La asociación Avispa acusa a la empresa concesionaria del servicio de incumplir el contrato con el Principado
La Asociación Profesional de Vigilantes del Principado de Asturias (Avispa) denunció ayer la existencia de una «total falta de seguridad» en el recinto de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Esta entidad ha criticado la falta de «medidas eficaces» para impedir los accesos a este espacio, «unido a la libre deambulación de personas tanto en horario nocturno como diurno», manifestaron. Unas carencias en materia de seguridad y control en el interior de una instalación abandonada que presenta, a juicio de la directiva de la asociación, «un deterioro que se ve incrementado día a día».
Avispa acusa también a la seguridad privada que presta la empresa Alcor Seguridad, de incumplir durante más de tres meses las indicaciones que se recogen en el pliego de prescripciones, como adjudicataria del contrato de seguridad y de la vigilancia en el complejo residencial. Entre las acciones que critica, destaca «la falta de vigilantes de seguridad en los turnos y horarios de obligado cumplimiento». Por este motivo, explicaron, «el servicio actual es fruto del caos y la desorganización reinante entre los responsables de la empresa y el Gobierno del Principado de Asturias».
Esta asociación profesional se apoya en que a lo largo de 26 días de agosto, en horario nocturno, y entre el 16 y el 20 de septiembre, en horario diurno, nadie ha vigilado las instalaciones. «Esta falta de personal obedece a encontrarse de baja médica uno de los trabajadores asignados al servicio, lo que ha supuesto un fraude a la administración autonómica de más de 12.000 euros», calculan en Avispa, «de acuerdo a las horas contratadas de prestación del servicio y que se produce al desviar la empresa adjudicataria a sus trabajadores hacia otros servicios privados en otras poblaciones asturianas como Gijón».
Investigación A la vista de los hechos denunciados, la asociación señala que todos los vigilantes contratados fueron trasladados «por escrito, ante los responsables de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, así como a las direcciones generales de Justicia e Interior, garantes del cumplimiento de la relación contractual pactada en su momento». Unas denuncias, que hasta la fecha, según lamentan en la asociación, «no han servido para que se hayan adoptado las medidas correctoras o la imposición de sanciones a la empresa para solucionar este grave problema de inseguridad».
Paralelamente, estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de los grupos políticos de la Junta General, «para que proceda a la apertura de una investigación que determine las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos descritos y del fraude cometido por la empresa Alcor Seguridad. «Y todo, con la participación de algunos de sus trabajadores, que aún a sabiendas que están incumpliendo con sus labores, acatan las decisiones ilegales determinadas por los responsables de la empresa Alcor», indicaron en Avispa.
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