Desde mayo en varias ocasiones no hubo ningún vigilante privado por las bajas y las vacantes
Desde mayo los trabajadores que desempeñan las labores de vigilancia privada de las instalaciones del Ministerio de Defensa en Burgos de la Farmacia del Aire y la antigua Capitanía General, las únicas de la región en esta situación, están adscritos a una nueva empresa, Marsegur. Para algunos empleados es la cuarta firma con la que realizan el mismo trabajo ya que la plantilla se ha ido subrogando desde 2012. Por el camino han perdido derechos laborales y casi 500 euros en la nómina.
Los trabajadores denuncian las condiciones en los juzgados y el Tribunal Supremo ha declarado nulo el primer convenio y la Audiencia Nacional el segundo, de forma que la relación laboral se ha tensado tanto que a día de hoy no han comprado la nómina de agosto. «Muchos han caído en depresiones porque las facturas aumentan, las hipotecas hay que pagarlas, otros tienen que acudir a ayudas sociales porque no llega», denunciaban ayer hasta siete entidades sindicales de Burgos. «Y lo que es peor esas bajas no se cubren», denuncian.
La primera consecuencia es que, desde mayo, en algunas jornadas no se ha prestado el servicio de seguridad privada en las instalaciones de Defensa porque el trabajador no ha acudido a su garita de vigilancia por baja médica y ésta labor no se ha realizado por otro agente. «Se notifica a la Policía Nacional que ese edificio están sin vigilante pero es una situación muy grave dado que estamos en el nivel de alerta terrorista cuatro», reflejan las mismas fuentes sindicales. «No es un aeropuerto, no hay aglomeraciones de personas pero no dejan de ser espacios militares», explican.
La situación deriva en que la factura que emite Marsegur al Ministerio no incluye las jornadas «al descubierto». «Defensa, que lo sabe, pide el desglosado de jornadas en las que no ha habido seguridad privada para no pagarlas reteniendo los abonos a la empresa y mientras están en esa pelea no pagan y, al final, el perjudicado es el trabajador», denuncian. Las agrupaciones sindicales (CSI-F, el Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios, STS, Sindicato de Obreros Independientes, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, FeSMC UGT y Construcción y Servicios de CCOO) han elaborado un manifiesto en el que anuncian la convocatoria de huelga general. Asumen que a la bajada de salarios del 40% respecto al convenio colectivo (ganan 789 euros brutos al mes y 10 céntimos hora por nocturnidad frente a los 1.091 y 90 céntimos de nocturnidad que se recoge en el convenio nacional), retrasos reiterados del pago de nóminas, «a día de hoy no se ha cobrado el mes de agosto y siempre hay retrasos nunca se pagan entre los días 1 y cinco de cada mes como está establecido», denuncia el portavoz de las agrupaciones, Francisco Javier Muriel.
A ello añaden el «incumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en el servicio que presta la empresa y que sus trabajadores están padeciendo especialmente (problemas con la tenencia o ausencia del arma, uniformidad, relevos, servicios descubiertos». Por ello entienden que «al Ministerio de Defensa le llegan estas y otras irregularidades y no suspende el contrato con la empresa con lo que los consideramos cómplices de la situación que atraviesan los 12 trabajadores de Burgos y los 500 que en todo el país están en esta situación». Por ello el próximo lunes y martes vivirán sendas jornadas de protesta para exigir a Defensa que rescinda el contrato con la empresa. El lunes se concentraran frente a la Farmacia del Aire a las 10 para circular en manifestación hasta el Paseo de la Isla y llegar a Capitanía donde se volverán a concentrar al día siguiente.
Desde Defensa les explican que en función de las irregularidades se establecen las sanciones que conllevan la retención de ingresos a la empresa que arguye falta de ingresos para no poder asumir el pago de nóminas por falta de liquidez. Aunque al ser una empresa con servicios repartidos por todo el país se dan diferentes situaciones como instalaciones en Cádiz y Madrid que asumen los propios organismos el adelanto de nóminas pero en otros no se cobra desde el inicio del contrato en el mes de marzo, tal y como explican los sindicatos. «Está claro que Marsegur envía una factura con servicios establecidos aunque se han presentado muchas jornadas al descubierto en seguridad y defensa pide el desglosado de jornadas en las que no ha habido seguridad privada y mientras están en esa pelea no pagan y, al final, el perjudicado es el trabajador», denuncian.
BAJAS TEMERARIAS Los sindicatos denuncian que el asumir la adjudicación de contratos en función de la más ventajosa económicamente deriva en estas situaciones. «En cada concurso se da siempre a la baja más temeraria, piensan solo en lo económico y no en la calidad del servicio que se presta ni la situación en la que quedamos los trabajadores», explicaba Óscar Sevillano. En el caso de Marsegur «ya hay sentencias en las que se aboga por aplicar el artículo 14 en el que a un trabajador subrogado se le debe respetar lo estipulado con la empresa anterior», explicaba Muriel.
No es la primera vez que trabajadores de subcontratas del Ministerio de Defensa tienen problemas laborales o de impago de nóminas. Zahoz prestaba servicios de la residencia militar de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 30 empleadas denunciaban en 2015 que se adeudaban tres nóminas. Situación por la que también pasaron los 48 empleados del servicio de limpieza Cleanet que en 2014 empezaron a denunciaron los primeros problemas que derivaron en el impago de seis meses y la suspensión del contrato. Realizaban la limpieza de hasta ocho instalaciones militares en la ciudad por cuatro millones de euros cuando el concurso que ganaron, presentado en marzo de 2009, calculaba el coste del servicio en 19 millones de euros. Tras romperse el contrato en enero de 2015 se adjudicó a Clece por 16 millones de euros.
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