Los Cortina se llevaron la mejor parte del pastel que ya asciende a 210,7 millones de euros
El 31 de mayo se vence el contrato de la privatización de la seguridad en las cárceles españolas, que se inició en 2013 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que se ha ido renovando desde entonces en diferentes fases.
La Secretaría de Estado ha confirmado que se prorrogará desde el 1 de junio hasta el próximo diciembre, pero no ha aclarado aún si seguirá apostando después por un modelo que rechazó el PSOE cuando estaba en la oposición. El argumento del ahorro y eficiencia en costes esgrimido por los defensores de la privatización ha sido desmentido por expertos en la materia y por la realidad de otros países como Estados Unidos y Reino Unido. El coste total de la privatización de la seguridad exterior en las cárceles desde 2012 asciende a 210.750.896 euros, incluyendo la prórroga aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, de 20.965.641 euros, según datos de la Consejería de Seguridad.
Este último contrato forma parte de la denominada cuarta fase de la privatización de ese servicio, comprendida entre junio de 2018 a mayo de 2019, por valor de 60.237.549 millones de euros, aprobada en el Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2018. En enero pasado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, anunció, en una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de ir rescindiendo poco a poco los contratos privados e ir cubriendo la seguridad exterior con policías y guardias civiles.
Funciones duplicadas Sindicatos de prisiones y asociaciones de la Guardia Civil, como la AUGC, consideran "un derroche" que el Estado dé dinero a empresas privadas porque sus vigilantes desempeñan actividades "duplicadas" respecto a las que ya realizan históricamente agentes de la Guardia Civil y en menos medida de la Policía Nacional, y creen que la única finalidad de los contratos es "crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada" que, por otra parte, pagan bajos suelos a esos trabajadores. Sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) difiere de esa opinión al defender que ese tipo de labores de seguridad sí deben ser realizadas por vigilantes jurados y no por policías, aunque recuerda que hay que hacer "las modificaciones legales adecuadas, ya que actualmente se está vulnerando la ley que establece que esas funciones corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado".
El SUP cree que no es una labor para policías El portavoz del SUP, Ramón Cosío, explica a este diario que los agentes deben ocuparse de otras actividades de mayor especialización, como la seguridad ciudadana o la investigación de delitos y rechaza que el modelo de privatización del servicio represente un derroche, porque el sueldo de un policía nacional es más alto que el de un trabajador de una empresa privada de seguridad.
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