Esta asociación ha denunciado que la propuesta trasladada por las sociedades de cazadores al Gobierno del Principado supondría reducir la contratación a un guarda por cada 14.000 hectáreas, lo que abocaría al despido de una veintena de profesionales. Además, ha rechazado que se planteen contrataciones temporales en periodos de seis meses, puesto que la labor desarrollada por los guardas rurales son necesarias durante todo el año para el control de las vedas, la vigilancia del furtivismo o la protección de la fauna y flora.
Respecto a las dificultades económicas que alegan las sociedades de cazadores, AVISPA ha reclamado que se fiscalice su gestión como se hace con cualquier entidad que se adjudicataria de la administración pública. En el Consejo Regional de Caza celebrado ayer, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, informó de los planes del Gobierno del Principado para la reforma estructural de los instrumentos que rigen la caza para mantener el actual modelo de gestión adaptándolo a la realidad sociodemográfica.
A juicio del Ejecutivo, la actual normativa, con más de treinta años de vigencia, requiere una modificación especialmente de los aspectos que pueden comprometer la viabilidad de la actividad, con lo que pretende adecuar los pliegos de condiciones para la concesión de los cotos y garantizar el equilibro entre la custodia del territorio y la dinamización del tejido socioeconómico de las zonas rurales.
Así el director general del Medio Natural y Planificación Rural, David Villar, propuso al Consejo Regional de la Caza otorgar más puntuación a las sociedades con mayor arraigo y tradición, así como por adecuar el número de efectivos de la Guardería del Medio Natural a la superficie gestionada, mejorando la vigilancia y seguridad de la práctica cinegética, informa Efe.
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