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El portavoz de la APFP, Rafael Paniza, recuerda que los funcionarios de prisiones trabajan "a cara descubierta" con peligrosos delincuentes y defiende el rigor en los registros del acceso.
Los funcionarios de prisiones deben enfrentarse, diariamente, a los recursos que buscan los internos para, por ejemplo, comunicarse, dotarse de armas o consumir droga. En la cárcel de Alhaurín de la Torre, Instituciones Penitenciarias investiga el hallazgo de un paquete con droga y un móvil, así como si está relacionado o no con el vuelo previo de un dron sobre dicho centro malagueño. En Tenerife II, todavía no se ha detectado la presencia de drones. Por ahora, una de las últimas tendencias es la utilización de "minimóviles". Estos aparatos tienen una dimensión ligeramente superior al de la tapa de un bolígrafo "Bic". Con el uso de teléfonos de esas dimensiones, los presos y su entorno pretenden saltarse las medidas de seguridad. Buena parte de ellos se han encontrado en el registro a familiares en el control de acceso.
Durante el último año, en la principal cárcel de la Isla se han detectado más de una veintena de estos terminales. También se ha localizado algún móvil-reloj de la marca Apple. El portavoz de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), Rafael Paniza, explica que, por estas circunstancias, los registros a la entrada de las cárceles tienen que ser rigurosos y exhaustivos. Para Paniza, es fundamental extremar las medidas de seguridad y que no peligre la integridad física del personal ni de los internos, tanto por la introducción de objetos prohibidos como de sustancias estupefacientes. En cualquier caso, para defenderse o atacar algunos presos se "fabrican" diversos tipos de "pinchos" con madera, hierro o plástico.
Los funcionarios de prisiones pueden localizar este tipo de armas en diferentes lugares, como ventanas, colchones, almohadas o "caletas" (agujeros practicados en la pared y camuflados de diversa manera). No obstante, el representante de la APFP explica que alguno de estos efectos prohibidos también se ha intervenido a algún familiar antes de la visita. Paniza indica que, si a un interno se le requisa una de estas armas o un teléfono, le acarrea, generalmente, sanciones disciplinarias leves, graves o muy graves, que repercuten negativamente en los beneficios penitenciarios.
El portavoz sindical destaca "la difícil labor que realizan los funcionarios", que "somos el último eslabón de la seguridad ciudadana". Recuerda que "estamos obligados a mantener el orden con presos de alta conflictividad, interferir en una pelea, hacer de bomberos o evitar la entrada de droga". Especial control hay que efectuar a los acusados o condenados por pertenecer a "bandas organizadas o grupos terroristas", aclara el representante de APFP, que matiza que del segundo supuesto ya no hay en Tenerife II. Paniza menciona que otra función menos conocida es intentar evitar la radicalización yihadista de internos. Comenta que "tratas con personas muy peligrosas, que tienen delitos por asesinato, terrorismo o narcotráfico, a quienes hay que custodiar 24 horas y los 365 días del año; eso sí, sin ocultar tu identidad, a cara descubierta".
Señala que "debemos tener un marco normativo diferenciado, con un estatuto propio". Pide que las autoridades tengan en cuenta los índices "de síndrome de trabajador quemado", de estrés o tensión. Paniza recuerda que en los últimos años la población reclusa ha descendido, pero las agresiones y altercados han aumentado. APFP estima que en España, sin contar Cataluña, de media hay una agresión al día. En cada módulo puede haber en torno a 100 o 120 internos, que son controlados por uno o dos funcionarios, según la tipología de la cárcel. Si a nivel estatal existe un déficit de personal de 3.400 empleados, en Tenerife II y en el centro de inserción social (CIS) de Santa Cruz faltan 55 funcionarios, según Paniza.
El representante sindical aclara que al carácter conflictivo o violento de muchos de los presos hay que añadir sus alteraciones de conducta por el consumo de sustancias estupefacientes, o bien por padecer patologías psiquiátricas. Insiste en que la reeducación y la reinserción social son los grandes objetivos cuando se envía a prisión a un individuo que ha cometido un delito. Ante algunas críticas recibidas, el representante de APFP manifiesta que los programas formativos que se ofrecen tienen carácter voluntario, por lo que, en gran medida, la obtención de los referidos objetivos dependen del interés, la participación activa e implicación del preso, sin olvidar que este debe querer cambiar su "conducta antisocial". En cuanto a las duras acusaciones realizadas por la plataforma Presos de Tenerife en una red social y medios de comunicación contra algún funcionario de Tenerife II, dice Rafael Paniza que le gustaría "defender la labor de los funcionarios penitenciarios, cada uno dentro de su área, ya sean vigilantes, administrativos, educadores o trabajadores sociales". Apunta el responsable de la APFP que son acusaciones que no comparte.
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