El turbio negocio de la seguridad privada en Canarias

Otro más… Conviene no mirar al suelo cuando se nos plantean problemas que, aunque en apariencia no nos atañan directamente, puede afectarnos en segunda o tercera persona como integrantes de una sociedad en la que todos somos engranaje imprescindible para que el motor no se atasque.

Espeluznante el reportaje de una TV local en el que prestaron su testimonio 25 representantes de un colectivo de 2.000 trabajadores canarios, empleados de empresas de seguridad privada, que denunciaron unas aberrantes condiciones laborales, en una situación de precariedad insostenible. Al parecer, habían llegado al límite de su capacidad de sufrimiento, y daban este primer paso en su proceso de rebelión contra los abusos empresariales y el menosprecio de las autoridades políticas que se inhiben, como suele ser habitual, ante cualquier situación que no les suponga un evidente incremento en la previsión de votos.

Tras repasar el programa televisivo, puede llegarse a conclusiones bastante decepcionantes. De un lado, el dato de que entre el 60 y 70% de las contrataciones públicas de seguridad privada para centros, organismos, instituciones, sedes y edificios oficiales, se realizan bajo el criterio economicista de adjudicación a la opción más barata. –Obviamente, si algo es barato por su baja calidad, deja de ser barato–. Y aquí, la mala calidad viene dada por el medio pelo de la gestión interna de las llamadas “empresas pirata”, cuyo único objetivo es la obtención de beneficios a costa de la explotación laboral de sus empleados. Los intervinientes aclararon que el procedimiento oficial contraviene la Directiva Europea (2014/24), de protección al trabajo digno.

Otro dato aleccionador fue divulgar cómo funciona el perverso modelo empresarial de las “externalizaciones”. Una empresa matriz que domina el mercado, protegida institucionalmente, y por ende, obteniendo pingües beneficios. Pero existe la reptil posibilidad de incrementar rentabilidad a costa de la calidad del producto o servicio, y del respeto por el concepto de trabajo digno/salario digno. Consiste en delegar parte de la actividad a empresas de bajo coste, algunas auténticamente marginales, para abaratar gastos. Las víctimas de la operación son los trabajadores, tanto de la matriz como de los menospreciados “mano de obra barata”; pues estos están vinculados a convenios particulares –cuyos comités de empresa suelen estar comprados–, lo que supone mengua del 30% en una nómina que, en varios casos, se tarda tres o cuatro meses en cobrar, si se cobra. Son 700 euros mensuales para un padre o madre de familia, en situación de precariedad extrema, que tienen que acudir a los servicios sociales y con la limitación de que, por tener una nómina, no se tiene derecho a ciertas ayudas y sus hijos han tenido que empezar el colegio sin libros ni material escolar.

Es por lo que cuando tengo que oír las triunfalistas declaraciones de Fátima Báñez sobre la creación y calidad de los puestos de trabajo que nos han sacado de la crisis, tengo que tomarme un ibuprofeno. El problema no es solo nuestro, específico de Canarias, pues el caso de El Prat es el paradigma de lo que está pasando en este ámbito específico de la seguridad privada que, por correlación, trasciende a otros sectores empresariales, dirigidos y controlados por una OCEDE que aplica feudalmente la nefasta reforma laboral que, como siga así, a su ínclito presidente puede pasarle lo que a su antecesor Díaz Ferrán, que algo le reventó en las manos y tuvo que vestirse con pijama de rayas. A mí lo que me “revienta” es que con mi dinero, fondos públicos, mis impuestos, se subvencionen organismos nocivos como este; o partidos políticos que, desde el poder y desde la oposición, son y han sido incapaces de proteger los intereses del pueblo y defender sus derechos constitucionales.

Esta generalidad de despotismo institucionalizado es lo que me induce a invitar a no ponernos de perfil ante conflictos que pueden parecernos ajenos, pero no lo son porque nos repercuten a todos. Aquí tenemos, y sufrimos, la maquiavélica gestión de nuestra aerolínea regional, monopolio flagrante, que ejecutó con gran maestría, en connivencia con las autoridades, la “externalización” hacia compañías de low cost. Un negocio redondo… a costa de los usuarios y de sus trabajadores despedidos. Recomiendo una visita, en MÍRAME TV, vía internet, al programa de Artiles del pasado jueves 14 de Septiembre. Puedo asegurar que la imagen colectiva de las personas reivindicando respeto para su dignidad zaherida, me dejó impactado. La expresividad de aquellos rostros y su legítimo alegato, repleto de razones, me pareció un documento memorable.

FUENTE: www.eldiario.es AQUÍ