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Un dictamen del Tribunal Administrativo obligó a Ortega a adjudicar el servicio a la empresa Sinergias, pese a incumplir el pliego
El gobierno municipal inició el pasado mes de junio el proceso para rescindir el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los centros de acogida de personas sin hogar, porque la empresa adjudicataria Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. (SVS) está pagando a los trabajadores sueldos inferiores a los que establece el convenio laboral estatal que rige para el sector. Un dictamen del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma obligó al Ayuntamiento a adjudicar el servicio a la empresa Sinergias, que obtuvo la mejor puntuación, pese a que incumplía el apartado 5.2 del pliego de condiciones técnicas del contrato, que establece la obligatoriedad de pagar sueldos de una cuantía igual, como mínimo, a los que fija el convenio estatal de los vigilantes de seguridad.
El Ayuntamiento excluyó por esa razón a esta empresa y a MAR Seguridad Privada del concurso que convocó para cubrir el servicio, pero la asociación empresarial Acosepri recurrió y el Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma le dio la razón y obligó al Ayuntamiento a repetir el concurso, incluyendo a estas dos empresas, que han sido denunciadas de manera reiterada por los sindicatos, que las denominan empresas piratas, por pagar a sus vigilantes sueldos basura, por debajo o al límite del salario mínimo. La mesa de contratación había decidido adjudicar el concurso a la empresa Alcor, pero nunca llegó a hacerse efectivo, porque según el concejal de Cohesión Social, Jacinto Ortega, el proceso quedó paralizado desde el momento en que la empresa recurrió su exclusión de la licitación.
El Tribunal Administrativo consideró que el pliego del concurso que establece que los sueldos deben respetar el convenio estatal "sólo obliga al adjudicatario" del servicio, no a las empresas que presentan ofertas al concurso.Este dictamen del órgano de mediación del Gobierno canario propició que el concurso lo ganara la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad (SVS), porque fue la que obtuvo mayor puntuación. Así las cosas, el Ayuntamiento adjudicó el servicio el 29 de diciembre de 2017 a Sinergias y el contrato se firmó el pasado 24 de enero. La empresa comenzó a encargarse de la vigilancia de los tres centros de acogida el uno de febrero de 2018, cuando sustituyó a Seguridad Integral Canaria, la anterior adjudicataria del servicio.
Según consta en el expediente incoado, la Coordinadora Provincial de Seguridad Privada de Intersindical Canaria denuncióel pasado 20 de marzo que SVS estaba abonando unos salarios inferiores en unos 250 euros mensuales a lo que establece el convenio estatal. La Concejalía de Cohesión Social envió un escrito a la empresa el pasado abril, requiriéndola a pagar a los trabajadores en los plazos y cuantías previstos en el pliego del contrato. A raíz de la respuesta de Sinergias, que considera que no hay ningún incumplimiento, el servicio de Contratación incoa el expediente para la resolución del contrato.
El concejal Jacinto Ortega resaltó que los contratos que afectan a su departamento y adjudicados durante este mandato exigen el cumplimiento obligatorio de los convenios colectivos estatales y sus tablas salariales. Ortega indicó que Sinergias "tiene la opción de pagar lo establecido en el convenio" si quiete mantener el servicio. Añadió que se ha enviado la resolución municipal al Tribunal Administrativo para que avale la resolución. Según Intersindical, tanto Seguridad Integral Canaria como Sinergias y Marsegur pertenecen a la patronal, Acosepri, integrada por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez.
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