Exigen “valentía” a las instituciones gaditanas que tienen contratada a la empresa “pirata” Mersant para “pagar directamente a los vigilantes”

El Sindicato Profesional de Vigilantes ha instado a los diferentes organismos públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant, que ha dejado de abonar las nóminas a sus plantillas en diferentes servicios (como en los ayuntamientos de la capital gaditana y de Chiclana) a “asumir con valentía y pagar directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”. Se lamenta que “contratar barato, y a una empresa pirata, resulta al final caro”. En la provincia hay un centenar de vigilantes afectados.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) entiende que “a quien no respeta la ley no hay por qué respetarle nada” y por ello insta a los diferentes organismos públicos con contratos en vigor con la empresa Mersant Vigilancia (y otras como Seproalert), que ha dejado de abonar las nóminas a sus plantillas en diferentes servicios en la provincia de Cádiz (y en otros puntos del país) a “asumir con valentía y pagar directamente a sus vigilantes, aunque les denuncien”.

“Si la justicia es lenta para nuestras demandas, también será lenta para los piratas; cuando hayan desaparecido ya no podrán exigir el pago de sus facturas pendientes de cobro. Estamos hasta ahí de mentiras, dilaciones y engaños”, subraya indignado este sindicato en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. Precisamente con motivo de exigir el pago de los salarios adeudados y las cancelaciones de los contratos, el SPV está organizando para el 7 de febrero una concentración a las puertas del Parlamento andaluz, “donde registraremos nuestras pretensiones”. Saldrán autobuses a disposición de este personal afectado (un centenar en la provincia gaditana) y sus familiares desde Jerez.

Actualmente, los trabajadores de Mersant viven una situación “desesperada y sobre todo, sin esperanzas de solución”. Dicha empresa de vigilancia dejó de abonar las nóminas en diciembre. Trabaja en la provincia en diferentes dependencias públicas, entre otros para los ayuntamientos de Cádiz y Chiclana (que ya han anunciado que, como es lógico, no prorrogarán el contrato con esta firma una vez que finalice el mismo –en la capital hay unos 70 afectados, y en Chiclana 13-), distintas consejerías, dependencias y organismos de la Junta de Andalucía, algunos juzgados, o el Instituto Nacional de la Seguridad Social. “Hay centros y trabajadores pasándolo realmente mal porque -subraya este sindicato- unos empresarios piratas decidieron quedarse con el dinero de sus trabajadores para enriquecerse ellos y así llevar un tren de vida a costa de nosotros, mientras que quienes les contratan ahora miran para otro lado y carecen de la valentía necesaria de cancelarles de inmediato los contratos, alegando que hay que cumplir las fechas de terminación”.

“LAS CONSECUENCIAS DE CONTRATAR UNA EMPRESA PIRATA” “Cuando una empresa empieza a dejar dinero a deber a sus trabajadores y no abona las nóminas, todos empezamos a ponernos nerviosos, los primeros sus empleados, que ven como la presión empieza a caerles encima y a quitarles el sueño”, evidencian desde el SPV. E incide en que al final no sólo afecta a estos empleados y sus familiares, “sino también a los clientes, que en estas circunstancias empiezan a tomar constancia de las consecuencias de haber contratado a una empresa pirata”.

“Ahora sale a luz y da la cara, contratar barato resulta al final caro, y además cuando culpan a la empresa contratada (nosotros pagamos dicen ellos) ya no les creemos por algo muy sencillo: se les advirtió, se le dijo en ésta y en la anterior empresa Kappa Seguridad, que también presentó quiebra y dejó en manos del Fondo de Garantía Salarial a los trabajadores”, se sentencia.

FUENTE: www.diariobahiadecadiz.com AQUÍ