de crisis de la Seguridad Social como el actual. El pasado julio UGT aplazó hasta finales de septiembre marchas en varias ciudades de España en defensa de las pensiones presentes y futuras, que concluirán en una gran concentración en Madrid, para exigir al Gobierno la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y una batería de medidas que garanticen el poder adquisitivo a los pensionistas.
Sin acuerdo en los convenios Los sindicatos CC.OO. y UGT han dado por rotas las negociaciones después de conocer la última propuesta de las patronales CEOE y Cepyme. CC.OO. y UGT reclamaban en esta negociación un incremento de los salarios de entre el 1,8 y el 3% y una cláusula de revisión que garantizara el mantenimiento del poder adquisitivo. Por el contrario, la última propuesta de la CEOE pasaba por una subida salarial de entre el 1,2% y el 2%, más medio punto adicional en función de las circunstancias de cada sector, sin cláusula de revisión salarial. Tras el desencuentro y el resultado fallido de las conversaciones para alcanzar el pacto salarial, los sindicatos han advertido de que la negociación colectiva se enfrenta a un «otoño difícil». «Los sindicatos sabremos afrontarla con decisión y solvencia y, si fuera necesario, estudiaremos la convocatoria de una amplia campaña de información y movilización en defensa del salario, también del poder adquisitivo perdido ante el no acuerdo de 2017, el empleo de calidad y la protección social», concluyen.
El pulso del sector del taxi Las protestas del sector del taxi contra el avance de las licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor, con las que operan Uber y Cabify) han sido constantes este verano. El gremio denuncia que, pese a que la regulación vigente marca que debe haber una de estas licencias por cada treinta del taxi, en algunas ciudades esta proporción está distorsionada. En Madrid, por ejemplo, la relación está próxima a una VTC por cada siete taxis. Y es que si bien las comunidades ya no otorgan estas autorizaciones, un vacío legal ha permitido una proliferación de concesiones VTC procedentes de los tribunales. Según fuentes del sector, se espera que durante los próximos meses lleguen unas 15.000 licencias más a las calles. El conflicto parece asegurado.
El conflicto, que en algunas ciudades ha ocasionado episodios violentos, está por tanto lejos de resolverse. Fomento anunció hace dos meses que tiene previsto modificar la legislación y bloquear la reventa de estas concesiones durante dos años para evitar su especulación. Esta medida, sin embargo, no evitó que un sector del taxi volviera a manifestarse en Madrid y Barcelona durante el pasado mes de julio. Mientras tanto, continúan las movilizaciones en Málaga, donde se han registrado varios incidentes violentos, como la agresión a varios conductores y al propio presidente de la patronal de los vehículos VTC, Unauto. Los taxistas decidieron mantener ayer en asamblea la huelga indefinida.
Conflicto en los aeropuertos El conflicto de los trabajadores de seguridad privada de El Prat, de la empresa Eulen, amenaza con extenderse a otros aeropuertos. Sofocada la crisis en el aeropuerto barcelonés, gracias al refuerzo del servicio de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, diversos colectivos de seguridad ya han anunciado movilizaciones en términos parecidos. Así, el sindicato UGT ha convocado paros parciales en los aeropuertos de La Coruña (Eulen) y Santiago de Compostela (Prosegur) a partir del 20 de agosto. Ayer, asimismo, los representantes de los trabajadores de Prosegur en los aeropuertos de Valencia y Alicante han amenazado con ir a huelga si el Ejecutivo no adopta un «modelo único de contratación» del servicio de seguridad que garantice que «se respeta el convenio colectivo estatal». Del mismo modo, los trabajadores de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajascelebrarán hoy un comité para debatir qué medidas adoptarán para solidarizarse con los trabajadores de El Prat. En el «hub» madrileño, Eulen presta únicamente servicios en las labores de facturación y vigilancia. Por tanto, no se verían afectados los filtros de seguridad, que gestiona Prosegur.
Igualmente alarmante es la amenaza de paros por parte de los trabajadores de AENA y Enaire (sociedad pública que controla el 51% de AENA). CC.OO., UGT y USO registrarán hoy ante la Comisión de Interpretación, Conciliación y Arbitraje (CIVCA) la convocatoria de 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre y hasta el 30 de diciembre en todos los aeropuertos. El próximo día 31 de agosto resultará clave, ya que las organizaciones sindicales mantendrán una reunión con el secretario de Estado de Infraestructruras, Julio Gómez-Pomar, para tratar de desbloquear la situación.
Servicios de a bordo de AVE Uno de los conflictos ya más largos de este 2017 es el que atañe a los servicios a bordo de los trenes AVE y larga distancia de Renfe, contratados a Ferrovial, aunque ha ido perdiendo fuelle en las últimas semanas. La última convocatoria de paros, desde el pasado 11 de agosto hasta ayer, fue protagonizada por los sindicatos minoritarios CGT y USO. La repercusión, según la compañía titular de la concesión, fue «escasa». Pero no se descarta que haya nuevas movilizaciones en los próximos meses, en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.
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