Un vigilante de seguridad privada refuerza desde hace unas semanas en A Parda la labor de la Policía Nacional
Las cámaras exteriores del sistema de seguridad del edificio judicial de A Parda, en Pontevedra, están inoperativas desde hace bastantes semanas pese a que persiste el nivel 4 -el segundo más elevado- de alerta terrorista. Así lo denunciaron ayer desde el Alternativas na Xustiza-CUT, sindicato que señalaron directamente a la Xunta como responsable de esta situación: «Demostra o interese da Administración pola seguridade dos seus traballadores e cidadáns».
Incidieron en que carece de toda explicación el hecho de que, estando a un punto del nivel máximo de alerta terrorista, «se permita que uns edificios públicos coma os xulgados se atopen sen vixilancia de ningún tipo co tránsito de persoas diario que reciben». Lo cierto es que, desde hace unas semanas, personal de seguridad privada está reforzando la labor que desarrollan los agentes de la Policía Nacional en segunda actividad adscritos a la vigilancia de este inmueble. Se trata de una medida que este sindicato considera insuficiente, ya que no dudan en señalar que, «a día de hoxe, a situación está peor que nunca, á falta de cobertura das xubilacións e vacacións fai que o edificio xudicial da Parda conte a día de hoxe só con dous membros do Corpo Nacional de Policía», remarcaron, al tiempo que advirtieron que esta situación se agravará con la jubilación de uno de estos agentes en el plazo aproximado de tres meses.
No es un caso aislado En todo caso, lo del edificio de A Parda no es un caso aislado en la ciudad de Pontevedra. Así, desde Alternativas na Xustiza-CUT aludieron al caso de la sede que alberga los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en la calle Germán Adrio Sobrido, la cual «non conta con vixilancia de ningún policía». Se trata de algo que ya fue denunciado en su día por esta central, pero también «polos mesmos maxistrados que ven perigar a seguridade dos traballadores e cidadáns que acoden a eses xulgados».
A la carencia de efectivos policiales se suma «a falta absoluta de aparellos de seguridade».Mientras en A Parda, si bien se dispone de un arco detector de metales, se carece de un scaner, en las dependencias de lo Contencioso-Administrativo déficit de dispositivos de seguridad es aún mayor, ya que ni siquiera se han instalado arcos detectores. Buena parte de estas reclamaciones han encontrado también eco en sindicatos policiales, caso de la Unión Federal de Policía (UFP) o el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Esta situación contrasta con lo que se vive en la Audiencia de Pontevedra, inmueble que cuenta diariamente con entre dos y tres agentes de la Guardia Civil para supervisar su seguridad, los cuales controlan los accesos al interior. Para ello disponen tanto de un arco de seguridad, un escaner y monitores desde los que controlan las distintas cámaras de vigilancia del Pazo de Xustiza.
De cualquier modo, la CUT se ha dirigido por escrito a la jefa territorial de Xustiza para exponerle lo que consideran es una clara muestra de falta de seguridad en base a distintas leyes y al convenio de colaboración e coordinación firmado en el 2007 por la Secretaria Técnica del Ministerio del Interior con la Xunta de Galicia.
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