Los retrasos en el pago de prestaciones de la Seguridad Social, como los referidos a los permisos de paternidad, maternidad o pensiones de viudedad, se han reducido algo en los últimos meses pero siguen produciéndose en numerosas provincias ante el colapso de la plantilla por la falta de personal y la mayor carga de trabajo. Los sindicatos dan un ultimátum para que el Ministerio de la Seguridad Social dé una solución o amenazan con movilizaciones y huelga.
Esta es la situación que siguen padeciendo los trabajadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y miles de usuarios y que viene prolongándose desde hace meses, a pesar del comunicado conjunto del pasado mes de junio de las organizaciones sindicales –CSIF, CCOO y UGT– que advirtieron del inicio de un proceso de movilización que concluirá con la convocatoria de una huelga, cuya amenaza se mantiene, si el Gobierno no cumple con los acuerdos alcanzados y refuerza la plantilla.
“En algunas provincias los retrasos están basten mejor y entras rematadamente mal”, explica a Economía el secretario general de la Sección Sindical Estatal de Seguridad Social de FSC-CCOO, Ignacio Galán, quien mantiene la intención sindical de luchar por el refuerzo de la plantilla, de forma que no se descartan ni movilizaciones ni huelga si el Ministerio no convoca pronto para avanzar en el refuerzo.
Lo cierto es que los sindicatos llevan meses denunciando la situación de colapso de la Seguridad Social con motivo de la pandemia, en la que se ha llegado a situar a vigilantes de seguridad en las puertas con instrucciones concretas para lo accesibilidad a los centros de trabajo y se ha impuesto medios telemáticos sin tener en cuenta si la ciudadanía disponía de ellos. Ese colapso se habría reducido pero aún continua la “saturación” y el “riesgo de cronificación” ante el envejecimiento de la plantilla y la falta de renovación del personal.
Con todo, las organizaciones sociales mantuvieron ya dos encuentros a finales del año pasado con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el fin de abordar el déficit de plantilla y quedaron emplazado a una nueva reunión a finales de diciembre que se ha ido posponiendo. Fuentes conocedoras de los contactos confirman a Economía Digital que el Ministerio prevé citar a los sindicatos la próxima semana tras haber postergado la negociación con motivo de la reforma de pensiones.
Mejoran los tiempos pero continúan los retrasos Desde el Ministerio aseguran a este medio que “se están mejorando los medios”, tanto de prestaciones de maternidad como de otro tipo, incluyendo las pensiones. Los últimos datos facilitados hasta el mes de septiembre del año pasado apuntaban a que el tiempo medio de resolución de una solicitud de pensión de jubilación era de 19,97 días. Sin embargo, fuentes sindicales de UGT y CCOO atestiguan que se están produciendo demoras de dos y tres meses en determinadas prestaciones en algunas provincias, como las de paternidad y maternidad. Desde CSIF apuntan que en la Comunidad Valenciana, uno de los sitios con peores datos de demora, se encuentra ya dentro del límite de los dos meses que establece la norma para resolver las prestaciones y se ha logrado ahí un servicio “bastante normalizado”.
Con todo, miles de usuarios no dejan de denunciar en las redes sociales lo retrasos que están sufriendo en el cobro de sus prestaciones, sobre todo de maternidad y paternidad. La situación fue especialmente delicada en provincias como Madrid a finales del año pasado cuando se acumulaban hasta seis meses de retraso, aunque ahora se habría logrado reducir a entorno tres o dos meses, algo que los sindicatos siguen calificando de “barbaridad” por la asfixia económica que supone a las familias, obligadas a recurrir a sus ahorros, lamentan desde UGT.
Sin ir más lejos, UGT Servicios Públicos Canarias ha denunciado el colapso actual que se vive en las oficinas de la Seguridad Social en las Islas, provocando retraso en las prestaciones., agravada con la creación de nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital, cuyas solicitudes se acumulan ante la incapacidad de dar respuesta por la falta de personal. Los datos oficiales apuntan que solo hay 13 trabajadores por cada 100.000 habitantes, frente a los 33 de media del resto del territorio.
Desde el Ministerio de José Luis Escrivá explican que la situación provocada por la pandemia en 2020, en la que durante un periodo de tiempo las oficinas de atención al público permanecieron cerradas y la plantilla del INSS trabajó en modalidad no presencial, con medios de teletrabajo insuficientes en ese momento para permitir el desarrollo normal de la actividad, tuvo el “lógico impacto” sobre la gestión, provocando retrasos en el reconocimiento de las prestaciones que la entidad arrastra desde entonces.
No obstante, aseguran que el plazo medio de resolución del nacimiento y cuidado de menor se ha reducido (7,58 días con el último dato de septiembre desde la recepción del último documento por parte del ciudadano), pero precisan que hay que tener en cuenta que las empresas son las que deben enviar al INSS el certificado correspondiente para poder tramitarse, debe recibirse información completa y puntual del Registro Civil; y las nóminas son semanales, de manera que los pagos que no han entrado en una nómina deben esperar a ser incorporados en la siguiente.
Además, no interviene el INSS solo, sino también la Intervención General de la Seguridad Social para la fiscalizacíon, la Tesorería General de la Seguridad Social para transmitir la información a las entidades financieras y los bancos para poner el pago a disposición de sus clientes, consumiéndose en este proceso un “inevitable periodo de tiempo“. Con todo, el tiempo de trámite de esta prestación y otras no es homogéneo en todas las provincias, dado que las más deficitarias de personal encuentran mayores dificultades para absorber su volumen de entrada, como ocurre en el caso de Madrid.
La situación de la Seguridad Social de saturación es muy similar a la del SEPE, con una plantilla saturada tras la avalancha de los ERTE, para lo que se contrataron 1.500 interinos, que concluyeron su contrato al término del año pasado, si bien el Gobierno aprobó a posteriori un refuerzo de 926 efectivo, “insuficiente para los sindicatos. De cualquier forma, en lo referido a la Seguridad Social, la entidad está tratando de superar las dificultades intentando recuperar los plazos de resolución previos a la pandemia, aseguran desde el Ministerio, que explican que para ello se han adoptado medidas relacionadas con la automatización de procesos y simplificación de trámites de los ciudadanos que permitan una reducción de cargas de trabajo con el fin de agilizar la gestión.
Así, se ha creado un nuevo servicio sin certificado digital que facilite la presentación de las solicitudes a los ciudadanos, de manera que ni la falta de identificación electrónica ni la dificultad coyuntural para obtener cita presencial sea un escollo a estos efectos. Se ha dotado a la plataforma que sustenta estos nuevos servicios de un sistema que facilita y agiliza la gestión interna de las solicitudes por parte d ellos funcionarios. A ello se suma la puesta en marcha de un servicio de prestación de solicitudes a través de representante con identificación electrónica en el portal ‘Tu Seguridad Social’, de forma que a través de una persona de confianza pueda beneficiarse de las ventajas del sistema, junto a una campaña de comunicación a las empresas del uso por su parte del servicio por representante e solicitud de nacimiento y cuidado de menor de sus trabajadores.
En cuanto al pago de la prestación, se ha establecido la generación semanal de nóminas, con la finalidad de adelantar el pago de la prestación, pues antes era mensual, y se ha llevado a cabo un reparto de cargas entre provincias, de manera que las que menor carga de trabajo soportan ayudan a las que cuentan con mayores dificultades en el trámite de sus expedientes.
Refuerzo de al menos 3.000 efectivos: el 80% de la plantilla tiene más de 50 años Lo cierto es que el propio Ministerio es consciente y admite el déficit de plantilla generado en los últimos años, en los que se ha producido una reducción del 10% de los efectivos desde los 30.000 que había en el año 2011 a los apenas 25.000 del año 2020 por una “exigua” tasa de reposición. Ello ha producido un fuerte envejecimiento de la plantilla, y la edad media de la plantilla es actualmente de 55 años. Un 10%, en torno a 2.600 personas, se van a jubilar en los tres próximos años, por lo que si no se toman medidas se agravará la situación.
Solo un 5% de la plantilla es menor de 40 años, apuntan desde el Ministerio. Galán (CCOO) califica de “desastre” la situación y reclama al Ministerio de Seguridad y Función Pública que aborde ya el déficit de plantilla, que cifran en un mínimo de un refuerzo de 3.000 personas inmediato, a pesar de que la relación de puestos de trabajo es de 35.000 personas y la plantilla actual está compuesta por 25.000. Incide sobre todo el portavoz de CCOO en el dato de que más del 80% de la plantilla tiene 50 años o más, por lo que si en 15 años no se renueva el personal apenas quedaría un 15% de plantilla. A ello se suma la asunción de la prestación del ingreso mínimo vital (IMV), para lo que se contrataron 1.050 interinos a los que les queda año y medio que, en caso de no renovarse, agravaría la situación de sobrecarga laboral.
El Ministerio mantiene por su parte que “se está trabajando con mucho empeño en paliar esta situación” y “desde 2020 se está intentando reforzar la plantilla“, teniendo “muy presente” la recomendación número 8 del Pacto de Toledo, que se refiere a la recuperación y renovación de plantilla, y que se busca vaya acompañada de una mejora en la eficiencia de la gestión.
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