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De los 25 centros de salud que hay en la ciudad, siete cuentan con vigilancia privada y seis tienen cámaras en zonas de tránsito, según los datos ofrecidos por la Delegación
El incremento de las denuncias verbales y físicas a profesionales sanitarios en las últimas semanas en los centros de salud muestra una realidad silenciada hasta el momento y que sindicatos y la administración pública quieren que cambie facilitando todos los medios a disposición del profesional. Unas notificaciones que permitirán al Servicio Andaluz de Salud (SAS) elaborar un mapa fiable de los centros donde podría ser necesaria modificar la cobertura de seguridad privada y de otras medidas. El director del Distrito Málaga-Valle del Guadalhorce, José Luis Gutiérrez, explicó que la configuración de las medidas que hay en los centros sanitarios -25 en el Distrito Málaga- están en continua revisión y «se valoran modificaciones o ampliaciones en caso de que se evidencia necesidad a partir de los registros de siniestralidad».
«La mejor manera de luchar con este tipo de situaciones es denunciarlas y llevarlas hasta sus últimas consecuencias y hacer visible la repulsa unánime de todo el sistema sanitario», detalló José Luis Gutiérrez. La última concentración tuvo lugar ayer a las 12.00 horas en todos los centros de salud del Distrito Málaga tras la agresión verbal a los profesionales que asistieron en una vivienda de El Palo a un paciente y los desperfectos que provocó a la ambulancia que les transportaba tras ser atacada por un familiar con el palo de una sombrilla. Una concentración a la que se unió la gerencia del Distrito Centro, tras ser convocada por el Sindicato Médico como repulsa a los últimos hechos ocurridos en la mañana del lunes.
Seguridad privada Siete de los 25 centros de salud de la capital cuentan con seguridad privada, una cobertura que llega a los centros de salud de La Luz, Puerto de la Torre, Palma Palmilla, Trinidad, Victoria, San Andrés y El Palo. Además, hay seis centros que cuentan con cámaras de vigilancia en zonas de tránsito. En concreto, los centros de Puerto de la Torre, Miraflores, Palma Palmilla, Ciudad Jardín, Puerta Blanca y Capuchinos. Unas medidas que se integran dentro del Plan de prevención y atención de agresiones que elaboró en 2005 la Consejería de Salud y que tuvo en cuenta diversos criterios para determinar la presencia de seguridad privada como informó la propia Delegación de Salud. Unos criterios que tuvieron en cuenta cuestiones relacionadas con la estructura del centro (tamaño y número de puertas de entrada y salida, entre otros aspectos; la tasa de siniestralidad relacionada con robos; la tasa de siniestralidad relacionada con agresiones y que el centro de salud fuera un punto de dispensación de metadona. Además de estas medidas, el plan cuenta con asistencia jurídica, apoyo psicológico, formación y otro tipo de actuaciones para prevenir o minimizar las posibles agresiones.
El vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico, José Antonio Becerra, indicó que los criterios para determinar si un centro de salud debe tener seguridad privada o no deberían actualizarse ya que «se producen agresiones en cualquier centro de salud». Aún así, puntualizó que de todas las denuncias llevadas a cabo en los últimos meses, ninguna ha tenido lugar en los centros que cuentan con seguridad. «Creo que hay un factor que es el económico que no lo mencionan y lo tienen muy en cuenta», matizó. Otro de los puntos que quieren modificar está relacionado con los datos necesarios a la hora de denunciar. «Se solicita el nombre y apellido del profesional e incluso su dirección. Para eso estamos llegando a un acuerdo para que pongan la del Distrito», explicó Becerra; una información que quieren que sea sustituida por el número de colegiado del profesional o su número nominal ante el miedo a posibles represalias que se genera entre los profesionales.
Datos de agresiones
En el año 2017 se registraron en la provincia un total de 221 agresiones a profesionales pertenecientes a la sanidad pública, un dato que sitúa la tasa de agresiones por número de profesionales en 13,2 casos por 1.000 profesionales, según los datos facilitados por la Delegación de Salud. Además, durante el ejercicio pasado el SAS logró en la provincia 27 sentencias condenatorias, de las cuales, cinco han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias. Además la asesoría jurídica del SAS realizó 28 asistencias letradas a profesionales de víctimas de agresiones. Unas cifras que desde el Sindicato Médico advierten que no reflejan la realidad y que aumentarán de cara al próximo año, ante el apoyo a los profesionales para que se denuncie todo tipo de conductas. «Solo en las últimas cuatro semanas han tenido lugar siete agresiones», puntualizó José Antonio Becerra al contabilizar todos los profesionales afectados en los últimos episodios en los centros de salud de El Palo, Ciudad Jardín o Campanillas.
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