El negocio de la seguridad en prisiones españolas: Mapa de las empresas privadas a las que Interior ha destinado 77 millones

DESDE AUGC ASEGURAN QUE ES UN “SERVICIO DUPLICADO INNECESARIAMENTE”, YA QUE "PODRÍA HACERSE CON AGENTES DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL POR MENOS DINERO"

Este año el Consejo de Ministros ha autorizado que se destinen 77 millones de euros para empresas de seguridad privada que vigilan el exterior de las prisiones. Desde el año 2013, algunas empresas de seguridad privada se encargan de este servicio que, según asociaciones como AUGC, podría realizarse con agentes de Policía y Guardia Civil por menos dinero. Actualmente, son cinco las empresas que gestionan la seguridad de las prisiones españolas.

Desde el año 2013, los centros penitenciarios que dependen del Ministerio del Interior disponen de empresas de seguridad privada para vigilar los exteriores de las prisiones. Según el gobierno de por aquel entonces ­—del Partido Popular, con Jorge Fernández Díaz a cargo de Interior—, la seguridad privada irrumpía en las prisiones para que los escoltas de País Vasco y Navarra destinados a combatir la violencia de ETA no se quedaran en paro. Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), “ni se recolocaron los escoltas privados del País Vasco, ni se recuperaron efectivos para los servicios de seguridad ciudadana”. Así lo refleja en un comunicado que dieron a conocer recientemente ante la ampliación del gobierno de Pedro Sánchez de esta medida que se implantó hace diez años.

El Consejo de Ministros autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad que la medida continúe dos años más. La cantidad destinada: 77 millones de euros que, según clama el sindicato, supondrán “más de 400 millones de euros de dinero público que van destinados a seguridad privada en las prisiones españolas”. Rafael Sánchez, coordinador de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad en AUGC, cuenta en una conversación con elcierredigital.com que este dinero se utiliza para “un servicio que está duplicado innecesariamente y que supone un negocio para las empresas de seguridad privada. En muchas prisiones, hay un vigilante de seguridad privada y un agente, y no hay necesidad”.

Más medios y guardias civiles de reserva Según Rafael Sánchez, justifican el mantenimiento de este servicio con “que la plantilla de guardias civiles en prisiones está corta de personal, pero lo tienen muy sencillo. Gastarían mucho menos dinero si metieran a personal de reserva, lo que es segunda actividad en Guardia Civil. Con mucho menos dinero cubren ese mismo puesto de trabajo con personal muy profesional que ha estado trabajando en eso”.

El ahorro de dinero que supondría podría servir, además, para suplir otro de los problemas a los que se enfrentan los agentes de seguridad de prisiones: los medios. “Llevamos tiempo pidiendo medios. Los vehículos más viejos van a parar a los centros penitenciarios y en muchas ocasiones no queda claro quién tiene que solucionar problemas como, por ejemplo, la climatización de las instalaciones o problemas relacionados con los riesgos laborales. Se tiran la pelota de uno a otro y no solucionan nada”, denuncia el coordinador.

Funcionario de prisiones. Además, esto evitaría caer en situaciones como la ocurrida en el año 2019, cuando, tal y como informamos desde elcierredigital.com, la empresa Ombuds —encargada por aquel entonces de la seguridad de prisiones de Madrid, Castilla-La Mancha y Cáceres— entró en situación concursal, por lo que las funciones que deberían llevar a cabo sus empleados las empezaron a asumir agentes de la Guardia Civil. “Se generó un problema bastante grave, porque cuando la empresa se fue a pique, los propios guardias civiles tuvieron que aprender deprisa y corriendo cómo funcionaban los nuevos sistemas de videocámaras y demás porque no habían desempeñado ese cometido”, cuenta Rafael Sánchez a elcierredigital.com.

Empresas que controlan

la seguridad privada en

las prisiones españolas

Tras la caída de Ombuds, son cinco empresas las que, en la actualidad, se reparten la seguridad privada de las prisiones españolas. En el caso de Cataluña y País Vasco, las competencias se han transferido, por lo que los encargados de realizar las tareas de seguridad son los agentes de policía autonómicos. Mossos d’Esquadra en el caso de Cataluña y Ertzainza en País Vasco. Para el resto de España, son cinco las empresas de seguridad privada que se encargan de parte de la vigilancia en las prisiones, según ha podido conocer elcierredigital.com: Garda Servicios de Seguridad S.A., Trablisa, SICOR, Coviar y EULEN.

La empresa Garda Seguridad se encarga, desde la anterior licitación en 2021, de la seguridad de las prisiones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Castilla La Mancha y dos centros penitenciarios de Madrid. Garda Servicios de Seguridad S.A. fue constituida en el año 1994 con un capital social de 60.101,21 euros, que en el año 2021 era de 601.012 euros. El pasado 2022 tenía una plantilla de 1.922 empleados y recibió en el año 2021 tres subvenciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital por valor de 150.000, 1.400.000 y 234.000 euros.

Por su parte Transportes Blindados S.A. (Trablisa) se encarga de las prisiones de Extremadura y cinco centros de Madrid. Constituida en el año 1975, tiene un capital social de 711.000,01 euros y en 2022 poseía 10.000 empleados. Al igual que la anterior, recibió subvenciones por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las últimas fueron dos por el valor de 210.000 y 330.000 euros.

Sicor Seguridad El Corte Inglés SLU (conocida como Sicor) es otra de las empresas de seguridad privada que se encarga de vigilar las prisiones, concretamente las de Andalucía. Constituida en el año 2004 con un capital social de 336.000 euros, ahora posee uno de 510.697,60 euros y 1.576 empleados, según las cifras del año 2022. En cuanto a las subvenciones o ayudas públicas, en la información consultada por elcierredigital.com constan dos por parte de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid el pasado año 2022. El importe era de 1.025,99 y 1.063,94 euros.

De la seguridad de las prisiones de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, se encarga la empresa privada Compañía de Vigilancia Aragonesa S.L. , conocida como Coviar S.L. Constituida en el año 1986, posee en la actualidad un capital social de 443.297 euros y 700 empleados, según las cifras de este año. En cuanto a las ayudas públicas, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital le concedió dos en el año 2020 con un importe de 350.000 y 525.000 euros.

Por último, Eulen Sociedad Anónima se encarga como empresa privada de la seguridad de las prisiones de Canarias, Ceuta y Melilla. Fue constituida en el año 1978 y, en cifras del año 2022, constaba un capital social de 603.617.000 euros y 28.531 empleados. En cuanto a las últimas ayudas públicas que recibió figuran tres por parte del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) concedidas en el año 2021. El importe de cada una de ellas fue de 24.000, 4.240 y 8.000 euros.

FUENTE: elcierredigital.com AQUÍ