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El árbitro designado por el Gobierno para mediar en el conflicto laboral en El Prat, Marcos Peña, debe tomar una decisión esta semana para poner fin a la huelga convocada por los trabajadores de la empresa Eulen, que ha provocado largas colas durante semanas y retrasos en los accesos a la terminal.
Peña, quien también es presidente del Consejo Económico y Social (CES), determinará previsiblemente esta semana el laudo con el que se pretende dar solución al conflicto laboral que mantiene Eulen y los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y que llevó a la convocatoria de una huelga indefinida por parte de los empleados de Eulen. El árbitro ya se ha reunido con la empresa, los trabajadores y con el presidente del gestor aeroportuario Aena, José Manuel Vargas. También estaba previsto un encuentro con la Generalitat de Cataluña.
De este modo, Peña ya conoce los argumentos y la visión del conflicto de las distintas partes, y se encuentra trabajando en el laudo, según explicaron a Servimedia fuentes cercanas. En medio de estos trabajos, el comité de empresa se plantea iniciar otra huelga por los despidos de dos empleados, acusados de no cumplir con los servicios mínimos. En este caso, el comité entiende que la protesta sería legal porque no tendría relación con el laudo que se pueda determinar. No obstante, los representantes de los trabajadores adelantaron que independientemente de cual sea la decisión del mediador, recurrirán el laudo al considerar que no se ha dado el caso para establecer un arbitraje obligatorio y por haberse aplicado "por imperativo legal".
El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario el procedimiento de arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen que desempeñan su trabajo en los controles de seguridad de pasajeros de El Prat. El Ejecutivo recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat. Ante la falta de acuerdo entre las partes para designar un árbitro, el Ejecutivo propuso al presidente del CES, quien no recibió ninguna alegación y finalmente quedó nombrado como árbitro.
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