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El ISM, la Seguridad Social de los marinos, adjudicó servicios a la empresa aunque debiera 1,2 millones y los trabajadores no han llegado a cobrar ninguna nómina
El Estado siguió contratando a Mersant, la empresa de vigilancia y seguridad privada que debe varias nóminas a decenas de trabajadores gaditanos, incluso tras incluirla en la lista de morosos. De hecho, la compañía asumió los servicios de vigilancia y seguridad de otro organismo público, el Instituto Social de la Marina (ISM) de la Casa del Mar, hace apenas un mes, cuando ya debía varias nóminas a los empleados de la Tesorería General de la Seguridad Social o los ayuntamientos de Chiclana y Cádiz, entre otros.
Estas administraciones públicas argumentaron que no conocían los problemas financieros de Mersant cuando adjudicaban los contratos. Los sindicatos advertían que la oferta era temeraria y que llegarían los problemas, pero oficialmente la compañía señalada como «pirata» estaba al día con Hacienda y Seguridad Social. Sin embargo, la última entidad en contratar sus servicios de vigilancia y seguridad, el ISM, adjudicó el contrato cuando Mersant incluso aparecía oficial y públicamente en la lista de morosos con una deuda de 1,2 millones de euros a Hacienda.
La compañía asumió la vigilancia del edificio de la Casa del Mar, actual sede de este organismo del que depende la Seguridad Social de los marinos, el pasado mes de enero. Lo hizo por 174.953,02 euros, casi cuatro veces menos que el valor estimado del contrato.Concentración de los empleados a las puertas del Parlamento andaluz, la semana pasada. Los cinco trabajadores afectados en estas dependencias ni siquiera han cobrado la primera nómina y se han unido a los centenares de afectados en toda España. El conflicto ha derivado en varias manifestaciones exigiendo acabar con las contrataciones a la baja en la administración pública, de la que empresas como Mersant obtienen la mayor parte de sus ingresos.Los vigilantes de la Casa del Mar se unen a los cientos de afectados; piden acabar con las contrataciones a la baja de las que viven las «empresas piratas» del sector
La Dirección Provincial del ISM reconoce que conoció el conflicto cuando los sindicatos remitieron hace un mes un artículo de prensa. Los trabajadores han mantenido reuniones con los técnicos, a los que agradecen su ayuda, y la delegación en Cádiz del ISM ha puesto la situación en conocimiento de los servicios centrales, aunque aseguran, al igual que el resto de entidades contratantes, que se ajustaron en todo momento a la ley de contratos y sus requisitos. La Dirección Provincial del ISM considera que «en el momento preceptivo del acuerdo, es decir, con carácter previo a la adjudicación, comprobó el cumplimiento de los requisitos –estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social– con resultado positivo». Sin embargo, la ley de contratos del Sector Público especifica que la empresa también debe estar al corriente de pago «en el momento de perfección del contrato». El servicio se adjudicó en septiembre y se formalizó en octubre. Mersant llevaba en la lista de empresas morosas desde agosto.
Empresas pirata La Tesorería de la Seguridad Social, otro de los organismos que contrata a Mersant, insistió recientemente en que los mecanismos de contratación actuales «son muy restrictivos respecto a los criterios de adjudicación a utilizar», es decir, que la normativa, que pretende facilitar la libre competencia, dificulta evitar que este tipo de empresas accedan a contrataciones públicas. Sindicatos y asociaciones del sector piden un cambio en la ley para impedir que los organismos públicos den cabida a lo que califican como «empresas piratas». «Se modificó la ley y comenzaron a aparecer empresas que ofertando los concursos públicos a la baja obtenían la adjudicación de dichos servicios, habida cuenta de que la propia redacción del pliego premia y puntúa sobre manera la oferta más barata», resumen.
El Ayuntamiento ya valora rescindir el contrato El Ayuntamiento de Cádiz fijó en el pasado viernes el ultimátum para Mersant: o abonaba la nómina a los empleados municipales o rescindirían el contrato. El Consistorio abonó el miércoles más de 116.000 euros a la empresa «previo levantamiento del embargo que pesaba sobre la empresa para asegurarnos así que pagarían la nómina a los trabajadores de Cádiz», según explicó el edil de Seguridad Ciudadana, Demetrio Quirós, quien buscó «el compromiso expreso por parte de Mersant de que con carácter inmediato iba a abonar las nóminas a los trabajadores del servicio municipal de Cádiz». Al cierre de esta edición, los vigilantes seguían sin recibir el pago y acumulaban tres meses sin cobrar. Esta situación permitiría al Ayuntamiento poner en marcha en los próximos meses un pliego de emergencia que permita sustituir el actual y acabar la relación con la empresa sin que los edificios municipales se queden sin servicios de vigilancia y seguridad.
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