Su empresa, contratada por la Junta hace un año, entra en concurso de acreedores
Los cuatro vigilantes que se encargan de las labores de seguridad del Museo Íbero de Jaén acumulan dos nóminas sin cobrar. La empresa que contrato la Junta hace catorce meses ha entrado en concurso de acreedores y no les paga.
La mercantil tampoco hace frente a unos atrasos derivados de la aplicación indebida de su convenio colectivo: “Estamos desesperados, porque nadie nos da una solución”, afirma Francisco Javier Collazo, uno de los afectados. Otro de sus compañeros acaba de recibir la baja médica, tras sufrir un fuerte cuadro de ansiedad. Fuentes de la Administración autonómica aseguran que los impagos a los vigilantes “es un problema heredado”, que actualmente está en manos de la Justicia y al que tratarán de buscar una salida siempre y cuando, “la ley lo permita”.
La situación, desde luego, es kafkiana. Los cuatro empleados prestaban sus servicios para las empresas Eulen y, posteriormente, para Grupo Control. “Allí todo iba bien”, relata Collazo. No obstante, en marzo de 2018, apenas un trimestre después de la apertura del Museo Íbero, la Junta de Andalucía adjudicó el contrato a la sociedad Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Una de las condiciones es que se quedara con la plantilla de trabajadores que estaba prestando el servicio en el edificio jiennense. Desde esa fecha, los cuatro vigilantes comenzaron con la nueva empresa, que les aplicó su propio convenio colectivo y no el de ámbito nacional. Esa medida, en la práctica, supuso una reducción de casi 500 euros en la nómina.
Los empleados acudieron a los tribunales y todos han conseguido que la Justicia les dé la razón. La empresa ha sido condenada a pagarles los atrasos por esa diferencia de salario a la hora de aplicar el convenio colectivo: “En mi caso son casi 6.000 euros”, explica Collazo. La situación se ha complicado todavía más en las últimas semanas, ya que la empresa que los tenía contratados, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, ha entrado en concurso de acreedores, es decir, en situación de quiebra, por lo que pasará a ser dirigida por una administración nombrada por un Juzgado de lo Mercantil. En ese compás de espera, los trabajadores no han recibido sus dos últimas nóminas, a lo que se suma los anteriores atrasos: “Es que la deuda que se está generando es muy grande. Hay familias que ya no podremos resistir mucho más”, razona Javier Collazo.
La Junta aclara que debido a que la empresa está en concurso de acreedores tiene poco margen de maniobra: “Este Gobierno encontró ese contrato con esa mercantil para prestar el servicio por lo que es otro problema heredado. La ley establece que un administrador concursal es quien tiene que gestionar la empresa y realizar los pagos, por lo que hay que ser respetuoso con lo que nos dicta la normativa”, dicen fuentes de la Administración autonómica. No obstante, añaden que se ha revisado el contrato, que vence en agosto, y que están estudiando si existe alguna fórmula para solventar el problema que tienen estos trabajadores, “siempre dentro de la ley y de los márgenes que esta nos permite”. La Delegación de Cultura asegura entender la reivindicación de los empleados, pero advierte: “Actualmente el único competente en esta materia es el administrador concursal nombrado por el juez”.
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