.jpg)
"Por lo tanto, por favor, señores políticos, dejen fuera de la política a los vigilantes de seguridad privada e inclúyanlos dentro de la ley"
En febrero de 2020, antes de que todo el mundo girara en torno a un virus conocido como SARS-COV-2, la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela: Delcy Rodríguez, hizo escala en Madrid durante un viaje hacia Turquía. Las sanciones impuestas por la Unión Europea contra dirigentes del Gobierno de Nicolás Maduro afectaban totalmente a la “número dos del régimen venezolano”. Sobre el papel, Delcy Rodríguez tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y por tanto: no podía entrar en España, bajo pena de ser detenida por las autoridades. No solo el vuelo llegó a España, sino que aterrizó y fue recibida por el Gobierno de nuestra Nación.
Una vez destapado por los medios de comunicación y valoradas las confusas declaraciones del gobierno actual, la población en general se daba cuenta que algo no cuadraba en el asunto. Rápidamente, empezó la necesidad de crear un chivo expiatorio para cerrar el asunto. Evidentemente, analizaron en este caso quien era el eslabón más débil para cargarle las culpas, “que no las responsabilidades” y se procedió a despedir al vigilante de seguridad que se encontraba en el lugar y dio su versión ante notario.
En abril 2021, sumergidos en plena pandemia, nos encontramos nuevamente con otro asunto que afecta al Gobierno actual. Se han recibido sobres con amenazas de muerte y unas balas en sede de Ministerio que iban destinados a varios miembros del Gobierno. Una vez más, buena parte de la población percibe un trasfondo, cuando menos extraño, en el asunto y empiezan a realizarse preguntas lógicas sobre como es posible que esos sobres puedan llegar a su destino burlando, hasta en tres ocasiones, todos los controles de seguridad. Siendo conocedores de la gestión de Correos, que escanea todos los paquetes que recibe desde 2010, añadido a que nos encontramos en nivel 4 en materia de alerta antiterrorista.
Y, evidentemente, sabíamos que no tardaría en salir la noticia para explicar un fallo tan grave en seguridad. Sorpresa…. el vigilante de seguridad fue el que cometió los fallos y como solución inmediata: perdida de destino a petición de cliente, en este caso correos y veremos si no acaba con despido. Nada se sabe del vigilante de seguridad afectado, porque según la ley de seguridad privada no puede realizar declaraciones sin autorización de la empresa, por lo tanto, solo conocemos una versión de la historia. A la empresa se le anuncia un expediente, aunque todos sabemos que siempre es mejor un expediente sancionador que romper el contrato, por lo tanto, acepta el expediente y continúa facturando.
La sociedad ha empezado a empatizar con los vigilantes de seguridad, al comprobar que, tras estar diariamente en primera línea de trabajo desde que inicio la pandemia, no se les ha incluido en ningún grupo de vacunación. La sociedad ha empezado a empatizar al observar diariamente como son víctimas de amenazas y agresiones. La sociedad ha empezado a empatizar al observar diariamente no solo que realizan su trabajo con la mayor profesionalidad que la ley y la sociedad les permite, sino que además lo hacen por un sueldo de 1203,30 euros al mes brutos, lo que viene a ser aproximadamente 1.000 euros al mes que ingresan en sus casas.
La sociedad ha empezado a empatizar porque observan que el cliente en muchos casos para ahorrarse dinero y la empresa para quedarse con el contrato del servicio les sustituyen contratando auxiliares o les obligan a realizar una media de 60 o 70 horas extras al mes para ahorrarse la seguridad social de un trabajador cuando la ley permite un máximo de 80 horas al año. Evidentemente, hay muchas empresas de seguridad privada que miran por el trabajador y respetan todos los convenios y normativas que sobre ellos son aplicables y en reuniones que desde POLITEIA mantenemos con estas empresas son las primeras interesadas en legislar para establecer medidas de control, así como actualizar la actual Ley de seguridad Privada y sacar del cajón el nuevo reglamento de seguridad privada redactado en 2018 y pendiente todavía de aprobación en mitad del 2021.
Lo triste es que se tenga que llegar a todas las situaciones antes mencionadas para empatizar con un colectivo de más de 85.000 profesionales que lo único que quieren es que se les reconozca algo tan básico como mayor protección jurídica ante las agresiones, un sueldo digno para poder vivir y un mínimo de, lo que en este país casi no se conoce, el llamado salario emocional. Por lo tanto, por favor, señores políticos, dejen fuera de la política a los vigilantes de seguridad privada e inclúyanlos dentro de la ley.
Miguel Ángel Fernández Caballero es Tesorero y Director de Seguridad Privada de Politeia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario