Algunos jueces, fiscales, abogados, armeros y joyeros cuentan con un permiso para portar armas cortas en caso de sufrir una amenaza
Antonio Galán enseña una 9 milímetros Parabellum. Es el propietario de una armería ubicada en Cáceres y acaba de entrar en el almacén de su tienda para mostrar esta pistola que muy pocos extremeños han tenido alguna vez entre sus manos. Se trata de un arma corta de fuego que para portarla es necesario disponer de una licencia tipo B, la que se otorga a quienes acreditan un grave riesgo de ser amenazados y tras la aprobación del Gobierno y de la Guardia Civil. En la región hay 121 personas que pueden tener pistolas o revólveres para su autodefensa, según los datos facilitados a HOY por la Delegación del Gobierno de Extremadura. De ellos 64 son de la provincia cacereña y 57 de la pacense.
Normalmente la licencia tipo B suelen tenerla abogados, jueces, fiscales, joyeros y armeros, aunque hay otras personas que por razones de trabajo o de seguridad personal consiguen hacerse con una. Las guardan en su casa, en sus negocios e incluso pueden llevarlas por la calle. El personal del Ejército, los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Servicio de Vigilancia Aduanera no se incluyen en este tipo de licencias, sino que deben obtener la A. Tampoco les afecta a los vigilantes de seguridad y de explosivos, escoltas privados y guardas rurales, que deben hacerse con la tipo C.
Desde la Guardia Civil puntualizan que «la concesión de la licencia tipo B está muy restringida». De hecho, en España en el año 2018 había en vigor 8.459 licencias. Son pocas si se comparan con los tres millones de armas registradas que pertenecen a 1,1 millones de ciudadanos. La mayoría las utilizan para la caza mayor y menor, el tiro olímpico o el coleccionismo. «En 20 años que llevo en este negocio no he vendido más de diez armas para licencia tipo B. Además, desde hace una década es mucho más restrictivo», afirma Galán, quien aclara que no hay que confundirla con la tipo F, que es únicamente para tiro deportivo y, aunque permite adquirir una pistola o revólver, no pueden llevarla encima ni tenerla en el negocio. Exclusivamente las deben utilizar en instalaciones deportivas adecuadas (campos de tiro) y en el caso de guardarlas en casa siempre tienen que estar dentro de un armero homologado.
«Para conseguir la licencia B hay que probar con detalles la existencia de riesgo especial y de necesidad. Por ejemplo, no se conceden únicamente por el hecho de ser joyero, pero sí tienen posibilidades de obtenerla si hacen muchos traslados portando cantidades elevadas de dinero y han sufrido atracos», matizan en la Guardia Civil. Apuntan a que son muy pocos los que la solicitan y que normalmente se suelen tener en cuenta aspectos como la ciudad en la que es necesario acreditar la seguridad. «Por ejemplo, en Madrid habrá más peligro para un joyero que en Cáceres y Badajoz», destacan las mismas fuentes.
Mercado ilegal Simplemente basta con teclear la palabra revólver o pistola en un buscador de Internet y aparecen numerosas páginas anunciando armas en venta de particulares. «En Extremadura es menos común, pero si te pones dos días en la Puerta del Sol al segundo ya te están ofreciendo un arma corta», apunta un profesional del sector de la armería que prefiere no revelar su nombre. Contra ese mercado ilegal también luchan desde la Guardia Civil, que es el cuerpo que se encarga de dar el visto bueno para otorgar licencias tipo B. Éstas solamente podrán ser expedidas a los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de edad.
Para ello tienen que presentar en la Intervención de Armas y Explosivos de la residencia del titular la correspondiente solicitud con una fotocopia del DNI e ingresar las tasas. Además, es necesario aportar el certificado de aptitudes psicofísicas expedido por un centro de reconocimiento oficial y la memoria en la que se haga constar los motivos que fundamenten la necesidad de la posesión de un arma corta, así como las pruebas necesarias para su justificación. También deben entregar un certificado de antecedentes penales y sobre violencia de género. Una vez recibida la petición, se remite a la respectiva Delegación del Gobierno, que elabora un informe para que la Dirección General de la Guardia Civil dé o no el visto bueno. Si se concede tendrá una validez de tres años y durante ese tiempo deberá cumplir los requisitos que se le exigieron para su concesión.
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