Los cinco vigilantes de seguridad pertenecientes al equipo de vigilancia del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de San Fernando (Cádiz), dependiente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que tiene concertados los servicios de seguridad privada con Pretoria Seguridad, están trabajando sin cobrar
Esta empresa ha dejado de abonar los salarios a los trabajadores, que no cobran desde el mes de mayo de 2023. Pues bien, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (al que pertenece el Imserso) aún no ha rescindido el contrato con dicha empresa de seguridad por incumplimiento culpable al no abonar los salarios de los trabajadores y, por lo tanto, los vigilantes no han podido ser subrogados por ninguna otra empresa de seguridad, ya que aún no se han iniciado los trámites para que el servicio sea adjudicado a otra empresa.
«Siendo insostenible esta situación, los trabajadores siguen prestando el servicio a pesar de que no cobran sus nóminas desde hace ya tres meses y tampoco han cobrado la paga extraordinaria del mes de julio por falta de liquidez de la empresa Pretoria Seguridad, que está abocada al concurso de acreedores«, ponen de relieve desde el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) de Cádiz.
«Un calvario» Esta organización sindical, mayoritaria en el sector de la seguridad privada en la provincia gaditana, reivindica una vez más que la Administración del Estado «vete a toda aquella empresa que no sea solvente, que no pueda garantizar el abono de los salarios a sus trabajadores». «Instamos a esta Administración a mostrar una mayor implicación cancelando el contrato concertado con Pretoria e iniciando, a la mayor brevedad posible, los trámites para la contratación urgente de una empresa de seguridad que proceda a la subrogación de los vigilantes o al necesario nuevo pliego del concurso que ponga fin a este calvario que vienen soportando estos vigilantes desde mayo y hasta el día de la fecha, situación que parece irrevocable. En cualquier caso, solicitaremos la cesión del crédito antes de su desaparición total», sentencian.
De no obtenerse las respuestas a esta demanda, el sindicato SPV iniciará las movilizaciones necesarias dirigidas a «obtener de la justicia lo que la política debería haber solucionado hace ya bastante tiempo por parte del actual equipo de gobierno en funciones, que ha demostrado una despreocupación total en este conflicto».
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