"Las amenazas de muerte no me han limitado en mi trabajo"
Pedro Manuel ejerce como guarda rural de caza desde hace 22 años en la zona de Anaga y reconoce que dos décadas atrás había más infractores que ahora en los diversos cotos.
Pedro Manuel P.C. es guarda rural de caza en la zona de Anaga. En una época en que dicha actividad recibe importantes críticas desde un sector de la sociedad que defiende a los animales, dicho profesional debe tratar con cazadores de todo tipo y vigilar para evitar infracciones en los cotos de esa zona de Tenerife. Las denuncias a unos pocos de ellos le han acarreado amenazas de muerte, pero esas advertencias no le achantan a la hora de cumplir con su actividad laboral. Conoce la práctica de la cinegética desde que era un niño y ejercía como "morralero", es decir, ayudante del cazador. Y cuando tuvo los 18 años se sacó la licencia para desarrollar tal actividad. Le llamó la atención el trabajo del entonces guarda de San Andrés. Tras prepararse, acudió a una prueba realizada por la Guardia Civil y obtuvo la acreditación necesaria para actuar como vigilante en espacios privados de caza. Juró su puesto en el Gobierno Civil hace 22 años y su primer empleo estuvo en el coto de San Andrés.
Por aquella época, a los vigilantes rurales únicamente se les permitía trabajar en un único espacio. Pero, pasados algunos años, se permitió a estos profesionales ejercer como autónomos y controlar varios cotos. Y Pedro Manuel trabaja para varias entidades de caza. Tras más de dos décadas de experiencia, considera que la clave para hacer bien su trabajo consiste en "dedicar mucho tiempo al campo". Comenta que es incalculable el número de infractores que ha detectado en los espacios privados de caza. Pero recuerda que también está obligado a vigilar la propiedad de las sociedades que lo contratan, así como evitar daños a las personas.
Como ejemplo de esta última función, señala que, en una ocasión, detectó que en la zona de El Bailadero (Santa Cruz de Tenerife) un "pit bull" (perro potencialmente peligroso) tenía acorralados a dos alemanes. En aquella época portaba un palo con lazo para atrapar canes y no dudó en utilizarlo con eficacia, lo que evitó un más que probable ataque violento del animal. En numerosas ocasiones también ha participado en la búsqueda de personas desaparecidas, algunas de las cuales fueron localizadas cuando habían muerto, como un ciudadano suizo que fue hallado cerca de Igueste de San Andrés, o bien un cabrero cuyo cadáver se encontró en una pista forestal del municipio de La Laguna. Más recientemente, su testimonio resultó clave en un juicio en el que se condenó a dos jóvenes (que se identificaron como animalistas) por causar importantes daños en una propiedad (un antiguo estanque) del coto de San Andrés. Pedro Manuel oyó unos golpes y con sus prismáticos localizó su procedencia. El seguimiento visual y la activación de la Policía Local facilitó la captura de los acusados.
Desde sacrificios de animales hasta fuegos El guarda rural de los cotos de Anaga manifiesta que existen muchos cazadores que son buenas personas y muy educados. Pero reconoce que, dentro de ese colectivo, también hay unos pocos "muy conflictivos y difíciles de llevar". Comenta que "sí, me han llegado a amenazar de muerte e, incluso, con las armas de fuego" que llevan en ese momento los infractores. En esas ocasiones, el guarda rural solicita la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad para que intervengan. Sin embargo, los implicados han llegado a resistirse violentamente a los policías. Pedro Manuel señala que todos los individuos que le han amenazado posteriormente fueron condenados por un juez. Explica con seguridad que "eso no ha limitado mi independencia a la hora de trabajar en el campo". Está vinculado con el colectivo Marea Negra, que agrupa a vigilantes de diferentes ámbitos a nivel nacional, y colabora en algunos servicios con los guardas de la Federación de asociaciones para la gestión cinegética de Tenerife.
Este profesional dice que "antes había más infractores que ahora" en los espacios privados, "ya que el volumen de caza (conejos y perdices) era mucho mayor". Pedro Manuel asegura que las sanciones por las infracciones a la Ley de Caza se han endurecido considerablemente. Apunta que, hace dos décadas, una multa por introducirse ilegalmente en un coto se saldaba con unas 5.000 pesetas. En la actualidad, la normativa establece sanciones que pueden llegar, por ejemplo, a los 300 o 600 euros (50.000 o 100.000 pesetas, aproximadamente). Sus recorridos diarios por diferentes enclaves rurales de Anaga le han llevado, por ejemplo, a detectar muy diferentes situaciones curiosas, como la localización de personas que sacrifican animales en rituales, la colaboración con los bomberos para la localización y rescate de podencos o la activación de los bomberos por algún incendio. Explica que su relación con los servicios de emergencias y seguridad es muy buena.
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