¿Por qué se movilizan los vigilantes de seguridad privada y por qué tenemos que apoyarles?

Gobiernos del PP como el de Cristina Cifuentes en Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado

Elena Sevillano e Isabel Serra | A pesar de que este verano se haya hablado un poco más a raíz de la huelga del Prat, la situación que viven diariamente los y las vigilantes de seguridad en este país es de extrema precariedad. Y cada día que pasa es peor. Lo que se esconde detrás es una mafia, la connivencia de intereses entre unos pocos empresarios y unos pocos políticos. Se ve muy bien en este sector cómo la corrupción no trata sólo de personas corruptas sino fundamentalmente de “políticas corruptas”. Una serie de políticas que juntas permiten que a día de hoy unos cuantos amigos del Partido Popular estén “forrándose” a costa de cientos de miles de trabajadores y sus familias.

Políticas como la imposición de la Reforma Laboral del año 2012 que significó de facto el fin de la negociación colectiva en nuestro país. En la práctica, priorizar el convenio de empresa sobre el convenio sectorial o estatal genera que las empresas puedan aplicar un convenio con peores condiciones que el del sector para sus trabajadores. Por ejemplo: el caso de la empresa calificada en el sector como “pirata”, Marsegur, que paga a sus trabajadores un 33% menos. Políticas de pésima gestión del sector público como las que genera una Ley de Contratos Públicos -ahora en proceso de reforma- que impide que en el caso de que un Gobierno quiera contratar con empresas que cumplan con las condiciones laborales dignas, pueda hacerlo. Dificultando o casi impidiendo en la práctica la aplicación de cláusulas sociales. Y favoreciendo, desde luego, que se hagan pliegos a medida.

Esto, junto al inexistente control una vez contratadas las empresas, genera una dinámica perversa en la que ganan los concursos empresas que ofertan a la baja conscientes de no poder cumplir, conscientes de que no se las va a controlar y de que tras quebrar pueden montar de nuevo una empresa similar y volver a empezar. La otra pieza es la subrogación de los trabajadores que, aunque en principio es un derecho laboral fundamental, también se convierte en un mecanismo perverso porque permite trasladar a vigilantes de empresa pirata en empresa pirata. Gracias a esto, gobiernos del Partido Popular como el de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid adjudican contratos una y otra vez a empresas que maltratan a sus trabajadores y que desde luego impiden que existan unos servicios de calidad mientras miran a otro lado. Empresas que tienen sentencias por vulnerar derechos laborales fundamentales o por no pagar a la Seguridad Social y Hacienda, usando esos criterios fundamentalmente económicos que terminan cerrando el círculo con la exclusión en el sector público de las empresas que sí pagan salarios dignos y cumplen con los derechos laborales.

Estas políticas corruptas están haciendo que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada estén cobrando alrededor de 750 euros al mes. Convierten esas bajadas temerarias en deudas para cientos de miles de familias, o directamente en los pagadores ya que no cobran en muchos casos por ejemplo en Marsegur, a pesar de que haya ya varias sentencias en firme declarando nulos los convenios de estas empresas. Pero ¿a quién le importa que quiebren y no puedan pagar a los vigilantes lo que les deben si ya está FOGASA? ¿a quién le importa que FOGASA devuelva solo una parte que sigue saliendo de nuestros bolsillos? El resumen de todo ésto es que unos cuantos amigos del Partido Popular (como Miguel Ángel Ramírez que es conocido donante) controlan el monopolio de la seguridad privada que se presta en los servicios públicos a través de unas empresas “pirata” que reciben siempre las adjudicaciones de la administración a pesar de no cumplir con las condiciones laborales básicas, una ciudadanía que no recibe unos mínimos en la calidad de los servicios en ocasiones muy delicados, y cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en la miseria.

Los trabajadores y trabajadoras están hartas, porque la precariedad que viven llega a niveles inhumanos. Esta semana han hecho huelgas en todo el país. Y se han movilizado en Madrid, una convocatoria a la que han acudido desde todo el Estado. Es fundamental apoyarles porque son un sector invisibilizado, muchas veces ninguneado, pero con una gran potencia. Su lucha por los derechos laborales, y sus victorias, es la de todos y todas.

Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid

FUENTE: www.nuevatribuna.es AQUÍ