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18 de octubre de 2023

Igualdad adjudica a Vodafone y Securitas las pulseras antimaltrato por 42 millones

Vodafone y Securitas Seguridad España se unen en un contrato para la implementación de un sistema de seguimiento telemático para el cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y sexual.

Esta adjudicación hecha por el Ministerio de Igualdad esta también financiada por la Unión Europea, tiene un valor estimado de 42 millones de euros y tendrá una duración de tres años. Vodafone ha diseñado la parte tecnológica de la propuesta, que incluye el procesamiento de datos de conectividad y de comunicaciones para los dispositivos, el desarrollo de la aplicación instalada en los smartphones y la plataforma que gestiona todo el servicio.

La propuesta hecha por Vodafone y Securitas Seguridad ha destacado por contribuir a una menor estigmatización de las víctimas (que solo han de llevar un teléfono móvil); por la duración de la batería, capacidad de almacenamiento de datos y resistencia de los dispositivos que componen el servicio (que serán ‘rugerizados’, es decir, diseñados para soportar condiciones extremas); así como por la disponibilidad de otros sistemas de localización diferentes al GPS.

Novedades tecnológicas de Vodafone y Securitas para aumentar la seguridad de las víctimas

-Los dispositivos que se utilizan dentro del servicio serán de 2 tipos: un smartphone para agresor y víctima y una pulsera/tobillera solo para el agresor.

-Otra de las novedades que incorpora el servicio es la posibilidad de asignar un botón del pánico para las víctimas, un dispositivo que les permitirá emitir una alerta con un breve toque y sin necesidad de sacar el smartphone en ningún momento.

-Securitas Seguridad España gestionará, dentro de su Securitas Operation Center (SOC), un centro de control dedicado en exclusiva y especialmente securizado, para tramitar las señales de estos dispositivos en permanente colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con los juzgados que gestionan la aplicación de esta medida de protección a las víctimas.

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