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En una decisión de la que es difícil encontrar precedentes, el Congreso de los Diputados ha instado este martes al Ministerio de Defensa a rescindir su contrato con la empresa de seguridad privada Marsegur “por incumplimiento de los derechos de los trabajadores”. La proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos, fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el popular, que se abstuvo.
Pero el portavoz del PP, Ricardo Tarno, reconoció que Defensa “no está nada satisfecha, ni en lo profesional ni en lo laboral, con el servicio” que presta dicha empresa y anunció que el ministerio que dirige María Dolores de Cospedal está “firmemente decidido” a resolver el contrato “de la manera más rápida que permita la legalidad”. Defensa adjudicó en diciembre del año pasado a Marsegur la vigilancia de casi 200 instalaciones militares en toda España, incluida la sede central del departamento, por 32 millones de euros, en lo que constituye uno de los mayores contratos públicos con una empresa privada de seguridad. El contrato, con una duración de un año prorrogable, entró en vigor en mayo y casi desde el principio Defensa empezó a recibir quejas por su mal funcionamiento.
La decisión del Congreso coincidió con la segunda jornada de huelga del millar de trabajadores de Marsegur, en protesta por los recortes salariales y el retraso en el abono de sus nóminas. El paro tuvo un seguimiento superior al 80%, según los sindicatos. No hubo servicios mínimos, por lo que en numerosos casos fueron sustituidos por soldados. Unos 300 manifestantes se concentraron ante el Hospital Central de la Defensa, en Madrid. Los empleados de Marsegur cobran 789 euros al mes, casi un tercio menos de lo previsto en el convenio estatal del sector (1.091 euros). La compañía se ampara en la reforma laboral de 2012 para aplicar su propio convenio de empresa, en lugar del sectorial, pero este fue declarado nulo en mayo pasado por la Audiencia Nacional.
Además de los centros dependientes de Defensa. Marsegur se encarga de vigilar instalaciones de Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias y delegaciones del Gobierno, entre otras instituciones. Fuentes del sector sitúan a Marsegur entre las llamadas empresas pirata o low cost de la seguridad que ganan adjudicaciones a base de ofertar precios más bajos que sus competidores, lo que repercute en los salarios y condiciones laborales de sus empleados. Los grupos parlamentarios pidieron que se abra un debate sobre los criterios de adjudicación de los contratos de seguridad privada.
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